Medios de comunicación, dirigentes políticos y ciudadanos europeos arremeten contra los banqueros, acusándolos, en el mejor de los casos, de ser cómplices de innumerables operaciones ilegales y, en el peor, de ser directamente delincuentes.
El mejor ejemplo de esta ola de indignación es el uso de la palabra "bankster", combinación de "banker" (banquero, en inglés) y gánster, incluso utilizada por los medios de países no anglosajones.
El término, acuñado durante la crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión de los años 20 y 30, resurgió en los medios británicos en 2009, y apareció ahora en la primera plana del periódico francés Libération.
En un breve documento sobre política bancaria divulgado el 21 de este mes, el presidente del opositor Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania, Sigmar Gabriel, acusó a los banqueros de "chantajear a gobiernos y estados con la amenaza de una bancarrota con efecto dominó", de "complicidad con actividades delictivas", como la evasión impositiva y el lavado de dinero, y de "perjudicar a sus propios clientes".
Aun los analistas que atribuyen intenciones populistas a las críticas de Gabriel coincidieron en que los directivos de las grandes corporaciones financieras privadas causaron grandes perjuicios a su negocio y a sus clientes.
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La lista de quejas es larga. En Estados Unidos se acusa al banco HSBC de lavar dinero de narcotraficantes latinoamericanos y de organizaciones islámicas presuntamente involucradas en actividades terroristas.
En un comunicado del 17 de este mes, el HSBC asume su responsabilidad: "Hubo ocasiones en que el banco no pudo cumplir con los estándares que esperan los reguladores y los clientes. Reconocemos estos errores, respondemos por nuestras acciones y nos comprometemos a solucionar lo que no funcionó bien".
El llamado escándalo LIBOR (acrónimo en inglés de tasa interbancaria ofrecida de Londres) puso al descubierto la connivencia de numerosas instituciones internacionales, entre las que están Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, UBS, el Deutsche Bank y, otra vez, el HSBC, para falsificar información sobre las tasas de interés interbancarias con el fin de que los bancos centrales hicieran lo propio con las suyas.
La tasa LIBOR es una referencia para el mercado monetario, fijada por la Asociación de Banqueros Británicos.
El escándalo hizo que reguladores británicos y estadounidenses impusieran a Barclays una multa sin precedentes de 450 millones de dólares, y llevó al retiro forzado de su director ejecutivo, Bob Diamond.
Además, las instituciones financieras se vieron envueltas en una gran confabulación de evasión fiscal.
La independiente Red de Justicia Fiscal, que investiga la evasión impositiva internacional y el papel de los bancos en los paraísos fiscales, estima que unos 11,5 billones de dólares de activos están guardados en bóvedas de seguridad, lo que hace que los estados se pierdan de recaudar unos 250.000 millones de dólares al año.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya: "la evasión y el fraude fiscal ponen en riesgo los ingresos de los estados", y recuerda que el Senado de Estados Unidos estima que se pierden 100.000 millones de dólares al año por la evasión fiscal cometida por personas y empresas en ese país.
"En muchas naciones, los montos ascienden a miles de millones de euros", remarca la OCDE. "Eso significa menos recursos para infraestructura y servicios, como educación y salud, y perjudica los estándares de vida en economías desarrolladas y en desarrollo", añade.
Los activos se encuentran en paraísos fiscales, como los territorios británicos de Isla de Man, Guernsey y Gibraltar, y en las Islas Caimán y similares, aunque también en instituciones financieras que operan en ciudades como Londres y Nueva York, y en países como Suiza, Singapur y Mónaco.
Los delitos financieros ocurren cuando los países del Norte industrializado atraviesan una grave crisis de deuda soberana que ha dejado a muchos de ellos en la bancarrota.
El problema se originó, o por lo menos se agravó, con la crisis financiera que se gestó en 2007, precisamente porque los bancos quedaron al borde de la quiebra y debieron ser rescatados por los estados para evitar la caída del sistema financiero.
Pero la ayuda no hizo más que echar a andar una crisis financiera cíclica, y ahora bancos españoles, griegos y chipriotas reclaman asistencia de los gobiernos nacionales que sacrifican a sus ciudadanos recortando el gasto en servicios públicos básicos como educación, salud e infraestructura.
Todo esto se hace para que los mercados financieros internacionales sigan operando casi sin regulación, mientras los "banksters" se asignan salarios principescos y bonos cuantiosos.
El 18 de este mes, Libération reveló que, en 2011, solo cuatro grandes bancos franceses pagaron a sus directivos 1.100 millones de euros (más de 1.300 millones de dólares) en bonos.
La situación hizo que algunos dirigentes políticos reclamaran nuevas regulaciones y controles para los mercados financieros.
El ministro de Economía de Francia, Pierre Moscovici, lanzó una reforma del sector que apunta a separar a los bancos comerciales de las instituciones financieras y a limitar los salarios de los directivos.
Gabriel, del SPD, reclamó un tope de salarios y de bonos y la responsabilidad personal de presidentes, directores generales y gerentes de bancos cuando las pérdidas son causadas por transacciones especulativas de alto riesgo.
Medidas similares fueron propuestas por la Comisión Independiente para la Banca (ICB, por sus siglas en inglés), creada en 2010 para reformar el sector y promover la competencia y la estabilidad financiera.
Pero las ideas no fueron del todo consideradas por el nuevo plan del gobierno para reestructurar el mercado financiero, anunciado a principios de este mes, que, de todas maneras, no se implementará hasta 2019.
De hecho, la mayoría de las medidas discutidas en Alemania, Francia y Gran Bretaña están incluidas en el acuerdo de Basilea III, último pacto normativo internacional para reforzar y regular la estabilidad y solvencia del sector financiero.
La nueva normativa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, todavía en discusión, será aplicada paso a paso a partir de 2013 con vistas a su total implementación en 2019.
Economistas independientes sostienen que la demora en fijar nuevos controles a un sector obviamente corrupto prueba la falta de voluntad política de los gobiernos de llegar a la raíz del problema.
Según el economista francés Paul Jorion, "tras cinco años de la peor crisis financiera de la historia, todos los intentos para regular los bancos y los fondos son letra muerta".
En cambio, "la Unión Europea y los gobiernos siguen desreglando y dejando a sus propios ciudadanos en la miseria total".
