En un drástico giro político previo a la cumbre Río+20, Canadá anunció su disposición a reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano básico.
Se trata de la última deserción en las filas de las pocas pero poderosas naciones de Occidente que se oponen a que el concepto sea incluido en el plan de acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, a realizarse del 20 al 22 de este mes en Río de Janeiro.
Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses, una de las organizaciones defensoras de la justicia social más importantes de ese país de América del Norte, afirmó que se necesitó una "presión sin precedentes" para lograr que Ottawa modificara su postura.
"El cambio es bueno, pero las palabras no son suficientes. Necesitamos acciones, y las acciones del gobierno contradicen directamente el respeto al derecho humano al agua", señaló Barlow, exconsejera del presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Consultada sobre cuáles eran los pasos a seguir, dijo a IPS: "Es una buena pregunta".
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Señaló que el gobierno de Canadá deberá preparar un informe al respecto y entregarlo a la ONU. "Puede estar seguro de que estaremos siguiéndolos de cerca", añadió.
Cuando en julio de 2010 se propuso en la Asamblea General de la ONU una resolución reconociendo el agua y el saneamiento como un derecho humano básico, 122 países votaron a favor y 41 se abstuvieron, pero ninguno se expresó en contra.
Canadá fue una de las naciones que se abstuvo, junto a Australia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Sudáfrica y Suecia, entre otros.
Pero también se abstuvieron muchas naciones en desarrollo, como Botswana, Etiopía, Guayana, Kenia, Lesotho, Trinidad y Tobago y Zambia.
En las negociaciones iniciales de Río+20 el año pasado, varias organizaciones no gubernamentales alertaron que el agua y el saneamiento corrían riesgo de quedar fuera del plan de acción, titulado "El futuro que queremos".
Anil Naidoo, del Proyecto Planeta Azul, dijo que hasta el mes pasado Canadá se encontraba aislada en las negociaciones, siendo el único país que públicamente señalaba que no había base legal para declarar a esos servicios un derecho humano y proponía su eliminación del plan de acción.
"De todas formas, esa posición era insostenible casi dos años después de que la Asamblea General aprobara una resolución reconociendo ese derecho, y luego de tres subsiguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos ratificándolo", agregó.
El Comité Preparatorio para Río+20, integrado por los 193 estados miembro de la ONU, lleva adelante desde el 29 de mayo otra intensa ronda de negociaciones destinada a concluir el texto del plan de acción, informalmente conocido como "borrador cero".
Naidoo señaló que Gran Bretaña, con el apoyo de la Unión Europea (UE), propuso eliminar el párrafo 67 del borrador cero, donde explícitamente se reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.
Tras la presión de varias organizaciones no gubernamentales y de la relatora especial de la ONU sobre el agua, Catarina de Albuquerque, la UE se retractó, destacó Naidoo.
Pero Canadá seguía pidiendo que se eliminara el párrafo 67, contando con el apoyo de Estados Unidos e Israel.
"Al trabajar con aliados dentro de las negociaciones, pudimos incrementar la presión", dijo Naidoo, y destacó el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Esta ha sido una larga lucha para nosotros en Canadá", afirmó.
"Somos conscientes de que el reconocimiento es solo el primer paso hacia nuestras verdaderas metas de implementación", agregó.
"También sabemos que los gobiernos y las corporaciones que están en contra de ese derecho humano seguirán intentando por todos los medios limitar el alcance y el impacto de esta victoria. No obstante, estamos logrando avances", destacó.