El gobierno de Puerto Rico busca reducir las crecientes tarifas de los servicios públicos y a la vez apelar a fuentes de energía más limpias, pero afronta la oposición popular a dos grandes proyectos, aun cuando al menos uno emplea recursos 100 por ciento renovables.
Las objeciones a los planes un gasoducto y un sistema de energía eólicase refieren principalmente a sus ubicaciones, revelando los complejos intereses en juego a la hora de implementar cambios en la red eléctrica de la isla.
El gasoducto partiría desde la costa sur, se dirigiría al norte a través de la cordillera central y la ecológicamente delicada zona kársica, y luego al este hacia el área metropolitana de San Juan, densamente poblada.
El gasoducto es llamado la "vía verde" por la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y "el tubo de la muerte" por sus oponentes.
La AEE tiene el monopolio de la generación eléctrica en esta isla caribeña, pero desde los años 90 ha comprado energía de instalaciones privadas.
El gobierno arguye que el gasoducto reducirá las tarifas, que se dispararon en los últimos años, así como la dependencia de combustibles fósiles más contaminantes.
La mayor parte de la energía pública es producida por instalaciones termoeléctricas, que usan combustibles en base a petróleo altamente contaminantes, como el Bunker C o el "destilado #2".
"El gas natural es el combustible fósil más limpio que existe", destaca AEE, añadiendo que genera 64 por ciento menos de contaminantes atmosféricos que el petróleo, y es más económico.
Citando datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, la AEE señaló que el gas natural seguiría siendo más barato que el petróleo, y que los suministros mundiales serían suficientes en las próximas décadas.
Pero el gobierno no hará más que cambiar un combustible peligroso y no renovable por otro, dijo el profesor Arturo Massol Deya, de la Universidad de Puerto Rico, uno de los más francos oponentes del proyecto.
"Como isla, estamos en el callejón sin salida de la dependencia del petróleo, y el gobierno está cambiando eso por el callejón sin salida del gas natural, cuando tenemos abundante sol, viento y recursos hídricos con los que generar la energía que necesitamos", dijo a IPS.
Massol Deya es portavoz de Casa Pueblo, organización comunitaria en la localidad montañosa de Adjuntas, que sería atravesada por el gasoducto de sur a norte.
"Tenemos objeciones fuertes y bien fundamentadas sobre el impacto ambiental, así como sobre seguridad ante los inevitables desafíos naturales, como las pendientes pronunciadas, las áreas propensas a las inundaciones, las fuertes precipitaciones, las fallas geológicas y mucho más", dijo Massol Deya.
"Y, además, lo que se ahorra por cambiar de un combustible a otro apenas equivale a uno por ciento por kilovatio/hora", añadió.
Casa Pueblo y otros grupos críticos del proyecto realizan un gran esfuerzo para dejar en claro que no necesariamente se oponen al gas natural. Creen que se puede hacer una transición de la energía termoeléctrica al gas natural sin construir un gasoducto a lo largo de la isla.
El gasoducto comenzaría en EcoEléctrica, un generador de gas natural en la costa sur que provee alrededor de 13 por ciento de la electricidad de la isla.
EcoEléctrica, que inició sus operaciones en 2000, se encuentra a apenas dos kilómetros de Costa Sur, complejo termoeléctrico de AEE que produce 30 por ciento de la electricidad de Puerto Rico.
"Pasar Costa Sur al gas natural no requeriría de grandes modificaciones", dijo a IPS el geógrafo Alexis Dragoni. "Solo se necesitaría reemplazar los quemadores de la instalación".
Dragoni es miembro el equipo técnico de Casa Pueblo.
La reconversión de Costa Sur permitiría a AEE emplear gas para generar no menos de 43 por ciento de su electricidad, sin necesidad de construir el gasoducto.
Ya ha sido instalado un gasoducto desde EcoEléctrica para suministrar gas a Costa Sur, pero su segmento final, de unos 50 metros, todavía no ha sido concluido.
La llamada "vía verde" será montada por la española Gas Natural Fenosa, que compró EcoEléctrica a la polémica Enron, con sede en Estados Unidos, en 2003.
Los líderes de Casa Pueblo son fuertes defensores de la energía solar. Todas las instalaciones de la organización en Adjuntas funcionan con paneles fotovoltaicos desde 1999.
Las fuentes renovables responden por una pequeña fracción de la energía puertorriqueña, que depende en su mayor parte de los recursos hídricos. Veintiún represas generan 1,8 por ciento de la electricidad de la isla.
Sin embargo, el proyecto de energía eólica Santa Isabel es también criticado, en este caso por productores rurales, comunidades locales y grupos ambientalistas que crearon el Frente de Resistencia Agrícola (FRA).
Esa coalición trabaja por la protección de tierra cultivable de amenazas como la expansión urbana y el proyecto eólico, que implicaría la construcción de entre 44 y 65 molinos de viento por parte de la Pattern Energy Corporation, con sede en Estados Unidos, en el corazón de las fértiles planicies del sur puertorriqueño.
Se espera que los molinos de viento generen 75 megavatios, que Pattern afirma pueden dar electricidad a 25.000 hogares.
La construcción del proyecto eólico comenzó en noviembre. "Ya empezaron a compactar los suelos con su maquinaria pesada. Ya destruyeron el sistema de irrigación por goteo y dañaron la capa superior del suelo, que toma siglos en formarse. Las mejores tierras agrícolas se nos escapan de las manos", dijo Karla Acosta, del FRA.
Según Warys Zayas, portavoz del FRA y estudiante de la Universidad de Puerto Rico, "el proyecto tendrá un impacto (en un espacio de) entre 3.500 y 3.700 cuerdas (alrededor de 1.400 hectáreas)".
"El área afectada incluirá no solo las bases de los molinos de viento, que ya ocupan 21 cuerdas, sino también un radio de 1,6 kilómetros en cada una", añadió.
El FRA cita información del Censo Agrícola de Estados Unidos, indicado que Puerto Rico ya perdió 19 por ciento de su tierra cultivable entre 2002 y 2007.
También maneja estudios sobre seguridad alimentaria elaborados por Myrna Covas, profesora de la Universidad de Puerto Rico, señalando que la agricultura local produce no más de 15 por ciento de los alimentos que consumen los puertorriqueños, y el resto son importados.
Defensores de la seguridad alimentaria están alarmados por estos datos, considerando que, con aproximadamente 350 habitantes por kilómetro cuadrado, Puerto Rico es una de las áreas más densamente pobladas del mundo.
La población puertorriqueña aproximadamente se duplicó en los últimos 40 años, dijo a IPS el ambientalista Juan Rosario, de la organización Misión Industrial.
Santa Isabel tiene parte de las principales tierras agrícolas de Puerto Rico y una producción de unos 30 millones de dólares al año, incluyendo tomates, pimientos, melones, mangos y cebollas. Las granjas proveen unos 3.000 puestos de trabajo en la región, según el presidente de la Asociación de Agricultores, Ramón González.
"No debemos destruir las pocas tierras que nos alimentan, señaló por su parte María Viggiano, portavoz del FRA. "Sugerimos que los molinos de viento sean ubicados en tierras que ya han sido industrializadas y no tienen valor agrícola".
Con respecto a fuentes alternativas de energía, no hay consenso entre expertos locales y activistas sobre lo que podría funcionar.
El FRA no se opone a la energía eólica, siempre que los proyectos no sean ubicados en tierras cultivables. Sin embargo, otros grupos prefieren buscar otras opciones.
"Nos oponemos a la energía eólica. El viento es una fuerte de energía intermitente e impredecible", dijo a IPS el activista José Francisco Sáez Cintrón. "Apoyamos otras opciones, como la energía solar, la hidroeléctrica, la mareomotriz y la térmica oceánica".
Sáez Cintrón es portavoz de la Coalición Pro Bosque Seco, grupo que trabaja para la protección de la reserva forestal de Guánica, en el sudoeste de la isla. La organización se opone al proyecto de energía eólica debido a su cercanía con el bosque.
"Pero lo que es aun más importante es educar sobre el consumo de energía", añadió. "Las energías renovables pueden terminar siendo nada más que un complemento de las fuentes de combustible fósil".
"Implementando políticas para economizar energía podemos lograr seis o 10 veces los ahorros de costos de la energía renovable", dijo Luis Silvestre, de la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico. "Requieren de mucho menos inversiones y no derivan en una deuda".
"Las energías renovables no pueden reducir las tarifas públicas. Eso puede lograrse con mejoras operativas en las empresas públicas, así como en modificaciones en la actual red", sostuvo.
* Este artículo es parte de una serie apoyada por la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN).
