Miles de personas en decenas de países cargan con secuelas permanentes causadas por castigos corporales para combatir la adicción a las drogas.
Más de 40 países contemplan penas de golpes, palizas y azotes, fundados en su supuesto poder de disuadir el consumo de drogas, según un estudio de la organización Harm Reduction International (HRI), que trabaja en políticas de reducción de daños derivados de la drogadicción.
Estos castigos, además de violar el derecho internacional, carecen de todo poder de disuasión, según especialistas.
Las condenas a muerte por narcotráfico suelen ocupar títulos de la prensa, pero los castigos corporales ordenados por la justicia están más generalizados y son igual de graves, señalan defensores de derechos humanos.
La autora del estudio "Inflicting Harm: Corporal Punishment for Drug and Alcohol Offences in Selected Countries" (Infligiendo un daño: castigo corporal por delitos de uso de alcohol y drogas en países seleccionados), Eka Iakobishvili, dijo a IPS que no hay "datos que confirmen que los castigos logran que las personas dejen de consumir, y está ampliamente aceptado que la dependencia es eso mismo, dependencia, y que el escarmiento no la detendrá".
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"Es un problema silencioso tan grave como la pena de muerte para delitos de narcotráfico que, en vez de ayudar a los drogodependientes, de hecho, exacerba el consumo", explicó.
Los castigos corporales están previstos en códigos penales y, en algunos casos, en la shariá (ley islámica), y se emplean para numerosos delitos, según HRI.
No hay datos oficiales sobre la cantidad de personas condenadas a padecerlos, pero según información recabada de presos y fuentes de inteligencia, se estima que miles, y posiblemente decenas de miles de personas, incluso mujeres, niños y niñas, son azotadas, apaleadas, apedreadas o golpeadas con varas cada año.
Los castigos no están pensados para matar, pero inflingen un enorme dolor y daños tan graves que en algunas personas conducen a la muerte.
En un informe publicado el año pasado por Amnistía Internacional sobre castigos corporales en Malasia, un hombre azotado relató su experiencia. "Fue peor que un accidente de tránsito. Fue como si me cortaran el brazo y pusieran picante en la herida". Otro describió el castigo como "si me estuvieran quemando y cortando con un cuchillo".
En ese país la posesión de droga se castiga azotando a la persona con una vara.
El informe también incluye testimonios de personas que se desmayaron de dolor y suplicaron piedad a los guardias.
Algunos mencionaron un sufrimiento persistente durante meses y años, y otros describieron sobre cicatrices imborrables.
También hubo casos de inestabilidad emocional, angustia, ansiedad y pesadillas recurrentes.
Las víctimas de escarmientos corporales presentan señales de estrés postraumático, según psicólogos consultados.
Castigar físicamente la adicción no solo deja los daños descriptos, sino que empeora el hábito, indicó HRI.
"El propósito del castigo es humillar, avergonzar y rebajar a una persona. Las consecuencias pueden durar mucho tiempo. En algunos casos, los castigos se llevan a cabo en público, lo que añade el peso de la vergüenza social", dijo Iakobishvili a IPS.
Se crea así "una sensación de vergüenza en las personas adictas que aumenta el odio hacia sí mismas, las lleva a consumir drogas más duras y agrava la situación", añadió.
Respecto de la capacidad disuasoria, esgrimida por las autoridades de Malasia, hasta los propios guardias reconocieron que no existe y que sería más efectivo crear programas de desintoxicación.
El director ejecutivo de HRI, Rick Lines, dijo a IPS que las "políticas efectivas son las que respetan los derechos humanos, los estándares internacionales y la evidencia científica sobre tratamientos efectivos. El castigo corporal pierde las tres pruebas. No es más que un gobierno brutalizándose para solucionar un problema".
Algunos gobernantes mencionan textos religiosos para justificar la persistencia de la violencia física. Pero esas interpretaciones son cuestionadas por autoridades religiosas y teólogos.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, ha señalado que los castigos físicos violan la prohibición legal de la tortura y de los tratos crueles inhumanos o degradantes, y que los gobiernos no pueden esgrimir la existencia de leyes nacionales para justificar su utilización.
"El sistema judicial de muchos de los países en los que basamos el estudio se rigen por la shariá y recurren a ella para explicar el uso de castigos. Se necesita mayor discusión académica al respecto. Eso ayudaría", sostuvo Iakobishvili.
Los gobernantes de Malasia suelen hacer oídos sordos a los llamados para detener esas prácticas. Pero, según HRI, hay señales positivas.
"Durante la investigación hablamos con autoridades que dijeron que estaba en discusión una pronta derogación del castigo corporal", dijo Iakobishvili a IPS.
