Activistas de todo el mundo llamaron a la Liga Árabe y a la Comisión Africana para los Derechos Humanos y del Pueblo a explorar la posibilidad de adoptar protocolos regionales destinados a abolir la pena de muerte.
Más de 100 representantes de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil de todo el planeta adoptaron una resolución al término de un encuentro organizado el mes pasado en esta ciudad por el grupo Reforma Penal Internacional (RPI).
En el texto se llama a la Liga Árabe y a la Comisión Africana a intervenir "en reconocimiento del importante papel que juegan los organismos regionales e interregionales en la formación de estándares y normas".
La resolución también exhorta a la Liga Árabe a "enmendar el artículo 7 de la Carta Árabe de Derechos Humanos para prohibir por completo las sentencias a muerte y las ejecuciones de personas menores de 18 años el momento en que cometieron el delito".
"La Declaración de Londres, adoptada en forma unánime por más de 100 participantes en la conferencia organizada por la PRI, incluyendo a representantes gubernamentales y de la sociedad civil de países tanto abolicionistas como retencionistas de casi todas las regiones del mundo, es considerada un gran avance" contra la pena capital, dijo a IPS Jacqueline Macalesher, de RPI.
[related_articles]
"Ahora vendrá el respaldo de las organizaciones, y se espera (también) el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth de Gran Bretaña", añadió.
RPI confía en que la Declaración generará un impulso "hacia la moratoria y la abolición a nivel mundial", dijo Macalesher. "Refleja la determinación de la comunidad de derechos humanos de avanzar hacia a una abolición universal".
La Declaración, dijo, "será usada como nueva herramienta de los abolicionistas en su esfuerzos para estimular a los estados retencionistas a que implementen los mínimos estándares, así como una moratoria de las ejecuciones y de las sentencias, y que avancen hacia una plena abolición en la ley".
"También hace una importante afirmación de que aquellos estados que han abolido la pena de muerte deberían implementar sanciones alternativas, como la cadena perpetua, que sean justas, proporcionadas y respeten los estándares internacionales de derechos humanos", añadió Macalesher.
La Declaración indica que no hay evidencia convincente de que la pena capital disuada comportamiento criminal en forma más eficaz que otros castigos.
Señala además que, "donde se mantenga por completo la pena de muerte, solo debería ser impuesta para los delitos más graves, y luego de que se haya hecho un juicio justo al acusado".
La resolución subraya que "la pena capital crea víctimas adicionales los familiares de los ejecutados, que por lo general son olvidados, marginados o estigmatizados por la sociedad".
"El objetivo esencial del sistema penitenciario debe ser la reformación y la rehabilitación social de los prisioneros", indica.
El texto añade que en los países retencionistas al menos se debería acabar con la obligatoriedad de la pena máxima para determinados delitos, y establecer pautas para su aplicación.
Al encuentro en Londres asistieron participantes de 31 países: Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Líbano, Marruecos, Nigeria, Polonia, Qatar, Rusia, Siria, Suiza, Tajikistán, Tanzania, Túnez, Turquía, Ucrania y Uganda.
La resolución además indica que los países deben "prohibir la aplicación de la pena capital contra juveniles, personas que eran menores en el momento en que cometieron los delitos, mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y los que sufren discapacidades mentales".
Asimismo, exhorta a "proveer capacitación a jueces y profesionales que trabajan en el sistema penal para asegurar que sean plenamente conscientes de los estándares relevantes internacionales referidos a la pena capital". También llama a los estados que han adoptado una moratoria oficial o de facto de las ejecuciones, así como una abolición parcial, a conmutar las penas por cadena perpetua, tomando también en consideración el tiempo que los condenados ya han pasado en prisión.
Además, les exhorta a "dar los pasos necesarios a través de reformas legislativas y constitucionales para abolir la ley de pena capital para todos los crímenes".
