En la vigilia del sempiterno voto anual en las Naciones Unidas de condena contra el embargo de Estados Unidos impuesto a Cuba, el ministro de Asuntos Exteriores cubano Bruno Rodríguez ha expresado su preocupación por un endurecimiento de la actitud europea, consecuencia del posible cambio de gobierno en España tras las elecciones de noviembre próximo. En el marco de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y las leyes (especialmente la latente Helms-Burton) que ejercen limitaciones contra la relación europeo-cubana, las líneas básicas de la actitud europea ante Cuba no han variado en lo sustancial desde el desarrollo de la Posición Común de 1996.
Básicamente, en primer lugar, la Unión Europea considera que el tema de las expropiaciones impuestas a los intereses de Estados Unidos debe resolverse bilateralmente, y que el embargo es contraproducente. Segundo, que las leyes norteamericanas de alcance extraterritorial son contrarias al derecho internacional y en consecuencia los gobiernos europeos deben aplicar medidas protectoras de los intereses propios. Tercero, que la UE condena las repetidas violaciones de los derechos humanos y que si Cuba desea disfrutar de un trato favorable pleno (derivado del acuerdo de Cotonou) de ayuda al desarrollo en el contexto de los países ACP, debe cumplir con una serie de condiciones económicas y políticas.
Cuba ha rechazado explícita y repetidamente estos requerimientos. La votación sistemática de la UE contra el embargo en la ONU se ha complementado con una censura al gobierno cubano en las deliberaciones anuales de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. El contraste entre la actitud estadounidense y la europea es obvio. Washington tiene como objetivo el final repentino del régimen castrista; la UE prefiere favorecer la transición mediante la comunicación. La tozudez norteamericana ha generado un balance de fracaso sistemático. El plan europeo no podrá ser juzgado hasta que no se haya producido la transición.
La partida de ajedrez Unión Europea/España-Cuba revela una paradoja. Por un lado, el gobierno cubano ha insistido en negarse a un diálogo abierto y el establecimiento de medidas liberalizadoras mientras la Posición Común esté vigente. Por otro, no ha hecho prácticamente nada (la liberación de los disidentes ha sido la excepción) para generar esa concesión de la UE. El diagnóstico obvio es que, en el fondo, a Cuba no le interesa la eliminación de la Posición Común. Le da una excusa adicional para justificar sus carencias. La estrategia es convertir las condiciones europeas (de naturaleza verbal más que nada) en el equivalente del embargo norteamericano.
La Posición Común no puede ser calificada como rigurosamente una posición, ni tampoco común. Aunque condiciona el establecimiento de unos acuerdos en el marco común de la UE, no impone limitación alguna a las actuaciones de los Estados Miembros. Ningún Estado europeo ha prohibido a sus ciudadanos que hagan vacaciones en Cuba. Al contrario, un tercio del turismo en Cuba procede de Europa. Tampoco la UE limita las inversiones europeas: Europa es el inversor número 1 en Cuba. En comercio (con una balance positivo para Europa, la UE solamente está superada en volumen por Venezuela (gracias a la transferencia de petróleo).
En ese contexto, el gobierno cubano ha acrecentado las medidas represoras (especialmente contra las Damas de Blanco), complementadas con medidas especialmente intolerantes. Estas incluyen los casos de la negativa a liberar a apresados norteamericanos acusados de espionaje (Alan Gross), a pesar de los esfuerzos de mediación de del expresidente Jimmy Carter y el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson (ninguneado en su reciente visita a La Habana), y la suspensión de las credenciales de periodistas (notoriamente, Mauricio Vicent, de El País). En el trasfondo de estas fricciones está la intención cubana de negociar la liberación de los llamados cinco héroes, en prisión en Estados Unidos, condenados judicialmente por espionaje.
Los gobiernos europeos que se oponen a la eliminación de la Posición Común deben comprender que su mantenimiento solamente favorece al gobierno cubano. Pero su eliminación no es ahora políticamente factible. Lo más prudente es entonces mantener el status quo, insistiendo en la comunicación fluida con el gobierno y la auscultación de la disidencia. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami (jroy@Miami.edu).
