El gobierno de Costa de Marfil quiere formar para 2012 una industria propia que procese desechos de metal y fabrique productos terminados para el mercado interno y el regional. Pero la iniciativa no es bien recibida por los actuales comerciantes de chatarra.
Pero las autoridades están decididas a incrementar las ganancias. Michel Koné, inspector impositivo del Ministerio, aseguró que la reorganización del sector produciría valor añadido, crearía nuevos empleos y generaría ganancias adicionales.
En preparación para su nueva estrategia, el gobierno suspendió las ventas al exterior de chatarra, afectando así a recolectores, vendedores y exportadores.
"En agosto de 2009, las autoridades de aduanas impusieron un impuesto de 100.000 francos CFA (unos 200 dólares) por toneladas a las exportaciones. Dos años después, decidieron suspenderlas. Claramente hay un deseo de desalentar nuestro negocio", dijo molesto Mory Kamara, comerciante de chatarra de 47 años y habitante de Adjamé, barrio en el corazón de Abiyán, la capital económica del país.
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"Pero sabemos que todo esto no tiene otro objetivo que asegurarle el monopolio a un gran operador. Por más de una década, nadie se interesó por este sector", dijo a IPS.
"No creemos que el gobierno pueda hacerlo sin nosotros. Incluso si eso fuera posible, debería pensar en cómo apoyar a los vendedores de desechos de metal, que han invertido sus propios recursos en este negocio", dijo el presidente de la Asociación de Comerciantes de Chatarra de Costa de Marfil, Kalifa Doumbia.
Pero Koné rechazó esas declaraciones, señalando que el impuesto a las exportaciones había demostrado ser ineficaz y le había provisto de muy poco dinero al gobierno. Aseguró que el sector podría generar el doble de recursos si era reorganizado.
Doumbia señaló que los comerciantes de chatarra ya han sufrido severos golpes durante las últimas crisis políticas, registrando pérdidas por unos 18 millones de dólares. Unas 10.000 toneladas de chatarra aún hacen fila en el puerto de Abiyán, esperando ser exportadas a Asia o Europa.
"Necesitamos una moratoria de al menos tres meses para acabar con las reservas", señaló Brahima Fofana, también de la Asociación. "Esto nos daría algo de alivio Vamos a tener que esperar más de un año para reanudar el negocio. Muchas familias van a experimentar verdaderas dificultades en este periodo", dijo a IPS.
En medio del sonido ensordecedor del trabajo con metales en Marcory, área al sur de Abiyán, Issouf Diakité, de 43 años, explicó a IPS que la suspensión de las exportaciones le costaría mucho a su negocio.
"Tengo que cumplir una orden por 500 toneladas de chatarra para India y Pakistán. Había acumulado 300 toneladas cuando se tomó esta decisión. Ahora afronto enormes pérdidas", dijo, calculándolas en 40.000 dólares.
Según Diakité, la suspensión de las exportaciones también llevó a 103 comerciantes a traerle la chatarra que tenían y abandonar el negocio. "Ya no están motivados para trabajar. Ésta es una actividad que les permitió mantener las necesidades diarias de las muchas personas que dependían de ellos", señaló.
Al lado del lugar donde trabaja Diakité se encuentra el taller de Amidou Sylla, de 39 años, pero las puertas están cerradas. "Ya no tiene más sentido salir a la ciudad en busca de chatarra", dijo a IPS.
"Esta decisión ha sido la sentencia de muerte para nuestro negocio. Cuando vas a diferentes zonas y ves a los comerciantes de chatarra, todos han perdido la sonrisa", dijo Fofana a IPS.
Algunos han comprendido la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios y de apelar a otros trabajos. "Se han convertido en herreros y fabrican utensilios de cocina, herramientas agrícolas y otras cosas", contó.
Muchos temen que, al suspenderse las ventas al exterior, los restos de metal comiencen a acumularse en las calles. "Al reunir la chatarra, este sector también impedía la contaminación del ambiente. Si se detiene, pronto habrá montañas de desechos", alertó Fofana.
