Mientras el mundo mira con interés la Primavera árabe, una reacción contra décadas de opresión y de supresión de la sociedad civil que se ha extendido por el Oriente Medio, hay señales de que Israel se está moviendo sigilosamente para desmantelar algunos derechos civiles clave y acallar las voces a favor de la paz y los derechos de los palestinos.
Un ejemplo al respecto es el reciente intento de Israel de silenciar las voces de la prensa internacional que busca cubrir la actividad de la Flotilla Gaza, un convoy de barcos que intenta llevar ayuda a la bloqueada Gaza. El 26 de junio último, la Oficina de Prensa del gobierno israelí amenazó a los periodistas extranjeros embarcados en la flotilla con prohibirles la entrada a Israel por el término de 10 años.
Posteriormente, Israel dejó de lado esa amenaza debido a la presión ejercida por la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA). La FPA declaró que el intentó de reprimir a los periodistas pone seriamente en cuestión el respecto de Israel en relación a la libertad de prensa.
La amenaza a la libertad de expresión se extiende a la sociedad israelí, en la que las agrupaciones, incluyendo la respetada Coalición de Mujeres por la Paz, están expresando su preocupación acerca de una serie de leyes que tienen como blanco a las organizaciones que están trabajando por un cambio dentro de Israel. Las mujeres son la vanguardia del movimiento pacifista en Israel y esas leyes tienen el potencial de excluirlas aún más del proceso político.
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La Asociación de Derechos Civiles de Israel señala que las varias piezas de legislación recientemente promulgadas están teniendo un efecto escalofriante sobre la libertad de palabra y el debate democrático y opina además que esas nuevas leyes son precisamente otro paso en una más amplia campaña antidemocrática en curso que intenta quitar legitimidad e intimidar a la sociedad civil y restringir el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los intentos por aplastar legislativamente a la sociedad civil está provocando, lógicamente, una fuerte reacción en Israel, un país con una floreciente sociedad civil.
La última grave iniciativa en este sentido es la ley aprobada por el Parlamento (Knesset) el 11 de julio. La ley del boicot criminaliza a los ciudadanos y residentes de Israel que inicien, promuevan, proporcionen información o publiquen materiales que puedan servir como fundamento para imponer un boicot contra Israel y los territorios bajo su control. Esto pone en peligro la capacidad de las organizaciones comprometidas con la paz para recibir fondos provenientes de donaciones, incluyendo los de la Unión Europea, de las cuales muchas son dependientes.
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil israelí han firmado una declaración contra esa ley. Junto con una impresionante lista de intelectuales y artistas, esas organizaciones sostienen que la ley tiene como blanco a los israelíes que usan medios legítimos para protestar contra las políticas gubernamentales. Desde 2005, muchas organizaciones civiles en el territorio palestino ocupado y en Israel están llamando al boicot y a las sanciones contra Israel, así como al cese de las inversiones extranjeras en este país, hasta que cumpla con la ley internacional y con los principios universales de los derechos humanos.
La oposición a esta ley va más allá de los pacifistas, los palestinos y los intelectuales. Antes de la votación el consejero legal del Parlamento, Eyal Yanon, emitió un pronunciento legal en el que afirmaba que algunos aspectos de la ley estaban "al borde de la legalidad y quizás fuera de ella". Funcionarios gubernamentales -de los ministerios de Justicia, Comercio e Industria, y Relaciones Exteriores, han expresado una fuerte oposición a la ley y la preocupación de que haga más daño que bien a la reputación de Israel ante el resto del mundo.
Esos funcionarios parecen advertir lo que muchos políticos quieren ignorar: que tomar medidas duras contra la vibrante sociedad civil israelí no servirá para silenciar a quienes están usando medios no violentos para defender derechos democráticos fundamentales. La represión, como lo vemos en otras partes del Oriente Medio, no impedirá que el genio salga de la lámpara y que quienes están buscando cambios encuentren los caminos para expresar su disenso.
Israel será un país más fuerte y más respectado si respalda los derechos de la sociedad civil. Los verdaderos interlocutores para la paz no serán finalmente los gobiernos sino los individuos y las organizaciones que se atreven a desafiar el statu quo y hacer realidad el sueño de una sociedad que reconozca a todos como iguales. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997 por su campaña para la prohibición de las minas terrestres, preside la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel y Rachel Giora es dirigente de la Coalición de Mujeres por la Paz, con sede en Tel Aviv.
