Posiblemente Cuba sea la única nación del mundo en la cual, desde hace medio siglo, ningún ciudadano del país puede adquirir libremente (y el puede en este caso no tiene las habituales connotaciones económicas) un automóvil o una casa nuevos.
Como parte de las políticas igualitarias y de absoluto control estatal de la mayoría de las propiedades existentes en el país, a lo largo de estas cinco décadas el gobierno socialista fue dictando una serie de leyes y regulaciones que, originalmente destinadas a limitar la cantidad de propiedades acumulables y a establecer reformas en la tenencia de los bienes inmuebles (la llamada Reforma urbana), permitían a las personas conservar algunas de estas propiedades –una (1) casa, un (1) automóvil- que, en realidad, no eran totalmente suyas, pues solo en casos excepcionales (automóviles fabricados antes de 1959) podían ser libremente vendidos a otro ciudadano.
Para llegar a tener una casa o un auto nuevo se crearon complejos mecanismos todavía hoy existentes. En algunos momentos de cierta bonanza económica fue posible que algunos esforzados llegaran a construir casas en terrenos o azoteas de propiedad o usufructo familiar, a lo cual se le ha bautizado como construcción con esfuerzo propio. Sin embargo, el más recurrido de los caminos fue el procedimiento mediante el cual el abarcador Estado otorgaba al ciudadano, por méritos o necesidades excepcionales, algunos de estos bienes, con la coletilla de que eran disfrutables por el beneficiado, en muchos casos también heredables por sus familiares, pero nunca podían ser vendidos a otra persona, a pesar de que el otorgamiento podía incluir el título de propiedad mediante el contrato de compra, en dinero contante y sonante, aunque a precios realmente asequibles para la mayoría de esos afortunados.
En los últimos 15 años, ya en plena crisis económica de los años 1990, se extendió la posibilidad de comprar autos nuevos o de segunda mano, pero de fabricación más reciente- a personas que, también por vías excepcionales, acumulaban las divisas necesarias para adquirirlos y obtenían de varios presidentes de instituciones, ministros y hasta de un vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, la famosa carta que los autorizaba a comprarle a una dependencia de ese mismo Estado un auto gravado con altísimos impuestos… auto que, tampoco, era posible vender a otra entidad que no fuera el propio Estado que lo había vendido y luego lo compraba a bajísimos precios, como suele suceder en todas las actividades económicas monopolizadas. Con los inmuebles las regulaciones siguieron siendo más o menos las mismas, pues se buscaba con la prohibición de las ventas y las limitaciones de los intercambios de casas (conocidas como permutas) que los involucrados no pudieran lucrar con la venta o cambio de su domicilio.
Para controlar las limitadas posibilidades de realizar alguna operación con estos bienes, que como se ve no eran tan propios, en el caso de los inmuebles se creó una Ley General de Vivienda que regulaba prácticamente cualquier movimiento legal o ilegal. A la Ley, con los años, se le fueron añadiendo coletillas cada vez más asfixiantes en forma de Decretos-Leyes (5), Decretos (2) y otras 180 disposiciones de rango inferior, entre resoluciones, instrucciones y circulares del Instituto Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Justicia y otros organismos.
Mientras, en el caso de los vehículos automotores funcionaban 40 prohibiciones o limitaciones (…) para la transmisión de la propiedad.
Lo significativo es que, a pesar de tanta regulación y vigilancia, sobre todo en el caso de los inmuebles se fue creando un mercado subterráneo donde, para su funcionamiento, por supuesto que se debía nadar en el mar de las ilegalidades al cual muchos se lanzaban por arriesgados o por desesperados. Además, ninguna de esas medidas propició un verdadero alivio en el tenso estado del fondo inmobiliario cubano, en déficit permanente y con una creciente aglomeración de inmuebles en mal estado.
Ahora el gobierno cubano, en el proceso de actualización del modelo económico emprendido por el presidente Raúl Castro, ha decidido flexibilizar la compra-venta de estos dos objetos del deseo de tantos cubanos. El anuncio de tal liberalización del mercado inmobiliario y automotor no contempla aún la libre oferta de casas o vehículos nuevos (lo cual sería un excelente negocio para el Estado monopólico), sino solo de los ya existentes en el país, y mediante unas normas que incluyen impuestos sobre la venta, la herencia y la propiedad. Cincuenta años después, la práctica más o menos universal retorna a este mercado en Cuba…
Al igual que en las citas anteriores, todas reproducidas de la información publicada por el diario Gramna, órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba (edición del viernes 1 de julio, como reseña de una reunión ampliada del Consejo de Ministros), ahora vuelvo a utilizar las comillas, pues, significativamente, en el diario oficial se afirma que con la nueva política también se pretenden eliminar regulaciones burocráticas que propicien la repetición de las manifestaciones de ilegalidades y corrupción…
Cuando menos resulta curioso que tanta ley, decreto, resolución y prohibición, hayan prohijado, al final del camino, infinidad de violaciones, entorpecimientos, corrupciones e ilegalidades, de las cuales se beneficiaron por décadas los más pícaros, los más arriesgados, y una legión incontable de burócratas corrompidos por las ebulliciones de esas leyes y decretos que supuestamente debían observar y aplicar para el bien de todos. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Leonardo Padura, escritor y periodista cubano. Sus novelas han sido traducidas a más de quince idiomas y su más reciente obra, El hombre que amaba a los perros, tiene como personajes centrales a León Trotski y su asesino, Ramón Mercader.
