Los derechos de pesca deben respetar los derechos humanos fundamentales. ICSF, la asociación que defiende los intereses de los pescadores, cree que el desarrollo de la pesca responsable y sostenible es sólo posible si los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales de las comunidades de pescadores son abordados de una manera integral. La pesca excesiva e ilegal con fines industriales no denunciada y sin controles, es un azote para los derechos humanos de todos, pero especialmente para la vida y al sustento de comunidades que dependen de pesca artesanal a pequeña escala.
Para alcanzar un desarrollo sostenible y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, esas operaciones que más contribuyen a la pesca excesiva y socavan la sustentabilidad de los sistemas de producción de la pesca natural en primer lugar deberían ser eliminadas progresivamente. Paralelamente, debería darse un tratamiento prioritario a aquellas operaciones pesqueras que más contribuyen a la economía local, que menos dañan el ambiente marino, que distribuyen más equitativamente los beneficios obtenidos de los recursos de la pesca en medios naturales y que respeten de modo integral los derechos de las comunidades de pescadores artesanales.
La pesca a pequeña escala a través de sus cifras absolutas puede ser la causa de la sobrepesca en algunas partes del mundo, pero proporciona una importante red de seguridad social y económica cuyo valor debe ser tenido en cuenta. Para ICSF la solución a la captura excesiva de peces y a la pesca ilegal involucra el enfoque de las actividades de pesca artesanal a pequeña escala, basado en la captura de múltiples especies, en el uso de aparejos de múltiples tipos, en el bajo impacto sobre el ambiente, en la multiestacionalidad, en el uso eficiente de la energía y en el trabajo intensivo.
Con toda razón, la sobrepesca es vista como uno de los principales problemas que acosan a los caladeros de pesca. Pero no es precisamente un problema de “demasiados barcos capturando demasiados pocos peces”, como muchos afirman. Es también sobre cómo, cuándo y dónde se pesca. Es además una combinación de tamaño, poder, tecnología pesquera, ubicación, temporada y muchos otros factores. Incluye el uso de aparejos no selectivos y ambientalmente destructivos y de medidas de manejo del producto que provocan un indeseable derroche puesto que son descartados los peces cuando éstos superan la cuota de pesca permitida o cuando son de bajo valor comercial, lo que inadvertidamente causa la degradación de las zonas pesqueras y del hábitat marino.
La teoría de “demasiados barcos” falla en identificar aquellas flotas de pesca que hacen la mayor parte de las capturas y el mayor daño a los sistemas de producción de la pesca natural.
El modelo de pesca industrializada, que pone exigencias económicas a relativamente corto plazo por encima de consideraciones sociales y ambientales, no es conducente a un trabajo decente ni a un empleo sostenible ni a un ambiente saludable. Generar suficientes beneficios para satisfaceer sus expectativas comerciales es lo fundamental para ese modelo de pesca.
Aproximadamente la mitad de la captura mundial de peces destinada al consumo humano (unos 30 millones de toneladas) es efectuada por flotas industriales. Estas tienden a pescar en forma “nómada”, usan técnicas de pesca como la de arrastre, que son responsables del descarte de amplias cantidades (de 20 a 30 millones de toneladas anualmente), de capturas laterales indeseadas, de la muerte de un número incalculable de mamíferos marinos, reptiles y aves y de un significativo, aunque desconocido, impacto en hábitats vitales para la pesca. Cuando los caladeros de pesca colapsan, entonces los inversores cambian y llevan su capital a otros sectores.
La otra mitad de la captura global de peces es efectuada por pescadores artesanales a pequeña escala, que generan una variada serie de medios de vida interdependientes, que en su conjunto hacen una contribución vital para las economías locales, para el tejido de las sociedades y para la identidad cultural.
Los partidarios de la teoría de “demasiados barcos” defienden derechos basados en sistemas de manejo de la actividad pesquera que incorporan mecanismos vinculados al reparto de cuotas como la solución. Afirman que la “privatización” de los derechos de acceso a la actividad pesquera, con la aplicación de mecanismos como el de atribución de “cuotas de captura” o de “cuotas individuales transferibles”, o con la atribución específica de acceso a caladeros con pesca abundante forzará a abandonar la pesca ineficiente y los descartes. Argumentan también que “la propiedad promueve la correcta administración” de los recursos.
Pero tal razonamiento es inherentemente erróneo porque favorece a quienes pescan más, del modo menos sostenible y a quienes tienen el mayor poderío económico. Además, estimularía mercados especulativos con grandes altibajos para los derechos de pesca, que se acumularían en las manos de unos pocos. De ese modo se discriminaría y se perjudicarían los derechos consuetudinarios de las comunidades de pescadores artesanales en pequeña escala. Sería también una afrenta para los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales de esas comunidades. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Brian O’Riordan es el secretario de la Comunidad Internacional para la Protección de los Pescadores con sede en Bruselas.
