Las insuficientes iniciativas del gobierno de Uganda y su precaria legislación en materia de delitos sexuales dejan sin protección a las miles de mujeres violadas durante la guerra civil (1987-2007).
"La primera vez fue en 1987 cuando ocho soldados de una patrulla me violaron hasta que perdí el conocimiento. Me desperté en el hospital", relató. "Los efectivos eran de las fuerzas del gobierno", dijo a IPS.
Además del VIH, Nakasi sufrió una fístula obstétrica y fue rechazada por su esposo y su familia. Vivió durante años sola en la selva.
Nakasi es candidata a ocupar un lugar el consejo local de la zona de Tubur, en el nororiental distrito de Soroti, en las elecciones que se realizarán en febrero.
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Ella logró superar el trauma con ayuda de diferentes organizaciones, que también la apoyan en su campaña para independizar económicamente a las mujeres y luchar contra el estigma.
Además ofrece asistencia legal a mujeres que sufrieron agresiones sexuales en la zona y las incentiva a afrontar a sus agresores. Nakasi tiene un gran respaldo para su candidatura al consejo por su trabajo con personas con VIH/sida.
"Logré seguir un caso que terminó con el encarcelamiento del agresor", señaló.
INSUFICIENTE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
Pero la historia de Nakasi quien logró superar un gran trauma y convertirse en líder es única.
Las dos décadas de guerra civil entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) dejó miles de personas muertas y 1,5 millones desplazadas.
Las mujeres fueron violadas en los campamentos por soldados del gobierno y civiles. No hay cifras oficiales de la cantidad de víctimas, pero hay indicios de que fue una práctica generalizada. Es sabido que los rebeldes reclutaron niños para combatir y niñas para convertirlas en esclavas sexuales.
Los enfrentamientos ocurrieron en el norte y noreste de Uganda hasta 2007, cuando el LRA fue expulsado a República Democrática del Congo, tras las fallidas conversaciones de paz con el gobierno que fueron propiciadas por Sudán del Sur.
El LRA sigue activo en República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán del Sur, donde siguen realizando secuestros.
El programa de recuperación pos-conflicto, lanzado el año pasado, no contempla las consecuencias de la violencia sexual durante la guerra.
Además, nunca se implementaron las recomendaciones que hizo una comisión que investigó las violaciones de derechos humanos ocurridas en Uganda desde la independencia en 1962 hasta el segundo régimen de Milton Obote (1980-1985) de reparar a las víctimas de violencia sexual.
PENAS INADECUADAS
Muchos casos de agresión sexual no fueron procesados, según un estudio divulgado el 9 de este mes por el Centro de Mujeres en Gobernanza (Cewigo, por sus siglas en inglés), con sede en Kampala, que analizó la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que cumplió 10 años en octubre.
La resolución 1325 reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos armados es un crimen de guerra y contra la humanidad.
Muchos casos ni siquiera se denuncian. La violación es el delito sexual menos denunciado en Uganda. Además, la legislación no reconoce la violación dentro del matrimonio.
Alrededor de la mitad de los casos denunciados son procesados y muy pocos terminan en condena.
En 2009 se registraron e investigaron 619 casos de violación, de los cuales 37 por ciento fueron procesados y cinco por ciento terminaron en condena.
Hubo más de 7.000 casos de violación infantil y sólo fueron condenados los responsables de 467 de ellos.
Además 550 mujeres denunciaron agresiones indecentes, por las cuales sentenciaron a los responsables de 79 por ciento de los casos.
INJUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS
La mayoría de las familias carecen de fondos para que las víctimas reciban atención médica o para trasladar a la policía a la escena del delito, señaló Maude Mugisha, de Cewigo. Eso hace que opten por negociar con el agresor.
La legislación ugandesa prevé que toda víctima de violencia sexual debe realizarse un análisis clínico, del que depende el desarrollo del caso en la justicia.
Pero el análisis sólo pueden hacerlo cirujanos de la policía autorizados. Hay pocos profesionales y, además, el examen tiene un costo de entre 15 y 25 dólares.
"Es la mayor injusticia que deben soportar los sobrevivientes de agresiones sexuales en Uganda", señaló Judy Kamanyi, consultora en cuestiones de género y desarrollo.
"No puede ser que sólo un cirujano de la policía revise a las víctimas. El análisis deberían poder realizarlo las parteras para que las mujeres no tengan que pagar tanto y haya justicia", coincidió Rebecca Kadaga, vicepresidenta del Parlamento.
El gobierno debería crear refugios para las mujeres cuya vida está en peligro y diseñar un plan de emergencia que se ocupe de su seguridad así como la de niños y niñas en la misma situación, indicó Kamanyi.
Otra dificultad que deben afrontar las víctimas de violencia sexual es que ese tipo de delitos sólo son procesados por altos tribunales y sólo hay en cinco regiones del país.
Las mujeres, que suelen desplazarse largas distancias hasta el juzgado correspondiente, se encuentran con que no hay cirujano autorizado. El proceso de los casos de violencia sexual puede llevar años.
Uganda todavía debe recorrer un largo camino para cumplir con los estándares regionales e internacionales sobre la protección de mujeres, en especial las que fueron violadas en la guerra, según Cewigo.
Las mujeres deben seguir presionando a los gobiernos, en especial en la región de los Grandes Lagos para que implementen la resolución 1325, señaló Miria Matembe, fundador de Cewigo.
"Es una resolución extremadamente importante para nosotros. África es un continente infestado de un alto grado de violencia de género", apuntó.
