El acuerdo alcanzado por la comunidad internacional en la ciudad japonesa de Nagoya para evitar la destrucción de la diversidad biológica es un gran paso, pero implica una enorme cantidad de tareas legislativas y administrativas de los estados, advirtieron especialistas.
El protocolo de Nagoya, suscrito a fines de octubre por los 193 estados miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluye más de 40 medidas para luchar contra la biopiratería y prevenir la malversación de recursos genéticos.
El acuerdo contiene un plan estratégico con medidas para los próximos 10 años, y establece beneficios para las naciones en desarrollo derivados del uso comercial e industrial de sus recursos genéticos.
Antes, los países del Sur necesitan realizar un enorme trabajo legislativo y administrativo para identificar y catalogar los recursos locales, probar su origen y reclamar los derechos de propiedad, remarcaron especialistas.
«El acuerdo de Nagoya es un gran avance después de 20 años de discusiones y de rotundos fracasos», dijo a IPS la presidenta de la Agencia Federal de Alemania para la Conservación de la Naturaleza, Beate Jessel.
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Es un «ambicioso plan para salvar la diversidad biológica», apuntó Jessel, ex profesora de varias universidades prestigiosas de Alemania. El acuerdo se logró gracias a «la enorme presión», añadió.
Desaparecen unas 150 especies a diario a consecuencia de la agricultura, la expansión de las ciudades y otras actividades humanas, según cifras de la ONU.
No se alcanzará el objetivo fijado por la ONU en 2003 para este año, indicó Jessel. «La Unión Europea no podrá cumplir el compromiso de detener la desaparición de sus propias especies», añadió.
«Tenemos por delante una ardua tarea antes de implementar el protocolo de Nagoya», advirtió Jessel. En los países en desarrollo de África subsahariana, de gran diversidad biológica, «prácticamente habrá que empezar de la nada», remarcó.
Para demostrar que un recurso es autóctono y beneficiarse del uso industrial y comercial que se haga de él, los países deben identificar y catalogar todas las especies de flora y fauna, para lo que necesitan una enorme capacidad científica y administrativa, además de recursos financieros.
También será necesario establecer normas internacionales que garanticen la legalidad y veracidad de los certificados de origen y habilitar una instancia para negociar compensaciones en caso de conflicto.
Hay grandes diferencias entre las naciones en desarrollo en materia legal y administrativa, apuntó Jessel.
Algunos países de América Latina, como Brasil, Colombia, México y Perú tienen duras normas para proteger sus recursos naturales de la biopiratería así como los consiguientes organismos para hacerlas cumplir.
Pero la mayoría de los estados africanos no tienen ese tipo de instrumentos.
«Brasil tiene un régimen muy estricto sobre las exportaciones y el uso industrial y comercial de sus recursos biológicos», señaló Jessel. «No puedes sacar del país ni la más pequeña de las alas de mariposa ni una ínfima bolsa de semillas sin pasar por numerosos controles», añadió.
Pero no es así en las naciones de África subsahariana, donde países con gran diversidad biológica tienen instituciones ineficientes, cuando las hay, además de corrupción y conflictos.
Los países industrializados tienen 10 años para diseñar políticas agrícolas, de pesca y proteger áreas en peligro, como pantanos, que contemplen la conservación de la biodiversidad
Esas políticas, en especial en la UE, están sujetas a duras críticas porque prevén subsidios sustanciales para empresas pesqueras y agrícolas sin considerar si dañan el ambiente y la diversidad biológica, o no.
El protocolo de Nagoya pone fin a ese tipo de subsidios.
«Es un ambicioso plan para salvar la diversidad», señaló Olaf Tschimpke, director de la Unión para la Conservación de la Biodiversidad y la Naturaleza (NABU, por sus siglas en inglés).
«Tras el fracaso de la conferencia de Copenhague hace un año no creíamos que la comunidad internacional pudiera alcanzar un acuerdo como ese», señaló en alusión a la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en la capital danesa a fines de 2009.
Fundada en 1899, NABU es una de las asociaciones ambientales más grandes y con mayor experiencia de Alemania. Cuenta con más de 450.000 miembros y patrocinadores comprometidos con la conservación de hábitat en peligro y la protección ambiental.
El nuevo protocolo «amplía la capacidad de negociación de las naciones en desarrollo en materia de biopiratería», puntualizó Tschimpke.
«Ahora está claro que las grandes compañías que se benefician de los recursos biológicos de las naciones en desarrollo tendrán que compartir sus beneficios con los estados de donde los sacan», remarcó.
Supervisaremos cómo la UE reestructura sus políticas pesquera y agrícola, subrayó Tschimpke.
«Si realmente pretende cumplir sus compromisos con el protocolo de Nagoya y detener la pérdida de biodiversidad, tendrá que reformar esas políticas de forma radical, y pronto», añadió.
El Fondo Mundial para la Naturaleza consideró al protocolo de Nagoya como un «logro histórico que garantiza que el inmenso valor de los recursos genéticos se comparta de forma igualitaria», reza una declaración de la organización.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
