Para la malauí Tereza Chatsilizika, portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), los 10 dólares mensuales que recibe del Estado fueron fundamentales para educar a sus dos hijas discapacitadas y darles de comer.
Chatsilizika perdió en 2000 a su esposo, quien tenía VIH, causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). A los pocos años descubrió que ella también era portadora del virus. Desde entonces se le hizo difícil cuidar a sus dos hijas, Aida, de 14 años, y Eneless, de 12, quienes no pueden caminar. Se presume que contrajeron poliomielitis.
Por su propia enfermedad, Chatsilizika no pudo trabajar ni mantener a su familia.
"Las niñas no podían ir a la escuela y comíamos poco", señaló Chatsilizika contando su vida antes de recibir la asignación. Su vida cambió en 2006, cuando en su distrito de Mchinji se implementó un programa piloto para transferir efectivo.
Con los 10 dólares mensuales pudo mandar a sus hijas a la escuela e incluso contratar a alguien que empuje las sillas de rueda donadas por el Estado.
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"Mis hijas esperan poder trabajar en una oficina y algún día alcanzar un cargo alto", relató Chatsilizika.
Miles de personas se beneficiaron del programa implementado por una organización no gubernamental y el Estado. Pero las demoras en aprobar el proyecto de una política de protección social ponen en riesgo la iniciativa actual y otras similares.
Cincuenta y dos por ciento de los habitantes de Malawi viven con menos de un dólar al día y cuatro millones de niños y niñas son pobres y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
Trece por ciento de los 7,3 millones de menores de 18 años perdieron a sus padres o tutores a causa del VIH.
El programa de asistencia económica a las familias pobres afectadas por el VIH/sida comenzó en 2006 gracias a un acuerdo entre Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la Comisión Nacional de SIDA y el Ministerio de Planificación Económica y de Cooperación para el Desarrollo.
La iniciativa benefició a 16.819 personas de 4.106 hogares de los distritos de Mchinji, la isla de Likoma, Salima y Machinga.
El gobierno y Unicef esperan llegar a 300.000 hogares con 900.000 niños y niñas en los 28 distritos del país para 2015.
La falta de pautas para otorgar la asignación llevó a que hogares que no cumplían los requisitos para recibir la ayuda recibieran el efectivo.
Una evaluación realizada por la Comisión de SIDA descubrió que las autoridades de Salima se equivocaron en la evaluación y entregaban 16 dólares a familias con bastantes buenos salarios. Unos 5.000 huérfanos, entre otras personas pobres, quedaron desprotegidos.
"Se descubrió que había maestros, que no son pobres, recibiendo el beneficio", señaló Blessings Nkhoma, coordinador de desarrollo y planificación del consejo del distrito.
Todavía no se sabe cuándo la Comisión de SIDA levantará la suspensión del programa en el distrito de Salima.
Con medidas apropiadas se puede evitar ese tipo de errores, según donantes.
El gobierno de Malawi debe aprobar un borrador de una política de protección social que incluye pautas para reducir la pobreza y sostener el programa de transferencia de dinero en efectivo porque de lo contrario se puede espantar a los donantes, señaló Tayllor Spadafora, especialista de Unicef en Malawi.
La iniciativa asegura la coordinación estratégica de medidas de protección social con un marco institucional y de financiación común.
"Los colaboradores están dispuestos a apoyar y contribuir económicamente en tanto haya un compromiso del gobierno", apuntó.
La falta de ese instrumento hace difícil lograr un compromiso de las autoridades, señaló Blessings Chinsinga, especialista en desarrollo de la Universidad de Malawi.
El documento fue elaborado a instancias de los donantes, encabezados por el Banco Mundial. Las autoridades deben comenzar a debatir el texto, añadió.
Un estudio realizado por el Banco Mundial en 2007 reveló que el gobierno, con el apoyo de sus donantes, gastó más de 500 millones de dólares entre 2003 y 2006 en iniciativas de asistencia humanitaria.
