Los múltiples desafíos que está enfrentando la comunidad global pueden quizás resumirse en una sola palabra: desequilibrios. Se permitió que crecieran los desequilibrios en los mercados de alimentos, energía, vivienda y financieros durante un sostenido auge económico y luego se convirtieron crecientemente en interdependientes.
Esos crecientes desequilibrios generaron un nivel de fragilidad económica que finalmente quedó en evidencia con el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Pese al monto masivo de recursos públicos que fue movilizado para hacer frente al derrumbe resultante, las fuerzas subyacentes han permanecido intocadas durante la secuela de la crisis y siguen siendo una amenaza tóxica para un crecimiento estable e inclusivo y para la sustentabilidad de la recuperación.
La crisis ha actuado como un hito en el que se pusieron de manifiesto nuevos poderes económicos y quedaron desprotegidos los más débiles. Ahora resulta claro que en términos económicos estamos viviendo en un mundo multipolar con nuevas y emergentes fuentes de comercio, inversión e incluso ayuda. Pero se han producido en los últimos 10 años otros cambios estructurales que, muy significativamente involucran tanto a países y regiones con superávit como con déficit. Los patrones de la demanda y de la producción globales dentro de los cuales los consumidores estadounidenses absorben aproximadamente el 16% de la producción mundial y los ahorristas de los países en desarrollo proporcionaron las líneas de crédito que sirvieron para el pago de los intereses de la deuda de Estados Unidos- han demostrado ser profundamente desestabilizadores y no deberían ser reasumidos.
El Informe 2010 sobre Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) pone en claro que las drásticas disminuciones de los gastos públicos a través de reducciones de déficit y políticas monetarias estrictas pueden tener desastrosas consecuencias para la recuperación y precipitar una nueva depresión.
A escala multilateral, ha habido poco entusiasmo para cambiar el modelo de negocios que precedió a la crisis. Los esfuerzos a escala nacional han encontrado oposición y carencia de ambición por concretarlos, mientras que colectivamente el G20 evitó propiciar todo cambio radical. De hecho, los políticos y los lobbies todavía parecen comprometidos con la agenda previa a la crisis que apunta a un Estado encogido, a la privatización de los servicios públicos y a una actitud dura ante los amplios déficit, todo lo cual puede resultar altamente riesgoso para el crecimiento económico y el bienestar social durante este inmensamente frágil período.
En otras partes, los desequilibrios en áreas tales como la de los alimentos son también una fuente de serias preocupaciones. Parecemos incapaces de comprender el sufrimiento de 1 de cada 6 integrantes de la población mundial que padece hambre aguda y nos desentendemos de la potencial inseguridad política y social que están enfrentando gobiernos en cuyos países el gasto doméstico en alimentos aumentó hasta ubicarse en tres cuartas partes del total de los presupuestos nacionales.
En los últimos 20 años, los mercados de alimentos y energía y los de alimentos y financieros se han hecho cada vez más interrelacionados. La desregulación del comercio de materias primas en los años 90 y el desarrollo de complejos productos derivados condujo a la creciente financialización de los mercados de commodities. Aunque esto proporcionó algunas nuevas oportunidades de inversión, su efecto agregado ha sido el de incrementar la inestabilidad de los mercados de productos alimenticios, la distorsión de los precios a través del comportamiento gregario del mercado y ininteligibilidad de los mercados. Asimismo, en las recientes semanas aumentó de nuevo la especulación. Los precios del trigo subieron un 50% en agosto último y aunque desde entonces han retrocedido algo de todos modos el incremento sugiere que una crisis alimentaria del tipo de la de 2088 en la cual los precios aumentaron aproximadamente un 100%- no está fuera de cuestión en un futuro previsible.
En general, la desigualdad dentro de los países, pero también entre ellos, se ha estado incrementando en todos lados en los últimos 30 años, incluso cuando mejoraban los índices de crecimiento económico. La crisis económica ha representado una ulterior transferencia de riqueza, cuando la deuda privada fue cambiada por deuda pública. Asimismo, son los contribuyentes y los ahorristas domésticos los que resultan finalmente castigados al tener que financiar salvamentos de corporaciones empresariales y soportar recortes del sector público. Los ultra móviles grandes ricos han sido capaces hasta ahora de proteger su opulencia privada debido a la inacción de los gobiernos y del G20 sobre la evasión de impuestos a los ingresos o ante la dañina especulación monetaria, como la del llamado carry trade.
Es hora de cerrar los refugios financieros y de detener los abusos de los privilegios de la riqueza. Ello necesita ser realizado de un modo coherente y la ONU ha hecho propuestas al respecto en su informe sobre la crisis financiera y económica. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Supachai Panitchpakdi es el Secretario General de la Conferencia de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
