Mujeres ugandesas víctimas de violencia de género en la guerra civil del norte del país reclaman justicia en la primera conferencia de revisión del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), inaugurada esta semana en esta capital.
"Mujeres violadas o secuestradas que volvieron con hijos, y otras personas que perdieron su propiedad reclaman justicia", remarcó Jane Adong, de Iniciativas de Mujeres por Justicia de Género, con sede en La Haya.
"Hay un grupo de mujeres que no saben a dónde ir para reclamar justicia. ¿Qué papel desempeña la CPI? ¿Hay algún tribunal en Uganda para juzgar esos delitos?", preguntó.
"¿Qué pasa con el destino de niños y niñas que nacieron en cautiverio. Y los que fueron secuestrados?", añadió Adong. "Las mujeres reclaman un compromiso claro", remarcó.
Las participantes reclaman una voz activa y una representación equitativa en los procesos de paz y de resolución de conflictos. También abogan por un compromiso claro de la CPI y de los estados parte en estos asuntos.
Los responsables que están libres son una amenaza a la paz y a la seguridad. Además quieren conocer el estatus de los pedidos de detención y saber si habrá justicia, dónde y cuándo.
La CPI comenzó investigaciones en cinco países africanos, Kenia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Uganda, sobre crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio.
El tribunal con sede en La Haya emitió 12 órdenes de detención y en breve enviará una citación.
El jefe del ugandés Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, y el reelecto presidente sudanés Omar al-Bashir son algunos de los requeridos, pero aún no detenidos.
"Mientras los responsables estén libres, las mujeres dormirán con un ojo abierto y otro cerrado", señaló Adong.
COMPROMISOS CLAROS
La conferencia que comenzó el lunes y terminará el viernes de la semana que viene analiza el impacto del Estatuto de Roma desde su entrada en vigor 2002. Además se analizará el principio de complementariedad y de colaboración entre los estados, así como el impacto sobre las víctimas y comunidades afectadas y sobre la paz y la justicia.
El principio de complementariedad estipula que la CPI sólo puede intervenir cuando el sistema legal nacional no puede o no esté dispuesto a investigar y procesar casos de crímenes contra la humanidad.
"La colaboración entre los estados es vital para el éxito a largo plazo de la CPI, en especial para garantizar que se cumplan las órdenes de detención", indicó Carla Ferstam, directora de Redress, organización británica que defiende los derechos de víctimas.
"Comunidades sudanesas son las algunas de las que más han sufrido por la falta de colaboración gubernamental. La primera vez que las víctimas oyeron hablar de la CPI y del sistema internacional se mostraron optimistas. Pero ahora están decepcionadas", indicó Amira Mohammad Jair, del capítulo sudanés de Mujeres por Justicia de Género.
La orden de detención de Al-Bashir fue contraproducente para las mujeres del campamento de refugiados y personas desplazadas la oriental provincia sudanesa de Darfur y del vecino Chad, indicó Jair.
"La expulsión de organizaciones no gubernamentales internacionales de Sudán por Al Bashir tiene grandes consecuencias sobre las comunidades afectadas y en especial sobre las mujeres, quienes corren riesgos cuando salen a recoger leña y a buscar agua, lo que las deja vulnerables a hombres armados y a las milicias Janjaweed", explicó Jair.
Se presume que las milicias sudanesas Janjaweed ("hombres a caballo") cuentan con apoyo de Jartum.
Temerosas por las posibles repercusiones, las comunidades afectadas no colaboran con el sistema de justicia.
UNA VOZ
Con mayor representación en los procesos de paz y en la resolución de conflictos, las mujeres podrán lograr cambios más significativos para las víctimas de conflictos armados. Hay varias resoluciones de las Naciones Unidas al respecto, pero su participación sigue siendo marginal.
"No podemos seguir considerándolas como invitadas como ocurre en el proceso de paz de Darfur. Es como si no fueran parte de las negociaciones. A veces, cuando se tratan determinados asuntos, se les pide que se retiren", señaló Jair.
