Estados Unidos está rezagado respecto de varios países de Europa occidental que ya prohibieron la llamada circuncisión femenina contra sus ciudadanas incluso más allá de sus fronteras. Pero esto podría cambiar pronto.
La Ley de Protección a las Niñas y Adolescentes declararía ilegal transportar a una menor de edad al exterior con el objetivo de someterla a una mutilación genital femenina (MGF), término genérico que comprende diferentes procedimientos como la extirpación total o parcial de los órganos sexuales externos de la mujer sin justificación médica y por motivos culturales.
El proyecto fue presentado en el Congreso por los legisladores Joseph Crowley, del gobernante Partido Demócrata, y Mary Bono Mack, del opositor Partido Republicano. Ahora espera la revisión de un comité.
Los rituales de MGF son practicados en muchas partes de África, Medio Oriente y algunos países de Asia, a veces en la primera infancia o cuando las niñas ya han crecido, dependiendo de la cultura local.
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Existen cuatro tipos de MGF que varían en severidad. La más común es la que la Organización Mundial de la Salud define como "resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores"
En Estados Unidos se le ha concedido asilo político a sobrevivientes de la MGF, pero organizaciones como Igualdad Ahora y Refugio para las Familias alertan que también niñas que viven este país podrían estar en riesgo.
Canadá, España, Gran Bretaña y varios países escandinavos ya han adoptado legislaciones similares, conocidas como "provisiones para las vacaciones".
Es común que padres partidarios de la práctica y radicados en Europa o Estados Unidos aprovechen los periodos sin clases de sus hijas para enviarlas a África o a Medio Oriente, donde son sometidas a una ablación.
"Si haces que algo pase a ser ilegal, las personas no querrán romper la ley", dijo Crowley en conferencia de prensa. Si son hallados culpables, los padres podrían ser multados o recibir penas de hasta cinco años en prisión.
Sin embargo, sigue siendo un tema complejo, ya que se debe pensar en el bienestar psicológico de las niñas y tener en cuenta la marginación que sufren las mujeres en algunas culturas.
"No pedimos el arresto de los padres, especialmente de las madres, que por lo general no tienen poder de decisión sobre si sus hijas deben ser o no mutiladas", dijo a IPS la directora de Igualdad Ahora, Taina Bien-Aimé.
El proyecto de ley también iría acompañado de programas educativos y de alcance a las víctimas para crear conciencia sobre la MGF y las graves complicaciones de salud que puede causar.
Las mujeres mutiladas son más vulnerables a infecciones urinarias, problemas en el parto, infertilidad, quistes, muerte y necesidad de cirugía.
Muchas niñas y adolescentes son concientes de estos peligros, pero también temen ser estigmatizadas y rechazadas por los miembros de su familia.
Las madres preparan a sus hijas para el casamiento, señalando que la ablación es un "acto de amor", y así se aseguran de que no sea rechazada por el marido o por el resto de la comunidad. En la terminología de las culturas que llevan adelante esta práctica, se la define como "limpieza", y se la considera una forma de preservar la castidad o virginidad de la mujer.
El proyecto de ley está recibiendo un fuerte impulso gracias a los esfuerzos de los movimientos de base y a los testimonios de sobrevivientes de la MGF.
Fanta, una víctima que logró escapar al procedimiento con el apoyo de sus padres, ha insistido en la presión que sufren las mujeres de su comunidad en Estados Unidos. "Sufrí muchos rechazos. No era aceptada por ciertos miembros de la familia", señaló.
Ya que en el pasado ha sido desestimado y considerado un tema netamente cultural, aquellos que están en mayor contacto con las personas en riesgo, consejeros, trabajadores sociales, policías y maestros, no están hoy capacitados para ayudar, explicó Archana Pyati, abogada de Refugio para las Familias.
Por su parte, Bien-Aimé, subrayó la importancia de redoblar los esfuerzos de la sociedad civil y crear redes dentro de las comunidades como fuente de apoyo e información sobre la MGF.
"Las leyes estaduales también tienen que incluir una provisión para las vacaciones porque los primeros que deben actuar son la policía y los proveedores de servicios (sociales) locales", dijo a IPS.
Actualmente, de los 17 estados de Estados Unidos que prohíben la MGF, sólo Nevada (oeste) y Georgia (sudeste) han incluido este tipo de provisiones.
