Bahrein observa una moratoria de la pena de muerte desde hace cuatro años, pero activistas insisten en que este país del Golfo debe ir más allá y abolir el máximo castigo.
El 23 de marzo, la Corte Suprema Penal sentenció a muerte al inmigrante bangladeshí Russell Mezan, de 26 años, quien había sido condenado por el asesinato de un hombre kuwaití.
En otros países del Golfo, 18 personas recibieron sentencias de muerte también el mes pasado. El 29, la Corte de Shariá (ley islámica) de Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos, condenó a 17 indios por haber matado a un pakistaní y herir a otros tres por disputas en el negocio del alcohol.
El 30, la sentencia a muerte dictada por un tribunal de Kuwait fue el capítulo final de la llamada tragedia de Al Jahra, que dejó 57 muertos luego de que Nasra Yussef Mohammad Al Enezi incendió una tienda de campaña en la que se celebraba la boda de su ex esposo. Si se confirma el veredicto, podría ser la primera mujer de un país del Golfo llevada a la horca.
Bahrein realizó sus últimas ejecuciones de tres personas- en 2006, y activistas se preguntan si continuará la moratoria. Algunos señalan que es necesario ir más allá y eliminar la pena capital porque constituye una mancha en el historial de derechos humanos del país.
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La pena de muerte es aplicable contra crímenes como el asesinato, el tráfico de drogas y la traición al Estado, pero en los hechos se ha implementado sólo en casos de homicidio.
Nadie tiene derecho a quitar una vida, sostuvo Faisal Fulad, miembro de la cámara alta del parlamento y secretario general de la Sociedad para la Vigilancia de los Derechos Humanos en Bahrein.
"Como político y activista por los derechos humanos, creo que la cadena perpetua es un mejor castigo para los asesinos y los criminales de alto riesgo", afirmó.
"Si matas a los asesinos, mueren antes de arrepentirse de sus hechos, pero si los condenas a cadena perpetua les permites cambiar y convertirse en mejores personas", sostuvo.
En 2006, tres bangladeshíes, dos mujeres y un hombre, fueron ejecutados en Bahrein por el delito de homicidio, tras una larga suspensión de la implementación de la máxima pena en este país del Golfo, recordó Fulad. Fueron los primeros en ser llevados a la horca desde 1996.
Fulad trabaja en un proyecto de ley que acabe con la pena de muerte en Bahrein. Pero no será una tarea nada fácil, ya que deberá enfrentar en la cámara baja del parlamento una mayoría de legisladores conservadores que no dudarán en incluir el máximo castigo en las normas contra la corrupción y el lavado de dinero.
Mientras, activistas y expertos legales señalan que los inmigrantes, que representan una importante proporción de los habitantes del Golfo, no reciben una adecuada protección legal y tienen dificultades en los tribunales por no hablar árabe ni contar siempre con un intérprete.
Un informe difundido por el presidente del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos, Nabeel Rajan, denuncia las consistentes y endémicas violaciones a los derechos de los inmigrantes en el Golfo. La mayoría trabajan en la construcción, en el sector petrolero, en hospitales, en oficinas y en hogares.
"Cuando se trata de la pena de muerte, el número de inmigrantes ejecutados es desproporcionado con el tamaño de la población", señala el informe. Hay 12,4 millones de trabajadores extranjeros en el Golfo, la mayoría procedentes de Asia.
Documentos oficiales señalan que Mezan, el bangladeshí sentenciado en marzo, trabaja en un hotel, pero fue acusado de ser proxeneta.
Pese a todo, hay quienes consideran la pena de muerte justificada para algunos delitos.
La psicóloga y activista por los derechos de las mujeres Fakhriya Dairi es partidaria de la aplicación del máximo castigo en casos de violación.
"Ejecutar criminales puede ser cruel, pero que los violadores destruyan el futuro de sus víctimas femeninas es más cruel. La violación es una tragedia para todas las mujeres, pero es peor aquí, pues en las sociedades árabes son rechazadas, y quedan sin esperanza de casarse", dijo Dairi.
La pena de muerte existe en los seis países del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Todos implementan el fusilamiento y la horca, excepto las autoridades sauditas, que siguen las reglas islámicas de decapitación y lapidación.
