Los tribunales de Egipto dictan sentencias de muerte con «alarmante frecuencia», ya que el Estado intenta usarlas como herramienta para frenar la creciente delincuencia, alertan activistas.
Más de 269 condenas a la pena capital fueron dictadas en 2009, contra las 86 del año anterior. Grupos defensores de los derechos humanos señalaron que los tribunales parecen estar actuando bajo presión del gobierno para enviar un fuerte mensaje a la población.
"No habíamos visto algo así en más de 200 años", dijo Nasser Amin, director del Centro Árabe por la Independencia del Sistema Judicial y de la Profesión Legal, con sede en El Cairo. En un caso el año pasado, 24 personas fueron condenadas a la horca, y en otro, otro juez dictó 10 sentencias de muerte.
Egipto ha expandido la aplicación de la pena capital desde que el presidente Hosni Mubarak asumió el cargo en 1981. El máximo castigo, antes destinado sólo a los asesinatos premeditados y a los crímenes contra el Estado, ahora se aplica a más de 40 tipos de delitos, incluyendo el tráfico de drogas, la violación y el incendio provocado.
"En los últimos 20 años, cada vez que este régimen ha afrontado un problema, especialmente uno social, ha intentado de solucionarlo haciendo que los delitos sean castigados con la muerte", dijo Amin. "Un miembro del parlamento recientemente propuso ejecuciones públicas en la Plaza Tahrir (en el centro de El Cairo)".
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Sociólogos señalan que los crecientes índices de delincuencia en Egipto son síntomas de las deterioradas condiciones sociales y económicas, así como del propagado sentimiento de desigualdad e injusticia.
Más de 40 por ciento de los 76,8 millones de egipcios viven en la pobreza, con menos de dos dólares al día, y la crisis económica mundial ha exacerbado esa situación.
Un informe divulgado la semana pasada por el Consejo Nacional para Servicios y Desarrollo Social identificó al aumento poblacional, el alto desempleo, los bajos salarios y el quiebre de la vida familiar como las principales factores que contribuyen a la delincuencia.
También señaló que la propagada corrupción y la falta de fe en el sistema legal han hecho que muchas personas opten por procurar sus intereses por la fuerza.
"La sociedad está sufriendo por la desesperación y la frustración que lleva a la violencia", indica el informe.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución en diciembre de 2007 llamando a una moratoria mundial de las ejecuciones y a revisar la aplicación de la pena capital.
"Es un disuasivo, especialmente en casos de asesinato", dijo el ministro de Estado para Asuntos Parlamentarios, Mufid Shehab, durante una reciente sesión legislativa. "La pena es implementada con todas las garantías de un juicio justo en varias etapas, y el acusado no es ejecutado hasta que el mufti (jurisconsulto islámico) ha evaluado el caso".
La ley egipcia requiere que el Gran Mufti sea consultado sobre todas las sentencias a la pena capital. Esta autoridad, designada por el Estado, debe determinar si el castigo contraviene la shariá (ley islámica), que ordena la muerte en sólo cuatro casos: asesinato premeditado, robo a mano armada, adulterio y apostasía (negación de la fe).
La opinión del mufti no es vinculante, y sólo el presidente Mubarak tiene poder de perdonar o conmutar la sentencia.
Los opositores a la pena capital argumentan que los acusados no reciben juicios justos. Las confesiones son por lo general obtenidas mediante tortura. Leyes de emergencia en vigor desde 1981 permiten al gobierno juzgar a civiles en tribunales militares sin derecho a apelar.
Las condenas a muerte dictadas por tribunales penales regulares pueden ser apeladas en la Corte de Casación. Sin embargo, ese tribunal no vuelve a examinar la evidencia, sino que sólo determina si se siguió el debido proceso.
El sistema judicial egipcio es teóricamente independiente, pero Amin acusa a los magistrados de rendirse ante la presión del gobierno para que sean ellos los que muestren mano dura con la delincuencia.
"La tarea de vigilar a la sociedad es de la policía, no de los jueces", dijo Amin. "El papel del juez es dictar la ley".
En junio pasado, un juez condenó a muerte a 24 personas involucradas en enfrentamientos por una porción de tierra en Wadi Natroun, en el norte de El Cairo. Once personas murieron en los tiroteos, que duraron 48 horas.
"Más personas fueron sentenciadas a muerte por el juez que las que fallecieron en el tiroteo", señaló el presidente de la Organización Egipcia por los Derechos Humanos, Hafez Abu Seada. "Fue un veredicto totalmente equivocado, pues las personas murieron por dispararse entre sí. No se trató de asesinatos premeditados".
Abu Seada también está preocupado por el alto nivel de corrupción y de negligencia en la fuerza policial y en el sistema judicial de Egipto, que incrementa los riesgos de ejecutar a inocentes. El activista citó varios casos en los que se habría condenado a muerte a personas que en realidad no habían cometido ningún delito.
"Ésta es la única sentencia que no puede revertirse", afirmó. "Después de una ejecución, nadie puede hablar de errores".
