A lo largo de la crisis económica mundial, que para algunos está por terminar, poca atención se ha dedicado a la grave situación de los países de África, El Caribe y el Pacífico (ACP). Las políticas occidentales han cultivado la interesada ilusión de que, por tener un sector financiero poco desarrollado, los países ACP no habrían sido afectados por la depresión global.
En toda Europa los gobiernos incurren en déficit presupuestarios para aplicar estímulos a sus economías, pasando por alto los criterios fijados por el pacto de estabilidad, mientras las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, adoptan medidas para protegerse de una liberalización que no parecen capaces de controlar. Sin embargo, le siguen reclamando a los países más pobres que abran aún más sus mercados, que reduzcan sus sectores administrativos y que renuncien a funciones esenciales del poder público como las políticas sobre inversiones y mercados. A estos países se les exige que acaten un Consenso de Washington en el que Washington ya no cree.
¿No es mejor admitir el impacto que la crisis asesta a los países ACP? Los perjuicios están a la vista. Por ejemplo, la disminución del 20% de las inversiones extranjeras directas en el 2008 no ayudará al desarrollo ni a la inserción de este grupo de países en el comercio mundial. Y esa cifra no cuenta el efecto considerable de la reducción de las transferencias de dinero de los trabajadores emigrados a las naciones desarrolladas, de las que dependen innumerables familias en el Sur. A esto se agrega el perjuicio que la baja de los precios de las materias primas inflige a los países en desarrollo exportadores de alimentos.
En el 2009 se han sumado 200 millones de personas a los 1.300 millones que viven con menos de dos dólares diarios. La depresión ha propinado un duro golpe al alcance del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que postula la erradicación de la pobreza y del hambre.
Más allá de las consecuencias directamente mensurables, es inquietante el cambio que se advierte en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y los países ACP. La política del Fondo Monetario Internacional en los años 80 ha sido totalmente errónea y ha causado daños irreparables, pero se trataba de una estrategia claramente identificable. Hoy en día, tras el fracaso flagrante de la ideología neoliberal, no ha surgido una nueva estrategia que la reemplace. Estamos en un período de flotación donde el laisser-faire se mezcla a un sentimiento de inquietud ante un futuro que los dirigentes políiticos no aciertan a prever. Las decisiones se adoptan aisladamente y la crisis sirve a la UE de pretexto para argumentar que carece de medios para la solidaridad, cuando en verdad se trata de falta de proyectos.
Cuando Pascal Lamy era el titular de comercio de la Comisión Europea, concibió un proyecto de integración regional para el grupo ACP basado en unos acuerdos de asociación económica (EPAs). Pero los países ACP son renuentes a comprometerse con tales acuerdos ya que no consideran los diferentes niveles de desarrollo entre los distintos países. De esta manera, se revela el fracaso del método de negociación agresivo escogido por la Comisión Europea, contra el que estamos luchando enérgicamente en el seno del comité de comercio internacional del Parlamento Europeo.
Ante esta crisis que constituye una amenaza tanto para la economía de las naciones ACP como para el futuro de las relaciones de la UE con esas regiones, la acentuada liberalización del intercambio comercial y la indiferencia en materia financiera, no pueden ser la respuesta. Si la apertura de las barreras europeas a las exportaciones del grupo ACP durante más de treinta años no ha permitido su desarrollo, no es debido a la falta de reciprocidad, como algunos pretenden, sino a la falta de asistencia.
La prioridad, ahora, debe ser la diversificación de las economías ACP, la multiplicación de las infraestructuras, la transferencia tecnológica y el respaldo a las cadenas de producción, para incentivar la creación de valor agregado. Asimismo, reforzar el sostén a los sectores educativo y sanitario. Sólo una ambiciosa política en esa dirección, concertada entre la UE y los países ACP permitirá a estos últimos una salida del círculo infernal de una cultura exportadora que no conduce al desarrollo económico.
Este es el desafío que se le plantea a la nueva legislatura del Parlamento Europeo y a la comisión de comercio internacional, en la que estamos trabajando para que la política comercial de la UE asuma el desarrollo como prioridad. Para los parlamentarios europeos, el difícil contexto económico actual debería constituir un aliciente para concebir un nuevo orden mundial independiente de los egoísmos nacionales o regionales y favorable a un desarrollo armonioso de todo el planeta. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Kader Arif, miembro del Parlamento Europeo y primer vicepresidente de la asamblea parlamentaria conjunta ACP-UE.
