Nuevos detalles sobre los abusos cometidos contra civiles en el sur de Sudán y en la occidental zona de Darfur emergen durante una conferencia en Moscú, en la que grupos de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales analizan la situación en ese país africano.
Human Rights Watch (HRW) presentó un informe este miércoles condenando la nueva ola de violaciones a los derechos humanos en Sudán.
El informe titulado "Un paso hacia adelante" —el número 55 divulgado por HRW sobre Sudán— detalla "un complejo mosaico en el que el factor común son las practicas represivas del gobierno del NCP (Partido Nacional del Congreso)".
"En vez de construir la confianza entre los grupos en Sudán en este crítico periodo, (el gobierno) continúa reprimiendo a la oposición política, sofocando el libre flujo de información, cometiendo violaciones a los derechos humanos y perpetrando ataques indiscriminados contra civiles", denuncia el informe.
El estudio menciona instancias específicas de ataques a la población en la región de Darfur, falta de protección a civiles durante los conflictos entre tribus en el sur del país y arrestos arbitrarios de prominentes figuras de la sociedad civil en Jartum, la capital.
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"El informe está destinado a todos (los que participan) en la conferencia de Moscú. Lo que queríamos hacer era mostrar la situación en el terreno en Sudán y las opciones que los políticos podrían tener esta vez", dijo Georgette Gagnon, directora para África de HRW.
"Desde nuestro punto de vista, los políticos parecen pensar que la situación en Darfur o está mejorando o no empeora, y en realidad hemos documentado muy claramente que cada día hay nuevos abusos, y que la situación no está mejorando para nada", añadió.
Algunos de los casos registrados por HRW ocurrieron luego de que la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana para Darfur (Unamid) afirmó en agosto que el conflicto había terminado.
La conferencia de Moscú, auspiciada por el enviado especial de Rusia a Sudán, Mikhail Margelov, comenzó el martes. En ella participan hasta este miércoles la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, la Liga Árabe, China, Estados Unidos, Holanda, Suecia y el propio Sudán, así como prominentes organizaciones no gubernamentales (ONG).
Funcionarios estadounidenses han recibido críticas por cambiar de actitud hacia Jartum. Al nuevo enviado de Washington a Sudán, J. Scott Gration, se le echa en cara el haber propuesto la normalización de las relaciones diplomáticas.
El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá pronto para decidir el destino de la Resolución 1591, que impuso castigos a Sudán. Se espera que el Comité presente en las próximas semanas un completo informe incluyendo detalles de los últimos abusos cometidos por el gobierno sudanés.
Aunque gran parte de la comunidad internacional ha condenado los abusos de Sudán, China miembro permanente del Consejo de Seguridad y con poder de vetohasta ahora se ha ausentado de las discusiones.
Beijing posee fuertes lazos económicos con Jartum, y se ha informado que le ha vendido armas.
El gobierno de Sudán, tristemente célebre por su brutalidad y por la explotación de las tensiones étnicas y tribales contra sus numerosos enemigos internos, ha sido desde hace tiempo foco de atención de las ONG y activistas por los derechos humanos.
Las campañas de los militares sudaneses y de las milicias árabes Janjaweed contra las tribus locales en Darfur han recibido una gran condena mundial.
Estos ataques, que grupos de derechos humanos e incluso el gobierno del presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) calificaron de "genocidio", se caracterizan por masacres, violaciones y saqueos contra civiles.
Las atrocidades registradas en Darfur llevaron a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el presidente sudanés Omar Al Bashir, acusándolo de crímenes contra la humanidad.
Varias ONG también condenaron al gobierno de Al Bashir por sus acciones durante la Segunda Guerra Civil Sudanesa, que comenzó en el sur de ese país en 1983, dejando al menos 1,9 millones de muertos.
La guerra terminó en 2005 con el Completo Acuerdo de Paz, aunque Jartum es reiteradamente acusado de violarlo.
Otro tema de preocupación es el desarrollo de las elecciones nacionales previstas para abril del año próximo, así como el referendo en 2011 sobre la independencia de la semi-autónoma región de Sudán del Sur.
El gobierno sudanés y los grupos en el sur del país están en medio de una carrera armamentista en anticipación a una violencia pre-electoral, según la organización Small Arms Watch, con sede en Ginebra.
El barco ucraniano MV Faina, secuestrado por piratas somalíes en septiembre pasado, contenía tanques T-72 de la era soviética. El servicio de información militar Janes Defense Weekly publicó fotografías tomadas por satélite de los tanques siendo descargados en Kenia, de donde se informó serían trasladados al sur de Sudán.
El portavoz de la cancillería sudanesa, Moawya Othman Khaled, reaccionó a las acusaciones de HRW señalando que eran fruto de una "oscura organización con una agenda sospechosa", según informó la cadena de noticias Bloomberg.
