Cabalgando sobre la exuberancia reciente de los mercados emergentes, los fondos de pensiones chilenos han reducido a poco menos de la mitad las inmensas pérdidas que han sufrido durante la crisis económica mundial. De poco sirve.
Según el seguimiento diario de las pérdidas disponible en www.cendachile.org, sobre la base de cifras oficiales, entre julio del 2007 y marzo del 2009, éstas alcanzaban a 18 billones de pesos chilenos de ese período (casi 33.000 millones de dólares al cambio actual de 550 $/US$).
Esa cifra equivale a más de seis años completos de contribuciones a la seguridad social. Por otra parte dicha suma es casi igual a todo lo ganado por el fondo entre 1981 y diciembre del 2006.
El sistema de pensiones público chileno fue creado en 1925 y aún hoy entrega pensiones a 3 de cada 4 adultos mayores y a 9 de cada 10 mayores de 70 años. Fue privatizado en 1981 por José Piñera, ministro del gobierno del general Augusto Pinochet. Se empujó a los afiliados al sistema público a cambiarse a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sin posibilidad de retorno, asegurándoles que lograrían mejores remuneraciones y pensiones magníficas. Las más de las veces el cambio fue forzado por los empleadores. Todos los contratos nuevos a partir de entonces obligan a cotizar en las AFP. En el 2002 se establecieron cinco fondos con distintos niveles de riesgo, entre los cuales los afiliados pueden optar.
El fondo en su conjunto llegó a perder un 30 por ciento, cifra que subió a 47 y 36 por ciento, respectivamente, en el caso de los fondos más riesgosos. Estos últimos, denominados A y B, concentran el 52 por ciento de los afiliados.
La apuesta de las AFP ha consistido en aumentar su exposición a las inversiones en renta variable en el extranjero. Entre octubre del 2008 y agosto del 2009 los límites autorizados por el gobierno han subido de 65 a 80 por ciento en el caso del fondo A y de 45 a 60 por ciento para el fondo en su conjunto. Incluso se ha permitido invertir en el extranjero hasta un 25 por ciento del más conservador fondo E, el único que no ha sufrido pérdidas hasta el momento, por estar invertido en renta fija en el país.
Aunque parezca increíble, en este año se han autorizado incluso las inversiones en derivados financieros, con la sola condición de que tengan buenas notas de parte de las clasificadoras de riesgo. ¡Las mismas que clasificaron con nota máxima (AAA) a los derivados tóxicos e instituciones financieras que desencadenaron la crisis!
Es un gambito irresponsable. El Financial Times ha calificado a los sucesivos vaivenes de los mercados emergentes como un "boom especulativo provocado por el optimismo de los países desarrollados."
La crisis ha puesto de manifiesto que a lo largo del último siglo los mercados financieros mundiales han estado a pérdida la mayor parte el tiempo y el precio de las acciones ha crecido menos de un 1,6 por ciento anual promedio. Eso es manifiestamente insuficiente para sostener un sistema de pensiones como el chileno, basado exclusivamente en la capitalización individual.
Por otra parte, el sistema descansa en las compañías de seguros privadas, a las cuales se traspasa la propiedad de los fondos al jubilar a cambio del compromiso de pagar una pensión vitalicia. La crisis ha demostrado que las más grandes de estas compañías han caído en insolvencia manifiesta.
Los costos de administración han sido escandalosos: las AFP y las compañías de seguros relacionadas se han embolsado uno de cada tres pesos contribuidos al sistema desde su creación en 1981.
Mientras tanto, las pensiones pagadas a sus afiliados resultan ser la mitad de las que reciben todavía los afiliados al sistema público con historias laborales equivalentes. Las mujeres han perdido el derecho que les daba el sistema público a jubilarse a los 60 años con pensiones calculadas mediante la misma fórmula que a los hombres de 65 años. En las AFP reciben menos que los hombres, aún en el caso que se jubilen a la misma edad y con un mismo fondo ahorrado, puesto que ellas tienen una esperanza de vida mayor.
Por estos motivos, Chile carece actualmente de un sistema de pensiones solvente. Es urgente permitir que las personas próximas a la jubilación regresen al sistema público. Será necesario reconstruir para todos un sistema de pensiones público basado en el mecanismo de reparto, que no depende de los mercados financieros sino que se financia con el flujo establemente creciente de las contribuciones anuales.
Dicho flujo en 1981 alcanzaba para pagar todas las pensiones y sobraba un tercio. Desde entonces ha crecido a una tasa de 6,5 por ciento anual en promedio, mientras el número de adultos mayores crece a menos del 3 por ciento. Apropiarse íntegramente de dicho flujo, eso es precisamente lo que lograron las AFP, las aseguradoras y los mercados financieros. Mientras tanto, todas las pensiones las ha continuado financiando el Estado. Ahora se trata de recuperarlo para pagar buenas pensiones vitalicias a todos. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Manuel Riesco, economista chileno, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y director de la Fundación de Superación de la Pobreza.
