El paradisíaco entorno de West Point, en la colina más alta de la capital de Liberia, bañada por el océano Atlántico, con arenas doradas y pequeños barcos de madera, aloja uno de los asentamientos más pobres de Monrovia, asolado por las violaciones.
La alarmante cantidad de violaciones y abusos contra niños, niñas y mujeres choca con la lentitud del sistema de justicia.
"Decidimos organizarnos porque los hombres golpeaban a las mujeres y violaban a los niños", señaló Diana Mah, del Grupo de Acción de Mujeres de West Point, fundado en 2005, cuando ya no pudieron tolerar que se ignorara el problema.
La inestabilidad política y la guerra civil que asoló a este país hasta 2003 causaron estragos. Unas 250.000 personas perdieron la vida, según el Grupo Internacional de Crisis.
Casi 75 por ciento de las liberianas entrevistadas para un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en seis países, dijeron haber sido violadas.
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West Point es un microcosmo de la realidad nacional.
Convertido en un laberinto de callejuelas sucias y ruinosas chozas de lata, la pobreza de sus 65.000 habitantes se agrava por las lluvias torrenciales, la falta de agua potable y saneamiento, los brotes de cólera, paludismo (malaria), fiebre tifoidea y tuberculosis y la violencia imperante, en especial la de carácter sexual.
Cuando los padres de una niña violada decidieron hablar, "las mujeres comenzaron a denunciar los abusos y sentimos la necesidad de hacer algo", relató Mah. La organización se creó tras la decisión de reclamar justicia a la Asociación de Abogadas de Liberia y al Ministerio de Género.
"Ahora cuando una mujer sufre un episodio de violencia, nos hacemos cargo del caso. Llevamos a la víctima al hospital y denunciamos el hecho en la justicia", apuntó.
El problema es que "alguna gente no denuncia las violaciones por vergüenza y le dicen al menor que se quede en silencio. Cuando les preguntamos nos dicen no, aquí no pasó nada", relató Nelly Cooper, directora del Grupo de Acción de Mujeres de West Point.
La situación se agrava cuando el agresor compra con dinero el silencio de la familia de la víctima.
El fin de la guerra civil no terminó con las prácticas violentas en Liberia, donde la violencia de género alcanza cifras alarmantes y son especialmente perturbadores los delitos sexuales contra menores.
"La mayoría de los casos que recibimos son de menores de edad", indicó Oretha Brooks, abogada de la clínica de Violencia Sexual y de Género de Duport Road.
Las víctimas suelen acercarse a la clínica para hacerse un análisis de embarazo, para saber si contrajeron el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), recibir tratamiento, asistencia psicológica y asesoramiento para denunciar la agresión.
En los primeros seis meses de este año, casi 700 mujeres, niñas y niños fueron atendidos en la clínica por agresión sexual. Alrededor de 40 por ciento de las menores tenían entre 13 y 18 años, seguidas del grupo de entre cinco y 12.
Pero el dato más escalofriante son los 77 menores de cinco años violados.
"No tengo la cifra exacta de bebés que recibimos el mes pasado, fueron tres o cuatro. A veces los padres salen y cuando vuelven los encuentran sangrando", señaló Brooks.
En el mismo periodo hubo 100 violaciones en grupo, aunque la mayoría de las agresiones fueron perpetradas por una sola persona que, por lo general, conocía a la víctima.
La respuesta del sistema judicial ante la gran incidencia de delitos sexuales en Liberia no es buena. La lentitud del proceso, en parte por la falta de recursos, lleva a la acumulación de casos y a que haya una enorme población carcelaria sin sentencia definitiva, lo que es un gran obstáculo para el procesamiento de delitos sexuales.
"Cuando logramos que finalmente el caso sea estudiado, las víctimas ya debieron pasar por tantas instancias dolorosas y debieron ver al agresor, que se terminan hartando de la lentitud del sistema", explicó Kulah Borabor, abogada de West Point.
Tras la asunción de la presidenta Ellen Johnson Sirleaf en enero de 2006 se aprobó una nueva ley ampliada y revisada sobre violencia sexual, pero el procesamiento de este tipo de delitos suele ser relegado por los casos de homicidio. Además los abogados y jueces no están familiarizados con la norma.
A principios de este año, el gobierno creó una unidad dentro de la fiscalía para los casos de violencia sexual y de género y un tribunal especial para tratar los casos acumulados en el condado de Montserrado, donde se encuentra la capital.
El objetivo de las autoridades es crear otros en el resto del país después de un periodo de prueba de 18 meses.
La unidad especial de la fiscalía y el tribunal conocen bien la nueva ley y tienen infraestructura, equipamiento y personal calificado para lidiar con los casos más delicados. Se utiliza una cámara para que la víctima no tenga que ver a su agresor.
La segunda sesión del tribunal comenzó en la segunda semana de este mes con dos casos en la agenda: la violación en grupo de una niña de cinco años y la de una adolescente.
En la primera instancia, un imputado fue condenado a la máxima pena prevista por la legislación para delitos sexuales: cadena perpetua.
Actualmente, 140 detenidos por violación de la Prisión Central de Monrovia esperan ser procesados.
El gran desafío del tribunal especial para delitos sexuales es recuperar el tiempo perdido.
