Taelo Motseki tenía todos los motivos para mostrar una amplia sonrisa a pesar del frío de la tarde. Su familia, junto a otras 21 desplazadas de la aldea Ha Mohale por el Proyecto del Agua de Montaña, finalmente ganó una batalla de una década para recibir una compensación.
El 8 de este mes, el defensor del Pueblo (ombudsman), Sekara Mafisa, revirtió una decisión anterior y falló a su favor, poniendo fin a una situación que había sido motivo de frustración y furia para las 22 familias ahora reubicadas en el barrio de Ha Matala, en Maseru, capital de este país de África austral.
"Ha sido una larga y dolorosa espera, porque desde que nos mudamos a Maseru la vida ha sido muy difícil debido al cambio de ambiente", dijo Motseki a IPS.
Ha Matala no es en absoluto un lugar marginado: está conformado por varias casas bien construidas, a diferencia de las chozas que caracterizan gran parte de la capital.
El desalojo de las familias en 1998 implicó una gran transformación. "Tuvimos que cambiar nuestra forma de vida. Estábamos acostumbrados a tener la mayoría de las cosas gratis, como agua y energía. Aquí tenemos que pagar por ellas. Y la demora en la compensación lo hizo más difícil", explicó Motseki.
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"Yo era un agricultor entonces. Tenía 30 vacunos, 13 burros, 100 bovinos y cuatro caballos. Y tuve que dejarlo todo, no pude quedarme con nada. Fue lo más doloroso que ha vivido", añadió.
Las familias habían sido expulsadas para permitir la puesta en práctica de un gigantesco proyecto de ingeniería destinado a suministrar agua a un centro industrial en la provincia sudafricana de Gauteng.
Las familias fueron realojadas en Ha Matala, y al parecer se les aseguró que serían compensadas por la pérdida de sus propiedades y recursos comunitarios, como tierras de pastoreo, plantas medicinales y combustibles tradicionales, entre otros.
Anna Moepi Mahao, otra residente de Ha Matala, dijo que el último fallo del ombudsman trajo esperanza a sus vidas, que se vieron totalmente trastocadas desde que fueron desalojados de su aldea Ha Mohale.
"Los administradores del Proyecto nos prometieron dinero, aunque ahora son renuentes a dárnoslo. Dejamos nuestras formas de sustento allá, y la mayoría de nosotros no estamos trabajando. Ha sido difícil vivir aquí en Maseru en los últimos 10 años. Espero que la Autoridad (para el Desarrollo de las Montañas, que administra la compensación) entre en razón y nos pague lo que nos debe", dijo Mahao.
La disputa comenzó cuando los aldeanos y las autoridades del Proyecto no lograron un acuerdo sobre cómo se concretaría la compensación. Las familias querían resarcimientos por hogar, mientras que la Autoridad insiste en hacer un pago a la comunidad de Ha Matala en general.
Tras una audiencia pública en 2003, el ombudsman aceptó el argumento de la Autoridad, según el cual la compensación sólo crearía tensión entre antiguos y nuevos residentes de Ha Matala.
Pero las familias se negaron a aceptar esto, y ahora convencieron al defensor del Pueblo de que, al tratarse del primer grupo en ser trasladado de las tierras altas rurales a una ubicación urbana, su caso no estaba contemplado en la Política de Compensaciones de 1997, como sostenían los responsables del Proyecto, sino que merecían otro tipo de resarcimiento.
Las familias subrayaron que se les había dicho que serían reubicadas en un área municipal de Maseru donde se les permitiría conservar su ganado, y que tendrían que pagar por servicios como agua y electricidad.
Pero, a diferencia de otras familias reubicadas en comunidades rurales, los habitantes de Ha Matala perdieron sus formas de sustento y por tanto los únicos medios que tenían para pagar los servicios públicos en la ciudad.
El ombudsman aceptó finalmente ordenar al Proyecto que pagara una compensación, así como intereses por lo que consideró una demora sin motivos. De esta manera, cada familia espera recibir un poco menos de 300 dólares al año, o 6.150 dólares si optan por recibir la suma completa.
Pero los aldeanos podrían estar celebrando demasiado pronto. El jefe ejecutivo del Proyecto, Masilo Phakoe, ya anunció que apelará el último fallo del ombudsman.
