La evolución positiva hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo y la reducción de las ejecuciones en el último decenio ha sido confirmada en el último informe de Que Nadie Toque a Caín e incluye a China, responsable de más de 80% del total de ejecuciones, donde las autoridades se pronuncian ahora a favor de una disminución progresiva hasta llegar a «un número sumamente limitado de ejecuciones». Así lo anunció el vicepresidente de la Corte Suprema de China, Zhang Jun, en declaraciones publicadas el 29 de julio.
En los dos últimos años hemos podido registrar que las sentencias capitales de los tribunales chinos han disminuido hasta el 30%, mientras por su parte la Corte Suprema ha anulado el 15% de las que examinó. La ulterior reducción proclamada por la Corte Suprema reforzaría la tendencia en curso y aunque no implica un cambio de política hacia la abolición inmediata de la pena de muerte o hacia reformas radicales en sentido democrático, es un dato extremadamente relevante en términos de vidas humanas, ya que todavía las ejecuciones en China se cuentan por millares.
Se trata ahora de favorecer y acelerar este proceso que se encamina en la dirección de la moratoria universal de las ejecuciones aprobada por las Naciones Unidas, en la perspectiva de la abolición definitiva de la pena capital en el mundo.
Para la organización abolicionista Que Nadie Toque a Caín, cuyo informe abarca todo el 2008 y los primeros seis meses del 2009, el objetivo prioritario es suprimir los «secretos de Estado» sobre la pena de muerte que todavía rige en China y en muchos otros países, casi todos autoritarios.
Sabemos que la falta de información pública sobre la real aplicación de la pena capital es una de las causas directas del elevado número de ejecuciones. Por ello pedimos que el Secretario General de las Naciones Unidas nombre un Enviado Especial con la tarea de observar la situación en los países mantenedores y exigir una mayor transparencia en el sistema de la pena de muerte..
El informe muestra que los países o territorios que han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica son hoy 151, de los cuales 96 son completamente abolicionistas. Los países abolicionistas de hecho -que no hacen ejecuciones desde hace no menos de diez años o se ha empeñado internacionalmente en la abolición-, son 42. En sentido inverso, los países mantenedores son menos cada año: eran 54 en el 2005, 51 en el 2006, 49 en el 2007 y 46 en el 2008.
Por su parte, el número de ejecuciones en todo el mundo, que para el 2007 se estimó en 5.851, bajó a 5.727 el año pasado.
En este contexto Asia es una vez más el continente en el que se practica la casi totalidad de las ejecuciones en el planeta: al menos 5.666 en el 2008 -equivalente al 98.9% del total-, en disminución con respecto a las 5.782 del 2007. De frente a estas cifras escalofriantes tenemos -siempre en el 2008- 38 ejecuciones en el continente americano (37 en Estados Unidos y 1 en Saint Kiits), 19 en Africa y cuatro en Europa, todas en Bielorusia que continúa siendo la única excepción en el Viejo Continente.
Los tres mayores ejecutores en el mundo son China, primera en esta terrible clasificación, seguida, pero muy de lejos por Irán y Arabia Saudita. Los tres países padecen regímenes autoritarios.
El primado de China es abrumador. Que Nadie Toque a Caín estima que en el 2008 se efectuaron al menos 5.000 ejecuciones, un número cercano al del 2007 pero en disminución con respecto a los años anteriores. Según otra fuente especializada, la Fundación Dui Hua, las ejecuciones en el año pasado fueron más de 5.000 y pueden haberse acercado a 7.000. Las distintas estimaciones no podrán ser precisadas hasta tanto se conserve el secreto de Estado sobre las condenas y las ejecuciones.
No obstante, es un hecho que las disminuciones de las ejecuciones han sido significativas desde el 1 de enero del 2007, cuando entró en vigencia la reforma judicial que dispone que todas las sentencias capitales emitidas por tribunales de grado inferior sean revisadas por la Suprema Corte, que ha comunicado la anulación del 15% de las condenas que examinó en el 2007 y en el primer semestre del 2008 (sin mercionar el número de casos).
A pesar de esta primera señal de una inclinación aparentemente legalista, la máxima pena se sigue aplicando a acusados de crímenes violentos y no violentos, mientras los abogados chinos denuncian que se les obstruye el aceso a sus defendidos y que muchas confesiones se obtienen por la fuerza. También se critica la frecuencia con que se suspenden las sentencias a funcionarios públicos que se apropiaron indebidamente de sumas millonarias, mientras a ciudadanos comunes que han robado sumas muy inferiores se los elimina con inyecciones letales o con un disparo a la nuca. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Elisabetta Zamparutti, diputada italiana, dirigente del Partido Radical y editora del informe anual sobre La Pena de Muerte en el Mundo de la organización abolicionista Que Nadie Toque a Caín.
