Hace un año, una madre del condado ugandés de Kashari hizo justicia por mano propia y castró a un hombre al que encontró violando a su hija de siete años.
"Pienso que se lo merecía. Si hoy lo encontrara volvería a hacérselo", dijo Kyomugisha.
"Cuando llegué al bosque que hay detrás de mi casa no podía creer lo que veían mis ojos: ese hombre anciano estaba encima de mi hija menor. Tuve suerte de que todavía estuviera desnudo. Usé un cuchillo que tenía en la cesta de mi jardín para cortar su órgano", relató.
La historia tuvo una amplia cobertura en los medios. Muchos activistas por los derechos de los niños, niñas y mujeres, entre ellos Miria Matembe, ex ministra de Ética e Integridad de Uganda, aplaudieron la acción de Kyomugisha.
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Matembe había cobrado notoriedad por manifestar que los hombres que violan a menores de edad deben ser castrados como método de disuasión.
El abuso a los niños es rampante en Uganda. En el norte, afectado por la guerra, soldados y rebeldes por igual han sido responsables de numerosas violaciones. Pero incluso cuando no se puede culpar a los conflictos de destruir el tejido social, las niñas son vulnerables a los ataques de sus familiares en el hogar y de sus maestros en la escuela.
Aunque la profanación —como se conoce a la violación de un menor bajo la ley ugandesa— conlleva una sentencia máxima de muerte, este castigo nunca le fue infligido a nadie condenado por ese delito. Muchos cumplen sentencias de prisión.
"Se supone que los maestros deben ser los custodios de las niñas, pero son la misma gente que profana y fecunda a estas niñas", dijo a IPS Beatrice Anywar, parlamentaria en representación del septentrional distrito de Kitgum.
"Así que las niñas no están seguras en el hogar, ni en la calle, ni en las escuelas. En la casa las profanarán los hombres jóvenes y tíos, en la calle los llamados viejos verdes que las profanan, en las escuelas son los maestros quienes las profanan y las fecundan", agregó.
A comienzos de abril, un maestro de la enseñanza primaria, John Bosco Sempijja, fue condenado y sentenciado a prisión por siete años, luego que se declaró culpable de mantener relaciones sexuales con dos de sus alumnas, de 12 y 13 años.
El mes pasado, otro hombre, de 34 años, fue sentenciado a 10 años por violar a una niña de cinco años y contagiarle enfermedades venéreas.
La Red Africana para la Prevención y la Protección contra el Abuso y el Abandono Infantiles, está entre las organizaciones críticas de estas condenas, argumentando que las sentencias no alcanzan como método de disuasión.
Un estudio financiado por el Banco Mundial en 2008 señaló que una de cada 25 niñas de entre 12 y 17 años fueron atacadas sexualmente por sus maestros. Dicho de otro modo, 43.000 niñas en las escuelas primarias fueron violadas.
Diez por ciento de las niñas encuestadas, en 380 escuelas de 17 distritos de Uganda, admitieron haber participado en relaciones sexuales. Aproximadamente 40 por ciento de estos vínculos sexuales fueron con maestros.
Los maestros atraen a las niñas hacia el sexo prometiéndoles regalos y buenas notas en clase. Incluso sin esos incentivos, las niñas temen las probables consecuencias de negarse a ceder ante los avances sexuales de sus maestros.
Los embarazos tienen un impacto importante sobre la cantidad de niñas que desertan de la escuela. Como en Uganda el aborto es ilegal, muchas niñas son obligadas a llevar a término embarazos generados en una violación.
No hay disposiciones que promuevan que las jóvenes madres sigan yendo a la escuela, y muchas la abandonan, lo que tiene importantes consecuencias en su futuro.
La educación de mujeres y niñas está estrechamente ligada a un mayor poder de toma de decisiones sobre cuestiones de finanzas y salud reproductiva, como el uso de condones o la búsqueda de tratamiento para enfermedades de transmisión sexual.
"No toleramos a los maestros que profanan alumnas. Donde se los descubre remitimos el asunto a la policía y algunos han sido condenados. Muchos han sido destituidos del servicio porque, según nuestro código de conducta, un maestro no debe tener una relación sexual con las alumnas", dijo a IPS la ministra de Educación, Geraldine Namirembe Bitamazire.
Pero algunos de los maestros destituidos de escuelas del gobierno simplemente cambian de distrito o buscan empleo en escuelas privadas, porque no hay un sistema para rastrear abusadores.
Según Alice Alaso, parlamentaria de la oriental municipalidad de Soroti, dijo que este problema debería haberse eliminado, porque el país tiene buenas leyes en vigor.
El problema es la implementación entre los ciudadanos comunes y con la policía, dijo.
"Nuestros policías se han vuelto corruptos. Algunos de ellos porque encubren estos asuntos. Así que cuando un (violador) es arrestado, se halla sobornos y arreglos por fuera de la corte, y no se hace ningún arresto", señaló.
Alaso censuró la actitud de los padres por contribuir a mantener la alta proporción de abusos sexuales.
"Normalmente se los ve pidiendo unas pocas vacas o dinero para perdonar (a los violadores). Ése no era el espíritu de la ley, que sí era muy punitivo. De hecho, si se lleva a estos culpables ante la ley, los acuerdos punitivos serán un disuasor" efectivo, opinó.
Ningún violador quiere comparecer ante tribunales con la amenaza de pasar 15 años o el resto de su vida en prisión, sostuvo. "Pero como la implementación ha sido mala y los implementadotes han sido irresponsables, la profanación continúa siendo rampante", lamentó.
Según Alaso, por lo general los padres reportan un caso a la policía negociando con el acusado para llegar a un arreglo fuera de tribunales, a cambio de dinero u otros bienes.
Algunos investigadores policiales corruptos se aprovechan de esas negociaciones para compartir las ganancias con los progenitores de las niñas violadas, agregó.
El vicefiscal general de Uganda, Freddy Ruhindi, dijo que los tribunales del país están siendo fortalecidos para acelerar las demandas por violación.
"No es verdad que no estemos haciendo nada para reducir estas prácticas", afirmó, señalando que se descentralizó el manejo de los casos de violación, poniéndolos en manos de tribunales de menor rango a fin de agilizar los procedimientos.
"En algunos casos los sospechosos no son condenados por falta de evidencia", añadió.
En enero fueron retirados los cargos por lesiones corporales graves contra Malita Kyomugisha, cuando el demandante no compareció ante la sede judicial.
