MUJERES-NAMIBIA: Ligadura de trompas contra el sida

Anna Shikongo quería tener más hijos, pero el pequeño Johannes, de cinco meses, será el último. Fue esterilizada por médicos de un hospital estatal de Namibia y ahora les hará juicio.

"Violaron mis derechos. Alguien tiene que hacerse responsable", remarcó Shikongo, de 38 años, en su vivienda de chapas de Okahandja Park, un municipio pobre de la capital de Namibia.

El 29 de diciembre de 2008, Shikongo fue ingresada al hospital de Katutura, en Windhoek, para una cesárea porque ya llevaba dos semanas de atraso según la fecha de parto prevista.

"De noche vino una médica negra y me dijo: 'cuando te operemos mañana te vamos a cerrar porque tienes VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y ya tuviste demasiados hijos. Tu útero está cansado'. Cuando dicen 'cerrar' en oshiwanbo quieren decir esterilizar", explicó Shikongo.

"Me dio mucho miedo, pero no sabía si le podía decir que no a una médica. Al día siguiente volvió y me dio un formulario verde. Me pidió que escribiera lo que me iba a decir: que consentía a la esterilización porque me parecía que había tenido demasiados hijos", relató.
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"Tras sacar al bebé, la médica ordenó a un colega blanco, 'corte, corte de nuevo y ahora apriete fuerte'", apuntó.

Shikongo es una de las 20 mujeres que denuncian haber sido esterilizadas a la fuerza por médicos del hospital estatal. Todas pertenecen a contextos socioeconómicos pobres y casi sin educación. Además, todas son portadoras del VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Por su parte, el Ministerio de Salud alega que los procedimientos se realizaron con el consentimiento de las pacientes y por lo tanto fueron legales.

"Los médicos pueden recomendar un procedimiento, pero la paciente debe dar su total consentimiento de forma libre y voluntaria y nunca bajo coacción", explicó la abogada Linda Dumba, del Centro de Asistencia Legal, de Windhoek, representante de las mujeres.

Uno de los formularios de consentimiento fechado en diciembre de 2008 señala que la naturaleza de la "ligadura de trompas" debe ser explicada a la paciente y debe decírsele que "el objetivo de la operación es esterilizarla y que ya no podrá ser madre".

IPS pudo ver un formulario que no tenía la firma del médico, un requisito obligatorio.

La situación saltó a la luz en un taller organizado por la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/sida, realizado en 2008 en Namibia, donde tres participantes relataron haber sido esterilizadas a la fuerza.

El Centro de Asistencia Legal organizó reuniones en las comunidades pobres de Windhoek para alertar sobre la situación las mujeres con VIH/sida. Así fue como se enteraron de muchos casos más.

La organización registró en Sudáfrica 12 casos de lo que llamó esterilización coercitiva en centros de atención de salud pública.

"Diecinueve de los 20 casos documentados en Namibia ocurrieron en dos hospitales estatales de Windhoek y uno en el de Oshakati, en el norte del país", indicó Dumba. "Los primeros se registraron en 2003 y los últimos, en 2008. Eso quiere decir que se realizaron esterilizaciones, aun después de que el Ministerio de Salud estuviera informado de la situación".

Las operaciones fueron realizadas por varios médicos, indicó la abogada. "Fueron al menos seis profesionales diferentes, según los registros hospitalarios".

Pero no hay consenso dentro de la comunidad médica acerca de la necesidad de esterilizar a las mujeres portadoras del VIH para evitar la propagación de la enfermedad.

"El riesgo de transmisión de madre a hijo puede minimizarse mediante un diagnóstico temprano y el suministro de antirretrovirales", explicó el médico obstetra Bernhard Haufiku, ex presidente de la Sociedad de Especialistas en VIH de Namibia.

La cantidad de hijos que haya tenido una mujer es irrelevante. "Decir que un útero está 'cansado' es una tontería", apuntó.

Los supuestos beneficios de la esterilización se manejan en círculos médicos desde hace años, según Haufiku. "Antes de la existencia de los antirretrovirales, algunos profesionales la consideraban un anticonceptivo permanente", puntualizó.

IPS conversó con algunos médicos que cuestionaban la versión de las mujeres de que habían sido esterilizadas a la fuerza.

"Es un hecho que se practica ese procedimiento, pero en mi opinión es altamente improbable que fueran 'obligadas'", señaló una especialista que trabajó en el hospital de Katutura.

"Alguien está mintiendo o, lo que es muy posible, hay graves malentendidos entre médicos y pacientes", añadió.

"Se pierde mucho en la traducción", reconoció Haufiku.

El abogado del Ministerio de Salud, Philip Swanepoel, está convencido de que la cartera va a ganar los juicios.

"Vamos a negar que las esterilizaciones se realizaron sin consentimiento de las pacientes. Tenemos los registros médicos y los formularios para probarlo. Tengo plena confianza en que vamos a ganar", aseguró.

En tanto, las mujeres perjudicadas siguen sosteniendo que fueron engañadas.

"Me dijeron que firmara sobre los puntos", relató Teresia Nangolo, esterilizada en 2006 a los 33 años. "Me dijeron 'vamos a cerrarte porque eres portadora del VIH'. No tuve tiempo de pensar y no me explicaron nada".

"Cuando a las seis semanas fui a la clínica de planificación familiar, la enfermera miró mi historia y me preguntó 'qué hace aquí, usted fue esterilizada'", recordó.

"No entiendo por qué tuvieron que hacer eso. Puedo cuidarme para no quedar embarazada", añadió.

La esterilización puede revertirse, pero las probabilidades de éxito son muy pocas. Además es una intervención sumamente costosa. "Si el Ministerio no se hace cargo de los gastos, es muy difícil que las pacientes implicadas puedan hacerlo", indico Haufiku.

Al igual que Anna Shikongo, Nangolo se enteró de que tenía VIH en 2002. Después de eso dio a luz a varios bebés que no eran portadores del virus.

"Ninguna de estas mujeres pidió ser esterilizada", remarcó Dumba. "Recurriremos a médicos, fisiólogos y otros especialistas para demostrar que en los hospitales públicos no se respetó el debido proceso en relación con el consentimiento informado de las pacientes".

El Centro de Asistencia legal iniciará demandas por ocho de los casos reseñados. El juicio está previsto para fines de este año.

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