Desde su creación, la Corte Penal Internacional trata de cumplir con su mandato de procesar a los genocidas y criminales de guerra y contra la humanidad que no sean juzgados en los tribunales nacionales correspondientes.
Pero esos delitos, que quedan expuestos por cráneos humanos destrozados, aldeas incendiadas y civiles afectados psicológicamente, pueden permanecer impunes en territorios lejanos y campos de la muerte que crecen en silencio.
La voluntad colectiva de reclamar justicia es el tema que aborda la última película de Pamela Yate "The Reckoning: The Battle for the International Criminal Court" ("El juicio: La lucha de la Corte Penal Internacional" – CPI), que encabezara el 20 festival de cine de Human Rights Watch, a realizarse en el Lincoln Center del 12 al 25 de este mes.
El filme documental de Yates reconstruye la historia de la CPI desde los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los primeros pasos de la comunidad internacional para lograr que se haga justicia.
Tras la firma del Estatuto de Roma en 1998 quedaron sentadas las bases para la creación de un tribunal permanente. Pero bajo su mirada, el mundo siguió siendo testigo de los horrores cometidos por señores de la guerra, jefes de Estado y organizaciones paramilitares contra la humanidad.
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Después de la entrada en vigor de la CPI en 2002, los asesinatos masivos siguen siendo moneda corriente en conflictos como los de República Democrática del Congo, Uganda, Colombia y la región sudanesa de Darfur.
"The Reckoning" aborda con estoicismo la disyuntiva de si los responsables de atrocidades serán llevados ante la justicia y si la comunidad internacional podrá reunir el apoyo necesario para lograrlo.
El segundo asunto que plantea el documental es quién le teme a la autoridad de la CPI en un clima de impunidad.
El filme gira en torno a la dualidad de esa interrogante y hace una sugerencia apenas velada a Estados Unidos para que adhiera al tribunal. El gobierno pasado de George W. Bush (2001-1009) retiró la firma de su antecesor, Bill Clinton, y presionó a los países adherentes para que firmaran acuerdos bilaterales de impunidad hacia los ciudadanos estadounidenses en esas jurisdicciones.
John R. Bolton, ex embajador de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas durante el gobierno de Bush, aparece como un complemento importante del documental. Su misión declarada de ver "marchitarse y colapsar" al tribunal generó risas en el público presente en el pre-estreno.
Quizá ante la expectativa generada por el nuevo presidente Barack Obama, la defensa de Bolton del "excepcionalismo estadounidense" finalmente pueda tomarse con cierto alivio.
Pero el asunto principal sigue siendo si Estados Unidos tiene autoridad moral en materia de derechos humanos después de defender la tortura, las entregas extraordinarias y la detención indefinida de "enemigos no combatientes" en defensa de la seguridad nacional.
En estos siete años, el tribunal internacional se labró una marcada presencia sin Estados Unidos. El filme documental sigue al fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, principal promotor del procesamiento de criminales de guerra por la CPI.
Moreno Ocampo es una fuerza carismática y a través de la mirada concentrada de la cámara aparece como una parte vital de la creciente importancia del tribunal.
Este abogado llegó a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, pronto para hacer justicia. Su seguridad muestra una calma acumulada tras años de trabajo como fiscal adjunto en el juicio de mediados de los años 80 contra la cúpula militar responsable de la dictadura en Argentina de 1976 a 1983 y de sus innumerables delitos contra los derechos humanos.
"The Reckoning" sigue al fiscal general durante tres años mientras defiende casos y pelea en los cuatro continentes por los canales diplomáticos.
Bajo su liderazgo, el tribunal ha logrado que algunos gobiernos entreguen presuntos criminales de guerra y su incansable equipo recopila pruebas de abusos a los derechos humanos.
Moreno Ocampo instó al fiscal general de Colombia a que haga cumplir la Ley de Paz y Justicia, impulsada por el presidente derechista Álvaro Uribe porque, de lo contrario, deberá actuar el tribunal internacional.
El fiscal sigue en etapa de "análisis" del caso colombiano, observando qué tanto funciona la ley, que se aplica a criminales de guerra y que hasta ahora ha sido aplicada a paramilitares ultraderechistas desmovilizados tras una negociación con el gobierno de Uribe, aunque algunos guerrilleros de izquierda también se han acogido a ella.
En casi cinco décadas de conflicto armado interno, el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares, a los cuales se responsabiliza del 80 por ciento de las masacres de civiles, generó un ciclo de violencia en el que no faltaron los carteles de la droga. La CPI sostiene que el gobierno tiene una importante cuota de responsabilidad.
En África y por pedido de la CPI, Thomas Lubanga Dyilo, líder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), de República Democrática del Congo, fue detenido en 2005 y entregado al tribunal internacional al año siguiente. El juicio comenzó en enero de este año en La Haya por crímenes de guerra y por reclutar niños soldados.
Algunos analistas sostienen que la detención de un solo señor de la guerra tuvo resultados dispares.
El temor inspirado por la CPI sería el que llevó a las milicias del Congo y de Uganda a iniciar frágiles conversaciones de paz. Tras la captura de Lubanga, la milicia se dividió y se formaron grupos nuevos.
"Joseph Kony tiene miedo a la CPI", dice a la cámara un soldado, en alusión al comandante prófugo de la milicia ugandesa Ejército de Resistencia del Señor.
Mientras, las milicias armadas siguen reclamando una amnistía. Nadie ha sido procesado por las masacres de civiles.
El filme logra mostrar por momentos que hay verdades universales. Aparece Moreno Ocampo recordando al Consejo de Seguridad de la ONU en 2007 que derive el caso de Sudán a la CPI para que ésta pueda emitir una orden de detención contra el presidente Omar Al-Bashir.
Entonces, la comunidad internacional ya estaba en conocimiento y tenía pruebas de violaciones, torturas y hambre que sufría la población civil de la occidental región sudanesa de Darfur. Moreno-Ocampo señaló a los diplomáticos que "el silencio sólo ayuda a los criminales".
