Cuando los medios de difusión dieron la noticia sobre la nueva ley del Estatus Personal Chiíta en Afganistán, muchos se horrorizaron por el hecho de que esa norma legaliza la violación dentro del matrimonio. La violación marital ha sido legalizada, exclamaron los titulares de prensa, y todos reaccionamos conmocionados y disgustados. Más aún, luego de una lectura atenta de esa ley, se descubre que en realidad es mucho peor de lo que pensamos inicialmente.
El más grave problema con esta ley no está constituido sólo por las disposiciones sobre la violación marital, ya más que aborrecibles de por sí, sino sobre todo porque oficialmente relega a las mujeres a la condición de ciudadanos de segunda clase. Esta norma legitima restricciones sobre cualquier cosa que las mujeres hagan, incluyendo a donde van y a quien visitan, legaliza su subyugación a los antojos de otros y les niega la facultad de decidir sobre sus hijos y el acceso a la educación y al cuidado de la salud.
Esta descarada negación de los derechos humanos debe ser condenada enérgica, inequívoca y universalmente. Afortunadamente, aprovechando la reciente Conferencia Internacional sobre Afganistán realizada en La Haya y la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 3-4 de abril), los líderes mundiales hicieron precisamente eso y el impacto se hizo sentir en Kabul. Luego de las resonantes repulsas a la ley de Estatus Personal Chiíta tanto dentro como fuera de Afganistán, el presidente de ese país, Hamid Karzai, declaró su intención de revisar esa norma.
Sin embargo, la historia no termina ahí. Ahora que las reuniones internacionales ya no están en las primeras planas de los diarios no podemos dejar que esta cuestión se deslice hacia el silencio. Es por eso que la organización No Hay Paz Sin Justicia y el Partido Radical Transnacional han lanzado un llamado internacional para advertir a las autoridades afganas que el mundo continúa vigilándolas y que las mujeres no pueden pagar el precio del apaciguamiento en su país.
Algunos dicen que esta ley es el precio para ganar el apoyo de los chiítas de línea dura con vistas a las difíciles elecciones presidenciales de fines de este año. Pero es inaceptable que se pague el costo de la negociación de una tregua política con el sacrificio de los derechos fundamentales de las mujeres.
Que los derechos de las mujeres afganas sean tratados con desprecio en la vida de todos los días es ya de por sí suficientemente malo, pero que esas violaciones sean codificadas, legitimadas y premeditadamente utilizadas como moneda de cambio por ventajas políticas es realmente abominable. Nuestros militares, hombres y mujeres, no deberían combatir y morir en Afganistán para ayudar al retorno de las prácticas restrictivas y discriminatorias que existían durante la dominación talibán.
No es un atenuante, como muchos se han esforzado en señalar, que como esta ley sólo se aplica a una minoría del país, la chiíta, en realidad únicamente afecta a un pequeño porcentaje de la población femenina de Afganistán. En todo caso, esto la hace más discriminatoria.
La nueva legislación no es sólo una violación directa del derecho internacional sino que también contradice diversos artículos de la Constitución afgana, incluyendo nada menos que el principio de que la libertad y la dignidad de los seres humanos son inviolables. Aunque la Constitución permite la aplicación de diferentes leyes personales para los chiítas, no es un cheque en blanco para anular los derechos humanos fundamentales de las mujeres y hombres chiítas. Toda ley en Afganistán debe respetar la Constitución y las normas internacionales, incluyendo las disposiciones que ilegalizan la discriminación contra las mujeres. Pero esta nueva ley del Estatus Personal Chiíta no lo hace.
A pesar de los anuncios de que esa ley será revisada, no debemos bajar la guardia. En efecto, las noticias provenientes de Kabul acerca de que la ley será reconsiderada no son suficientemente positivas. Es hora de mantener nuestro repudio y perseverancia, de respaldar los llamados internacionales para la derogación de esa ley, de que todos expresen públicamente su rechazo a sus propios gobiernos y a las autoridades afganas, y de emprender acciones innovadores y no violentas para que tal afrenta a las mujeres se derogue. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Emma Bonino es Vicepresidenta del Senado italiano (el llamado internacional se encuentra en http://www.npwj.org).
