Si alguna vez una conferencia internacional estuvo destinada al fracaso, ella es la reunión cumbre del G20 en Londres. Esta conferencia ha sido anunciada como un nuevo Bretton Woods que el 2 de abril próximo podría forjar una respuesta coordinada a la depresión en curso y crear una nueva forma de gobierno de la economía mundial, así como la Conferencia de Bretton Woods modeló en 1944 el orden monetario y financiero multilateral del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Pero ¿por qué fracasará la reunión del G20?
En primer lugar, el sitio apropiado para tan ambicioso intento es las Naciones Unidas y no un agrupamiento informal de los 20 mayores países con una sólo simbólica representación del Sur. El G20 es un club exclusivo, mientras que los artífices de Bretton Woods denominaron a la reunión Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas y convocaron a representantes de 44 países incluso en medio de una guerra mundial.
Además, esta reunión se ha impuesto la tarea de llevar a cabo en un solo día lo que los artífices de Bretton Woods hicieron en 21 días de duras discusiones. Por ello, podemos prever los perfiles del comunicado final de Londres: acuerdo amplio sobre unos pocos temas mientras que se disimulan las diferencias sobre los detalles clave.
En tercer lugar, en Londres se intentará utilizar una serie de instituciones fracasadas como mecanismos para responder al colapso económico mundial en vez de crear otras nuevas, como se hizo en Bretton Woods. El G20, el Foro de Estabilización Financiera y el proceso Basilea II son las instituciones llamadas a crear una nueva arquitectura financiera mundial pese a que tienen una cosa en común: fueron todas creadas o puestas en funcionamiento después de la crisis financiera asiática de 1997 para proponer una estructura reguladora global, pero no fueron capaces de proponer medidas para regular el sistema financiero, las ventas al descubierto, los fondos especulativos y otros mecanismos y operaciones que contribuyeron al desastre financiero. De hecho, en lugar de regular el sistema financiero esas instituciones adoptaron la estrategia del sector privado de autorregulación. De ese modo, a instituciones que fueron parte del problema ahora se les pide convertirse en parte fundamental de la solución.
El aspecto más problemático es el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estados Unidos y la Unión Europea están procurando un incremento del capital del FMI de 50.000 millones de dólares a 500.000 millones. El plan es que el FMI preste esos fondos a países en desarrollo para que éstos los usen a fin de estimular sus economías y que el propio Fondo supervise este ejercicio global, según la propuesta del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner.
Ante todo, hay una cuestión de representación. Hasta ahora, sólo se han hecho cambios marginales en la asignación de derechos de voto en el FMI. No obstante el clamor en reclamo de mayor poder de voto para los países del Sur, los países ricos están todavía excesivamente representados en la Junta Directiva mientras que los países en desarrollo, especialmente de Asia y África, están insuficientemente representados. Europa tiene un tercio de los puestos de la Junta Directiva y Estados Unidos posee casi el 17% de los votos, lo que le da poder de veto.
En consecuencia, Tailandia saldó su deuda con el FMI y declaró su independencia financiera. Brasil, Venezuela y Argentina hicieron lo mismo e Indonesia ha manifestado su intención de pagar sus deudas. De igual manera otros países decidieron no acudir al FMI y prefieren crear sus propias reservas de divisas para defenderse contra amenazas externas en vez de solicitar nuevos préstamos al Fondo. Ello ha llevado al FMI a una crisis presupuestaria, dado que la mayor parte de sus ingresos provenía de los intereses de los préstamos concedidos a los mayores países en desarrollo.
Esto indica que, por grandes que sean los recursos que el G20 proporcione al FMI, habrá poca disposición internacional a participar en un programa de estímulos dirigido por el Fondo.
La respuesta del Norte a la actual crisis, que es reanimar instituciones fosilizadas, hace recordar a una famosa frase de John Maynard Keynes: La dificultad no está tanto en concebir nuevas ideas sino en librarse de las viejas.
De acuerdo con Keynes, ¿qué debería hacerse para dar una respuesta global a la crisis?
Primero, en lugar del G20, el Secretario General y la Asamblea General de la ONU deberían convocar a una sesión especial de las Naciones Unidas para diseñar el nuevo orden multilateral global. Éste debería ser un proceso inclusivo y detallado, como el de Bretton Woods. Uno de los resultados clave podría ser el establecimiento de un centro financiero mundial transitorio con representación universal en sus estructuras de toma de decisiones.
Segundo, para ayudar inmediatamente a enfrentar la crisis, deberían ser canceladas las deudas de los países en desarrollo con instituciones del Norte. Ello permitiría a las naciones en desarrollo acceder a mayores recursos y daría un mayor efecto estimulante a sus economías que el dinero canalizado a través del FMI.
Tercero, las estructuras regionales, incluyendo las de financiación del desarrollo, deberían ser la pieza fundamental de la nueva arquitectura económica mundial, y no otros organismos financieros donde los recursos y el poder son monopolizados por los países del Norte, como es el caso del FMI. En América Latina, por ejemplo, ya hay varias promisorias iniciativas en curso, como la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Banco del Sur. Todo nuevo orden global debe tener como pilares a instituciones regionales responsables.
La cuestión es que la actual crisis debería ser vista como una gran oportunidad para crear un nuevo sistema que ponga fin no sólo al fracasado sistema de gobierno mundial neoliberal sino también al dominio euro-estadounidense de la economía mundial y establezca en su lugar un orden económico más descentralizado, más desglobalizado y más democrático. (FIN/COPYRIGH IPS)
(*) Walden Bello, profesor de sociología en la Universidad de Filipinas, Presidente de la Freedom from Debt Coalition y analista de Focus on the Global South.