Mientras muchas comunidades pobres de Sudáfrica luchan para que se les reconozca su derecho al agua potable, la municipalidad de esta ciudad sudoccidental recibe una andanada de críticas por desplegar medidores que limitan el consumo.
Los denominados "artefactos de manejo hídrico" (conocidos popularmente por las siglas en inglés de "water management devices", WMD), son contadores de consumo programados para dispensar una cantidad de agua diaria previamente acordada.
La municipalidad espera que esto reduzca el derroche y ayude a los hogares más pobres a administrar el recurso.
Los medidores permiten a cada hogar disponer cada mes, gratuitamente, de 6.000 litros de agua. Tras consumir esa cantidad, se cierran automáticamente. Los usuarios deben pagar por el consumo adicional.
El juez M. P. Toska, de Johannesburgo, concluyó en abril de 2008 que la instalación con carácter obligatorio de esos medidores en los hogares constituía un desconocimiento del derecho universal al agua, reconocido por las leyes nacionales.
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El magistrado también dictaminó que la asignación básica gratuita del líquido —25 litros diarios por persona— era insuficiente.
"Los WMD son medidores prepagos travestidos", se lamentó Elias Mkhwanazi, coordinador del Caucus Hídrico del Cabo Occidental (WCWC, por sus siglas en inglés), red que representa a varias organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sindicales. Cabo Occidental es la provincia donde se encuentra Ciudad del Cabo.
Funcionarios del Departamento de Agua y Saneamiento de la Ciudad rechazan las quejas de los residentes. Insisten en que los WMD son una buena solución, pues suministra una cantidad diaria de agua acordada de antemano. Cuando se llega al tope, el flujo se interrumpe hasta la mañana siguiente.
Algunos líderes comunitarios, como Sulyman Stellenboom, consideran a los WMD "armas de destrucción masiva", y aprovechan que el acrónimo que designa a estos aparatos es el mismo que se emplea en inglés para nombrarlas.
"Esto nos retrotraen a los días del apartheid, cuando usábamos el sistema de cubos", explicó Stellenboom refiriéndose a la institucionalización de la segregación racial en perjuicio de la mayoría negra que rigió en Sudáfrica hasta 1994.
En esos días, los habitantes de comunidades irregulares y sin acceso al agua corriente debían caminar varios kilómetros para recoger en cubos el líquido que utilizaban para beber, cocinar y bañarse.
Stellenboom ejerce presión sobre el gobierno local para que reinstale los contadores de agua en un complejo estatal de viviendas en Mitchell's Plain, cerca de Ciudad del Cabo, para asegurarse de que los habitantes accedan a las mismas instalaciones que los residentes de barrios más acomodados.
Según el Caucus Hídrico del Cabo Occidental, Ciudad del Cabo gasta ocho veces más en el suministro de agua a suburbios de población predominantemente blanca y de clase media, como Durbanville, que a municipios de mayoría negra, como Khayelitsha.
"Nos negamos a pagar de antemano por el agua, pero estamos dispuestos a que nos pasen la factura a fin de mes", dijo.
El Departamento de Agua y Saneamiento local alega que los medidores solamente se instalan en hogares que no disponen de dinero para pagar un servicio convencional. Pero residentes en este distrito creen que, en última instancia, los WMD los obligan a abonar más a fin de mes.
Mkhwanazi dijo saber de numerosos residentes considerados "indigentes" por estar desempleados o ganar menos de 100 dólares mensuales que reciben facturas de más de 200 dólares por ocho meses de consumo, cuando viven en casas donde apenas hay un grifo.
El director del Departamento, Lungile Dhlamini, atribuyó esas cuentas exorbitantes a la mala construcción de las viviendas, que sufren filtraciones.
"Entonces interviene la municipalidad, arregla las filtraciones y cancela las deudas", haciendo un borrón y cuenta nueva, aseguró.
Pero, según Stellenboom, éste no es el caso en Mitchell's Plain, cuyos habitantes reciben reiteradamente "cartas rosadas", o citaciones.
Otra residente de Mitchell's Plain, Tanya Smith, comparte su pequeña casa con otros seis familiares, entre ellos un tío enfermo. Smith se quejó de que el sistema de WMD causa frecuentes cortes de agua, a veces durante semanas y sin razón aparente.
"¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo puedo criar a mi hijo cuando no hay agua", preguntó.
Sus objeciones fueron apoyadas por otros habitantes de los distritos de Atlantis, Delft y Mfuleni, que dijeron estar experimentando cortes en el servicio luego de un consumo de apenas 20 litros.
Las declaraciones contrastan con información proporcionada por la municipalidad de Ciudad del Cabo, que alega proveer sin cargo 25 litros de agua diarios por persona.
Dhlamini admitió que hubo inusuales ocasiones en que los WMD no fueron instalados adecuadamente, lo cual, según él, pudo haber causado los cortes.
Activistas y líderes comunitarios dijeron que los WMD constituyen una clara violación al derecho al agua gratuita, establecido en la Ley Sudafricana del Agua, según la cual nadie debería carecer de este elemento durante más de siete días.
En promedio, una persona necesita 94 litros de agua por día para satisfacer necesidades básicas como beber, cocinar y bañarse.
Aunque comenzó como un proyecto piloto, la municipalidad de Ciudad del Cabo ahora está en proceso de instalar WMD en varios municipios, presuntamente sin realizar ninguna consulta a las comunidades, y ha vuelto obligatoria su inclusión en las casas pobres.
Aunque las autoridades alegaron que los artefactos se instalan gratuitamente, Mkhwanazi mostró a IPS recibos que prueban que a los residentes se les facturó unos 80 dólares por un aparato que ni siquiera querían.
El Caucus Hídrico del Cabo Occidental exige que el gobierno deje de castigar a pobres que no siempre pueden pagar servicios básicos como el agua, y que consulte a las comunidades al respecto.
Stellenboom, quien se siente cada vez más frustrado por la mala calidad del servicio, dijo que si la municipalidad no comienza a tomarse en serio los problemas de la población, el Caucus realizará movilizaciones.
"¿Por qué no colocan esos medidores en áreas ricas? Le dije a la alcaldesa, Helen Zille, que si es necesario, los arrancaremos", expresó.
