Es cierto. Un funcionario norteamericano finalmente lo dijo. Susan Crawford, responsable del Pentágono para la supervisión de los juicios a los detenidos en Guantánamo, ha admitido lo que Mohamed al-Qahtani, sus abogados y los grupos de derechos humanos venían diciendo desde hace tiempo. Al-Qahtani, un ciudadano de Arabia Saudita recluido en Guantánamo desde 2002, fue torturado en ese centro de detención.
La tortura es un crimen bajo la legislación internacional. Como signatario de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de investigar siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura.
Aun así, la admisión pública de Crawford de que Estados Unidos torturó a al-Qahtani no fue acompañada por ninguna noticia sobre algún esfuerzo efectuado para llevar a los responsables a la justicia.
Lo mismo ocurre en relación al programa de detenciones secretas operado bajo el auspicio de la CIA. Es sabido que detenidos han sido torturados en el contexto de aquel programa. La administración norteamericana lo reconoció cuando confirmó el año pasado que había autorizado el uso del submarino -mediante el cual se simula el ahogo de una persona- contra al menos tres detenidos. En una serie de entrevistas recientes, el Vicepresidente Dick Cheney admitió su participación en la aprobación del submarino. Dijo que era necesario y que lo haría otra vez.
El Vicepresidente y otros funcionarios niegan que el submarino sea una tortura. Su negación está basada en la manipulación de la ley. En efecto, el Comité de los Servicios Armados del Senado norteamericano concluyó el mes pasado quefuncionarios de alto rango del gobierno de los Estados Unidos solicitaron información sobre la utilización de técnicas agresivas, redefiniendo la ley para aparentar su legalidad y para inducir fallas sustanciales en la interpretación de la legislación norteamericana e internacional en esta materia.
En una entrevista reciente, el Presidente-electo Barack Obama dijo que cree que el submarino es una tortura. Desde el 20 de enero, entonces, Estados Unidos tendrá un Presidente que considera que funcionarios norteamericanos han torturado. Obama tendrá la obligación de asegurar una rendición de cuentas a nivel institucional e individual. No debe haber refugio seguro para los torturadores, según un principio que el propio gobierno de Estados Unidos asumió cuando, recientemente, enjuició al ex jefe de la Unidad Anti-Terrorista de Liberia por tortura.
El Presidente-electo también reiteró su compromiso de cerrar el centro de detención en Guantánamo. Pero dijo que cumplir ese objetivo tomaría algo de tiempo, porque seria más difícil de lo que mucha gente cree. Dijo que algunos de los prisioneros pueden ser muy peligrosos y que algunas de las pruebas contra ellos puede estar contaminadas. El cierre de Guantánamo -dijo-, tendría que ser hecho de forma que no dé como resultado la liberación de personas que puedan poner una bomba contra nosotros.
Los abogados de Al-Qahtani seguramente estarán preocupados por esa declaración. Las autoridades norteamericanas han dicho en repetidas ocasiones que Al-Qahtani es un individuo peligroso, pero al mismo tiempo evitaron que se lo sometiera a la justicia. La probabilidad de un juicio justo, tal como ahora lo admitió Susan Crawford, ha sido puesta en peligro debido al tratamiento que al-Qahtani sufrió a manos de sus captores estadounidenses.
La solución es simple: el gobierno de Estados Unidos debería liberar a Mohamed Al-Qahtani, a menos que presente cargos contra él rápidamente y lo lleve a juicio de acuerdo con las normas internacionales y bajo una corte independiente e imparcial no una comisión militar. Y ninguna información obtenida bajo tortura o tratamiento cruel, inhumano y degradante debe ser aceptada en el proceso judicial, excepto la que pueda ser utilizada contra los perpetradores de ese tratamiento, como prueba de que la tortura existió.
Los funcionarios norteamericanos involucrados en la Guerra contra el terror generalmente han mantenido el mantra de las relaciones públicas oficiales afirmando que todos los prisioneros de los Estados Unidos han sido tratados de manera humana y que nosotros no torturamos. Mejor tarde que nunca, Susan Crawford ha reconocido que en Guantánamo se cometieron torturas. Mejor aún seria que el gobierno entrante dé una demostración de su voluntad política en relación al caso Al-Qahtani
y sobre el centro de detención en Guantánamo. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Claudio Cordone, Director de Amnistía Internacional.
