La cantidad de tiempo que los asesinos convictos deben esperar su ejecución va en aumento en Estados Unidos, despertando temores de que cada vez más sufran la enfermedad mental conocida como «síndrome del pabellón de la muerte».
Los 3.300 reclusos estadounidenses que aguardan su ejecución pueden esperar un promedio de 12 años desde el día en que son sentenciados a muerte por inyección letal o silla eléctrica, lo que duplica el tiempo que llevaba esto a mediados de los años 80, según el Departamento de Justicia.
Este aumento se debe, principalmente, a apelaciones obligatorias introducidas luego que la pena capital fue reinstaurada por la Suprema Corte en 1976, tras una suspensión de cuatro años. Estas reformas condujeron a apelaciones más largas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington.
Los 667 reclusos condenados a la sanción máxima en el occidental estado de California pueden esperar casi 20 años hasta que su sentencia se cumpla.
La última ejecución en California se realizó en enero de 2006. Un mes después, un juez frenó la de Michael Morales —quien había estado en el pabellón de la muerte por 25 años—, exigiendo medidas para garantizar que no se infligiría ningún dolor innecesario durante una ejecución de Estado. La moratoria temporaria implementada entonces todavía no fue levantada.
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En otros de los estados que aplican la pena de muerte, a veces los detenidos han esperado un cuarto de siglo o más para saber la fecha de sus ejecuciones, aplazamientos o exoneraciones.
El 16 de septiembre, Jack Alderman fue ejecutado en el sudoriental estado de Georgia por asesinar a su esposa en 1974, luego de pasar 33 años en el pabellón de la muerte.
Renardo Knight había estado casi 25 años en igual situación antes de que su condena fuera revertida en abril pasado tras constatarse que hubo manipulación de las evidencias.
El año pasado, Carey Dean Moore fue trasladado del pabellón de la muerte en el central estado de Nebraska, tras esperar 27 años para ser llevado a la silla eléctrica. La Suprema Corte estadual dictaminó que este método de ejecución —el único en su libro de estatutos— era inconstitucional.
Los condenados suelen pasar los años de espera en confinamiento solitario en sus celdas. Son excluidos de los programas carcelarios de entrenamiento y recreación. Las visitas y los privilegios de los ejercicios son restringidos.
Unos pocos estados, como el oriental Carolina del Norte, además de California y Georgia, permiten diferentes grados de comunicación entre los presos que esperan ser ejecutados.
"Hay un síndrome distinto asociado al confinamiento solitario", dijo a IPS el psiquiatra Stuart Grassian, ex profesor en la Escuela Médica de Psiquiatría de la Universidad de Harvard.
En una investigación, Grassian concluyó que en los casos más severos esta enfermedad puede conducir a "agitación", así como a comportamientos "psicóticos" y "autodestructivos".
Los saludables "a menudo" se volvieron mentalmente enfermos. Y se produjo un deterioro "severo" en las enfermedades de los que ya tenían alguna patología mental.
Grassian señaló que el largo proceso de apelación de los condenados era "lo más preocupante".
"Hay una enorme agonía en esperar interminable e inútilmente mientras otros deciden si uno vive o muere", explicó.
"Generalmente, con el tiempo, el recluso aprende que no puede hacerse realmente amigo de sus compañeros. Ellos siguen desapareciendo en la cámara de la muerte. El horror de todo eso, el tedio y la tensión interminables, a menudo son insoportables", agregó.
Activistas por los derechos humanos señalan como ilustrativo del daño mental infligido al caso de Raymond Riles, quien ha pasado los últimos 33 años en el pabellón de la muerte del meridional estado de Texas.
Nunca se fijó una fecha para su ejecución porque él padece delirios y paranoia. Pero en 1975 no hubo barreras de salud mental que se interpusieran en su sentencia.
Los activistas también sugieren que el "síndrome del pabellón de la muerte" puede haber jugado un rol en la decisión de 131 condenados que desde 1976 abandonaron sus apelaciones y se ofrecieron "voluntariamente" para una ejecución rápida, señaló Grassian.
Setenta y cinco por ciento de estos "voluntarios" tenían antecedentes psiquiátricos, según John Blume, profesor de derecho en la Universidad de Cornell.
Activistas también alertan las dificultades que pueden enfrentar los reclusos con el "síndrome del pabellón de la muerte" cuando sus apelaciones tienen éxito y reciben una sentencia menor, siendo transferidos a celdas de la prisión general. El central estado de Missouri es el único que no segrega a los detenidos condenados a muerte del resto de la población carcelaria.
Los problemas de adaptación y la recuperación de su salud mental pueden ser más graves cuando se los exonera y abandonan la prisión. En lo que va de este año, cuatro fueron exonerados, llevando a 130 la cantidad desde 1973.
Expertos cuestionan el razonamiento que está detrás de las condiciones austeras y a menudo mentalmente perjudiciales que rodean al pabellón de la muerte.
"La lógica es que estos reclusos no tienen nada que perder y por lo tanto ellos son potencialmente el mayor riesgo a la seguridad", sostuvo Grassian.
Pero se demostró que ellos fueron "menos violentos y perturbadores que muchos otros grupos".
Ronald Tabak, abogado con experiencia en cuestiones relativas a la pena capital radicado en Nueva York, coincidió.
"Ellos tienden a ser menos peligrosos que otros prisioneros", declaró a IPS.
"No hay una compasión pública hacia aquellos que son sentenciados a muerte", agregó.
Pese al creciente debate sobre el "síndrome del pabellón de la muerte", la Suprema Corte todavía tiene que realizar una audiencia sobre un caso en esta materia.
Pero dos jueces —Stephen Breyer y John Paul Stevens— cuestionaron la constitucionalidad de las largas demoras entre condena y concreción de las ejecuciones.
Se trata de un asunto "importante y no decidido", dijo Breyer en 1995, durante un veredicto sobre el caso de Clarence Allen Lackey.
Lackey, ejecutado en 1997, pasó casi 20 años esperando antes de que se cumpliera su sentencia de muerte.
En lo que va de este año hubo 30 ejecuciones en Estados Unidos. La más reciente fue el 30 de octubre y se realizó en Texas.
