«Fui violada por cuatro milicianos de la ZANU-PF en la noche, justo afuera de su base, durante las elecciones. Se tomaron turnos para hacerlo, acusándome de apoyar a la oposición», contó Pauline Moyana*, de Mutasa, una comunidad en la oriental provincia zimbabwense de Manicaland.
"Amenazaron con matarme a mí y a mi familia, por lo cual no tuve otra opción que ceder a sus demandas", añadió. La casa de Moyana fue destruida, y todo su ganado asesinado como "castigo" por su supuesto apoyo al Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés).
Otra mujer, Sophie Makore*, de 53 años, de la septentrional localidad de Hurungwe, dijo haber perdido toda esperanza tras haber sido también víctima de los milicianos de la gobernante ZANU-PF (Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico). Estos la violaron en reiteradas ocasiones. Como el caso de Moyana, le dijeron que era "castigada" por apoyar a la oposición.
Los casos de Moyana y de Makore son sólo dos de los varios ocurridos en las zonas rurales de este país durante el sangriento y polémico proceso electoral realizado en junio. A una mujer de la zona este, los médicos le extrajeron 250 mililitros de semen tras haber sido violada por una multitud de hombres durante tres días.
Las historias sobre violaciones en grupo a jóvenes y mujeres, con la destrucción de sus casas, por ser partidarias del MDC ahora están siendo registradas por un grupo de activistas que pretenden llevar a los culpables ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
Hasta ahora, sólo un hombre ha sido encarcelado por las violaciones que han ocurrido durante los últimos meses. Fue sentenciado a 22 años de prisión en la sudoccidental ciudad de Masvingo.
La activista Betty Makoni acaba de formar la Asociación Zimbabwense de Sobrevivientes de Violaciones, organización que registra los casos con motivos políticos y asiste a las víctimas proveyéndoles hogares seguros en la vecina Botswana. Estas, como muchas mujeres, tienen miedo de testificar en su país por posibles represalias.
"La mayoría de las mujeres fueron atacadas físicamente pero también sufrieron daños espirituales. Tienen miedo de regresar a sus aldeas. Las mujeres están muy traumatizadas y, lo que empeora las cosas, excluidas por las comunidades locales", explicó Makoni.
"El patrón de estos casos es la persecución política sistemática. Los testimonios de las mujeres revelan cuántos jefes del ejército y milicianos del ZANU-PF están deliberadamente embarcados en una campaña contra los partidarios del MDC. Estamos hablando aquí de una violencia sancionada por el Estado", añadió.
La Asociación coopera con un equipo de abogados de la organización AIDS-Free World, con sede en Estados Unidos, para recolectar evidencia que ayude a presentar casos ante tribunales internacionales o regionales. Makoni dijo que se procura llevar las denuncias fuera de Zimbabwe ya que el sistema judicial local no tiene antecedentes de haber tratado casos de violaciones a los derechos humanos en forma transparente.
"Hasta ahora, hemos asistido a unas 150 sobrevivientes de violaciones, y 20 nos han presentado evidencia para nuestras declaraciones. Estamos trabajando duro para llevar a todos los culpables ante la justicia", dijo Makoni, revelando que ya 180 hombres, en su mayoría hombres del ejército, han sido incluidos en la lista de acusados.
La codirectora de AIDS-Free World, Paula Donovan, dijo a IPS que la naturaleza sistemática y propagada de las violaciones permitirá presentar fuertes casos en la CPI, aun cuando Zimbabwe no es parte del Estatuto de Roma, que creó ese tribunal dedicado a juzgar a personas acusadas de crímenes contra la humanidad.
"Lo que ha sido claro es que esa naturaleza propagada de la violencia sexual constituye un crimen contra la humanidad. Sabemos que Zimbabwe no es signatario de la convención de la CPI, así que (en caso de que este tribunal no atienda los casos) hay muchas otras vías para procesarlos, por ejemplo llevar el caso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas", explicó Donovan.
Si el Consejo de Seguridad acepta en un voto unánime que los casos son de gravedad, abriría las puertas a que los funcionarios del gobierno zimbabwense sean juzgados, excepto el presidente, Robert Mugabe. Los acusados pueden recibir penas dentro de la jurisdicción de países parte del tratado internacional contra crímenes a la humanidad.
Donovan señaló que otra opción es llevar los casos a la Corte Africana sobre Derechos Humanos y del Pueblo, aunque admitió que era preocupante que ese tribunal no había juzgado un solo caso en 10 años desde su creación.
Otra preocupación es que solamente 24 de los 53 países miembros de la Unión Africana ratificaron el protocolo que creó la corte en 1998. Grupos de derechos humanos responsabilizaron de esto a la burocracia y a la falta de voluntad política.
"Es lamentable que los procesos de justicia sean lentos mientras las mujeres quieren que se traten sus casos, no importa cuánto tomen", dijo Donovan.
*No son sus nombres reales.
