Grupos de derechos humanos de Estados Unidos elogiaron a un tribunal federal que ordenó la liberación de 17 chinos musulmanes recluidos desde hace siete años en la base militar de Guantánamo, Cuba. Pero aún parece incierto si estos en efecto recuperarán su libertad.
El fallo es el último de una serie de objeciones del sistema judicial federal a las políticas de detención en Guantánamo aplicadas por el gobierno de George W. Bush contra sospechosos de terrorismo.
La decisión del juez de distrito Ricardo M. Urbina, anunciada el martes, llama a poner fin al encarcelamiento de los 17 hombres, todos ellos chinos de la etnia uigur detenidos en Afganistán tras la invasión estadounidense en 2001. Pero el Departamento (ministerio) de Justicia tiene intenciones de apelar la sentencia.
"Creo que ha llegado el momento de que el tribunal eche luz sobre la constitucionalidad de las razones de la detención", dijo Urbina, señalando que la continuada reclusión de los hombres ya no era legal debido a que perdieron su estatus de "combatientes enemigos".
En junio, un tribunal federal de apelaciones concluyó que los militares estadounidenses calificaron en forma impropia a Huzaifa Parhat, uno de los chinos musulmanes detenidos en Guantánamo, de "combatiente enemigo". El tribunal sostuvo que debía ser liberado, transferido o que se le concediera otra audiencia.
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Sin embargo, Parhat y sus 16 compañeros en la misma condición permanecieron tras las rejas, en medio de controversias sobre a dónde debían ser enviados. Estos afirmaron que originalmente huyeron del oeste de China a Afganistán por las presiones de Beijing, y dijeron temer persecución y torturas si eran entregados a las autoridades chinas.
Pero el fallo del martes da cierta esperanza a grupos de derechos humanos de que los detenidos finalmente serán liberados en territorio de Estados Unidos y puedan tener nueva audiencia ante Urbina la próxima semana.
"Esta es una decisión histórica que representa un fuerte rechazo a las políticas inconstitucionales de la administración de Bush. La situación que sufren los uigurs es un duro recordatorio del atolladero moral y legal que representa Guantánamo", afirmó el director del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, Jameel Jaffer.
"El juez estaba en lo correcto al determinar que este tipo de detención es ilegal porque la Constitución prohíbe encarcelamientos indefinidos sin una acusación", añadió.
Pero algunos de los grupos de derechos humanos se mostraron cautos e instaron al gobierno a actuar rápido y liberar a los uigur.
"El gobierno no debería arrastrar sus pies, sino liberar de inmediato a estos hombres por su confinamiento ilegal en Guantánamo", dijo la consejera en contraterrorismo de la organización Human Rights Watch, Jennifer Daskal.
Por su parte, Amnistía Internacional dijo en un comunicado estar "muy contenta" por el fallo, pero señaló que pasadas resoluciones de tribunales federales han sido ignorados por el gobierno de Bush.
"La decisión de hoy es una gran victoria para el imperio de la ley y las libertades fundamentales", destacó el director de la oficina en Estados Unidos de Amnistía, Larry Cox.
"Sin embargo, esta decisión significará poco para los detenidos si es ignorada", afirmó.
"¿Cuántas veces hay que decirle a la administración de Bush que los detenidos tienen derechos esenciales. Todos los que están en Guantánamo deben ser acusados, juzgados o liberados de inmediato", agregó.
A pesar de los pedidos y la insistencia de los grupos de derechos humanos, el Departamento de Justicia no se muestra dispuesto a colaborar con la orden.
John O'Quinn, un abogado del Departamento, solicitó al juez que demorara la ejecución de la orden para poder apelarla, pero Urbina rechazó el pedido y anunció su intención de enviar a los detenidos a familias uigur que viven en Washington.
O'Quinn sugirió que, según las leyes nacionales, las autoridades de inmigración podrían tomar bajo custodia a los 17 hombres chinos si ingresan a Estados Unidos, pues, según Washington, están vinculados al Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, grupo separatista uigur que el gobierno de Bush relaciona con la red extremista Al Qaeda.
Urbina habría reaccionado con malestar a las intenciones del Departamento de Justicia.
"Todo esto significa más dilatoria, y demorar es el nombre del juego ahora", dijo el magistrado, insistiendo en que los uigur deberían quedar en libertad y que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional tendrían la oportunidad de presentar sus puntos de vista en la audiencia que está prevista para la semana próxima.
La pertenencia de los uigur al movimiento separatista fue el argumento usado por los militares estadounidenses para detenerlos en Afganistán, si bien estos afirmaron que la única razón por la se encontraban en ese país era que huían de las autoridades chinas. La supuesta conexión entre Al Qaeda y el movimiento uigur es lo que hizo que fueran considerados "combatientes enemigos", estatus por el cual Estados Unidos se toma el derecho de detenerlos bajo la autoridad exclusiva del Ejecutivo. No son considerados "prisioneros de guerra", porque de esa manera Washington tendría que reconocerles derechos según las Convenciones de Ginebra.
