Crece la controversia en torno al destino de una planta canadiense de fertilizantes actualmente en construcción en la costera provincia egipcia de Damietta. Los habitantes de la zona temen que pueda perjudicar el ambiente.
Pese a una recomendación parlamentaria de reubicar la fábrica, recientes declaraciones oficiales sugieren que el asunto dista de estar resuelto.
"El gobierno debería implementar la recomendación parlamentaria y mudar de lugar la fábrica. Pero todavía tiene que emitirse una decisión final", dijo a IPS Hamdi Hassan, legislador por la opositora Hermandad Musulmana.
El año pasado, el gigante petroquímico canadiense E Agrium recibió la aprobación del gobierno egipcio para construir una planta de fertilizantes en la isla de Ras al-Barr, en la septentrional provincia de Damietta, a unos 200 kilómetros de El Cairo.
La construcción de la planta, cuyo costo es de unos 2.500 millones de dólares, comenzó poco después.
Sin embargo, en abril, los residentes comenzaron a manifestar preocupación por el potencial impacto negativo sobre la salud pública y el ambiente. Organizaciones de la sociedad civil locales expresaron su temor de que las emisiones pudieran afectar a los habitantes y perjudicar la vida marina.
"Los proyectos que impactan en el ambiente, como las plantas de fertilizantes, están prohibidos en la mayoría de los países plenamente industrializados. Las empresas extranjeras vienen a las naciones en desarrollo —donde las leyes de protección ambiental son menos estrictas— para construirlas", dijo a IPS Ibrahim Mansour, editor en jefe del periódico independiente Al-Dustour.
La creciente preocupación pública por la seguridad de la planta rápidamente condujo a una campaña popular contra el proyecto. Liderados por activistas locales, organizaciones ambientalistas y figuras de la oposición, los habitantes comenzaron a realizar grandes manifestaciones en las que reclamaron la interrupción del proyecto.
En una dramática muestra de oposición popular, los residentes de Damietta empezaron a cubrir sus casas en enormes carteles negros que decían "No a la fábrica de muerte".
Mientras, empleados de la compañía se apresuraron a responder sobre la seguridad del proyecto. "Nuestra planta alcanza los niveles más elevados de seguridad ambiental. Las emisiones serán la mitad del máximo estipulado en las leyes ambientales" egipcias, señaló en ese momento el director gerente de E Agrium, Craig McGlown.
E Agrium ya gastó unos 500 millones de dólares en la fase inicial de construcción del proyecto. Si la fábrica fuera reubicada, la firma sufriría significativas pérdidas financieras, lo que economistas temen empañe la imagen de Egipto como destino seguro para inversiones extranjeras.
Junto con la "liberalización" comercial y la privatización de los bienes del Estado, atraer inversiones extranjeras a Egipto —con el ostensible objetivo de desarrollar una infraestructura nacional— sigue siendo un pilar central de la política del gobierno.
Bajo la dirección del primer ministro Ahmed Nazif, cuyo gabinete incluye a varios magnates empresariales de alto perfil, Egipto atrajo aproximadamente 11.000 millones de dólares de inversiones extranjeras en 2007.
Sin embargo, la presión popular se enfrentó a los grandes intereses empresariales cuando el parlamento aprobó una recomendación —presentada por 59 legisladores tanto del gobernante Partido Nacional Democrático (NDP) como de la oposición— para reubicar la planta.
La recomendación fue en respuesta a un informe parlamentario según el cual E Agrium no había respetado estándares ambientales ni se había asegurado el consentimiento de la población local antes de empezar la construcción.
"La planta no será construida en Damietta. El gobierno debería considerar mudarla a un área distante de las zonas pobladas, a fin de evitar la oposición popular al proyecto", dijo el 19 de junio a la asamblea legislativa Zakaria Azmi, parlamentario del NDP y jefe de equipo del presidente Hosni Mubarak.
El primer ministro Nazif declaró que el gobierno daba la bienvenida y respetaba las conclusiones del comité. Además, anunció que estaba "negociando con la compañía para discutir alternativas".
Según informes publicados en la prensa local, las alternativas propuestas incluyen la reubicación o permitir a la empresa que compre instalaciones del Estado.
La noticia fue recibida con júbilo en Damietta, donde miles se congregaron en las plazas públicas el día siguiente para celebrar la decisión.
"Ésta es una victoria abrumadora para la sociedad civil de Damietta", dijo a la prensa Nasser al-Emari, coordinador de un comité popular que hizo campaña contra la fábrica.
Sin embargo, ahora las celebraciones parecen prematuras.
En los últimos días de junio, la prensa comenzó a informar que las negociaciones entre el gobierno y E Agrium no habían llegado a una alternativa aceptable para las dos partes. A comienzos de este mes, circulaban rumores de que la fábrica sería trasladada a otro lugar dentro de Damietta.
"El informe parlamentario recomendó que la fábrica fuera trasladada, pero no especificó la reubicación fuera de Damietta", observó Hassan.
Las esperanzas de los habitantes de la provincia recibieron otro golpe cuando Nazif, en un discurso público pronunciado el 13 de este mes, declaró que la fábrica no planteaba un peligro para la salud pública o el ambiente.
"Quienes se oponen al proyecto dijeron a las familias de Damietta que la fábrica contaminaría el ambiente, pero no es el caso", afirmó Nazif.
El asunto sigue estando en un limbo oficial. El gobierno está varado entre la voluntad del público y su compromiso para con las inversiones extranjeras.
Según Hassan, ambas partes —el gobierno y la petroquímica— son culpables del estancamiento.
"El gobierno erró cuando aprobó por primera vez la construcción de la fábrica en Damietta. Y la empresa estaba equivocada en no obtener el consentimiento popular para el proyecto antes de seguir adelante", dijo Hassan.
Mientras, los habitantes de Damietta intensifican las medidas para rechazar la planta. Desde el inicio de julio, cada viernes por la tarde se realizan grandes manifestaciones en la provincia. Quienes participan en ellas urgen al gobierno a emitir una decisión final contra el polémico proyecto.
"La población de Damietta —de todas las clases— sigue siendo unánime en su rechazo a la fábrica. Y si el gobierno intenta reubicar el proyecto en otra provincia, enfrentará el mismo tipo de oposición popular", dijo Mansour.
