Un proyecto de ley que aliviaría el peso de la deuda externa de 25 países pobres sigue su camino en el Congreso legislativo de Estados Unidos, en medio del inusual aplauso de activistas.
El proyecto, según sus impulsores, es una herramienta efectiva contra la pobreza y para contener la degradación ambiental y aflojar las estrictas condiciones económicas a los créditos que ofrecen instituciones multilaterales de crédito a países del Sur.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que supervisa la financiación estadounidense a las instituciones financieras internacionales, aprobó el martes la iniciativa, denominada Ley de Préstamos Responsables y Ampliación de Cancelación de Deuda.
La norma propuesta por el senador Bob Casey, del opositor Partido Demócrata, también es conocida como Ley de Jubileo.
Unos 25 países con bajos ingresos por habitante y que no reúnen las condiciones para beneficiarse de los programas vigentes de condonación de deudas, como Georgia y Mongolia, podrán ampararse en esa norma.
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La norma ordena a funcionarios estadounidenses de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París evitar las condiciones habituales a los préstamos, a las que suelen atribuirse las crisis económicas de muchas naciones en desarrollo.
El Club de París es un foro informal de 19 países industrializados y acreedores.
Los críticos sostienen que las instituciones multilaterales de crédito imponen condiciones que favorecieron a las compañías multinacionales y a las elites locales y que determinaron el encarecimiento del servicio de agua y saneamiento, y redujeron los fondos públicos para la educación y la salud pública, incluido el tratamiento contra el VIH/sida, tuberculosis y malaria.
Esas instituciones, con enorme influencia sobre los gobiernos de las naciones más pobres, también suelen exhortarlos a dictar normas que socavan los sindicatos e imponen topes a los presupuestos nacionales.
El proyecto de Casey también impulsa a esas instituciones a cambiar sus mecanismos para la concesión de préstamos, de modo de alentar la transparencia, la responsabilidad y la gobernanza.
La iniciativa, por ejemplo, propone dejar de lado los préstamos y preferir la cobertura de las necesidades de los países pobres a través de subvenciones.
También advierte contra los llamados fondos buitres, manejados por especuladores financieros que compran deudas soberanas baratas con el propósito de demandar luego el pago y conseguir jugosas ganancias.
El proyecto prevé que la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), que opera de manera independiente en la órbita del Congreso legislativo, audite las carteras de deuda de gobiernos anteriores en países como República Democrática del Congo y Sudáfrica, donde hay quejas por las malas condiciones de los préstamos otorgados.
La iniciativa de Casey fue considerado "salvavidas" e "histórico" por activistas que desde hace tiempo sostienen que la deuda castiga a los pobres y aumenta el hambre en el mundo.
"Estamos muy entusiasmados con el fuerte apoyo bipartidista dado a la Ley Jubileo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado", señaló Neil Watkins, coordinador nacional de la Jubilee USA Network, coalición de organizaciones que presionan para que el pleno de la cámara alta de este país apruebe el proyecto.
La norma prevé que los beneficiarios administren mejor sus economías. Los países que se beneficien del alivio de deuda deberán destinar al menos 20 por ciento del presupuesto nacional a programas de lucha contra la pobreza que incluyan atención de salud básica, educación y servicios de agua potable.
El Departamento del Tesoro (ministro de Hacienda) de Estados Unidos certificará cada año cómo fueron empleados los fondos adicionales, obtenidos gracias al perdón de deuda, en las naciones pobres.
"En otras palabras, el alivio de deuda no puede beneficiar a las elites o destinarse a gastos militares innecesarios", explicó Casey.
Las naciones consideradas patrocinadoras del terrorismo, involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva o responsables de abusos a los derechos humanos no podrán beneficiarse del proyecto.
La crisis internacional a raíz de la deuda ocupó el centro de la atención en los últimos años, ante la creciente evidencia del perjuicio que ocasiona a las familias más pobres del mundo.
Una intensa campaña de la sociedad civil internacional determinó al Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo a cancelar 100 por ciento de la deuda de naciones pobres que reunieran ciertas condiciones con los integrantes del Club de París y con el FMI, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) selló un acuerdo similar a principios de 2007.
Esas medidas crearon la llamada Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda, que hasta ahora sólo benefició a 27 países.
El proyecto de ley aprobado por el comité del Senado el martes se basa sobre la constatación de que esas medidas ya dejaron su marca en las naciones beneficiadas.
Camerún, por ejemplo, financia sus programas de reducción de pobreza mediante unos 29 millones de dólares adicionales obtenidos gracias a la condonación de la deuda.
Por su parte, Uganda destinó 57,9 millones de dólares en 2006 a mejorar la infraestructura energética, la educación primaria y el control del paludismo (malaria).
Por último, Zambia reinvirtió 23 millones de dólares en varios proyectos agrícolas, como infraestructura de irrigación para pequeños agricultores y el control de enfermedades en animales de cría.
