El joven marfileño Hamed preferiría trabajar. Pero desde hace un mes, cuando ingresó a Israel de forma ilegal, sólo espera sentado en un parque de esta ciudad a que el gobierno lo admita como refugiado.
Hamed, que prefirió no dar para este reportaje su verdadero nombre por temor a represalias contra él o su familia en Costa de Marfil, tiene 22 años y es uno de los 7.000 africanos que desde 2005 buscan refugio en este país.
En los últimos tres meses se desencadenó una "situación de crisis" por el ingreso de unos 2.200 africanos a Israel, informó Steven Wolfson, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Tel Aviv.
Hamed relató que debió escapar de Costa de Marfil porque su padre fue asesinado y temió correr el mismo destino. Su familia pagó 3.000 dólares por su viaje a Egipto y le dio otros 800 a un contrabandista beduino que lo cruzó a Israel en febrero.
Luego de tres días de viaje en jeep y a pie por el desierto del Sinaí, el joven escuchó un tiroteo cerca de la frontera.
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"En ese momento pensé: 'Quizá es un egipcio. ¿Me va a matar o no?'", relató.
Sus temores no eran injustificados. Desde principios de este año, la guardia egipcia de frontera mató a 10 africanos que pretendían asilarse en Israel, incluidos dos marfileños.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, pidió a El Cairo investigar las muertes.
Amnistía advirtió presiones de Israel a Egipto para reducir el ingreso de africanos indocumentados.
El resultado es el desproporcionado uso de la fuerza a manos de fuerzas de seguridad egipcias, señaló a IPS el director de campañas de la oficina israelí de Amnistía con sede en Tel Aviv, Ilan Lonai.
"Cuando se le pide alguien que no tiene una actitud amenazante que se detenga, no hay ninguna razón para dispararle, en especial si está huyendo de usted", indicó Lonai. "Hay distintas maneras de que no siga avanzando."
La mayoría de los solicitantes de asilo en Israel proceden de Eritrea y Sudán.
Miles de jóvenes huyeron de Eritrea para evitar el "servicio militar continuo", señaló la organización de derechos humanos Humans Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, que también documentó torturas contra esos desertores.
En Sudán murieron 2,5 millones de personas en la guerra civil de dos decenios entre el régimen islamista de predominio árabe que controla Jartum y el sur de mayoría negra y animista, y una cantidad similar debió abandonar la occidental región de Darfur desde 2003, según HRW.
Los sudaneses que se trasladaron a Israel pueden ser ejecutados si regresan a su país.
Las autoridades israelíes no deberían apelar a las fuerzas egipcias para impedir el ingreso de personas en busca de protección, señaló Lonai.
"Es muy, muy triste que en un país construido sobre la defensa de los refugiados olvidemos tan fácilmente nuestra historia y echemos a todos", apuntó Lonai, en alusión a la creación del Estado judío tras el holocausto nazi hace casi 60 años.
El "principal problema", explicó Shevy Korzen, directora ejecutiva de Hotline for Migrant Workers (Línea Abierta para Trabajadores Inmigrantes), con sede en Tel Aviv, es que Israel no tiene un sistema para hacerse cargo de los refugiados.
Este país necesita fijar pautas claras y darles protección adecuada, subrayó Korzen.
"Si una persona llega a la frontera y pide asilo, su solicitud debe ser evaluada de acuerdo con el derecho internacional", recordó. "Israel no puede decir, 'estamos de acuerdo, no disparamos. Solo le pedimos a los egipcios tal y cual cosa'. Eso está mal".
En lo que respecta a la decisión de quién puede quedarse y quién será repatriado, Israel las toma caso por caso, señaló Korzen, y puso el ejemplo de 48 sudaneses en busca de asilo. El gobierno de Ehud Olmert los envió en agosto de 2007 a Egipto que, a su vez, despachó a 20 a Sudán.
Hace pocos años, cuando comenzaron a llegar refugiados, el Estado concedió residencia temporal a 600 sudaneses de la región de Darfur y permisos de trabajo a 2.000 eritreos.
El año pasado, unos 5.500 africanos en busca de asilo cruzaron la frontera de más de 257 kilómetros que separa a Egipto de Israel, informó Acnur.
En una reunión del gabinete el 24 de febrero, el primer ministro Olmert calificó el flujo de refugiados de "tsunami que puede crecer" y ordenó a sus ministros deportar a unos 4.500 "infiltrados ilegales", según un comunicado de la cancillería.
Pero eso no sucedió.
Las autoridades decidieron en marzo hacerse cargo de la evaluación de las solicitudes de ciudadanos sudaneses y eritreos, hasta entonces bajo responsabilidad de Acnur.
El Ministro del Interior registra, pero todavía no analiza las solicitudes, porque las considera demasiadas, señaló Wolfson, de Acnur.
Ciudadanos de otros países de África, como Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, todavía son evaluados por Acnur, que luego envía sus recomendaciones a una comisión israelí. En tanto este país no tiene cuotas, esa institución suele concede asilo a entre 10 y 20 personas al año, apuntó.
"Es obvio que, a la larga, este sistema no va a funcionar", señaló Korzen.
"Israel tiene que aceptar el hecho de que se volvió, al igual que otros países, un país que acepta personas en busca de asilo. No es el único, aunque lo crea así, y debe manejarse de acuerdo con sus obligaciones, el derecho internacional y la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, de 1951", subrayó.
Korzen recordó que este país fue el primero en firmar y promover la convención.
Hamed logró cruzar la frontera y fue encontrado por efectivos del ejército de Israel. Lo mantuvieron dos días en un centro de detención y luego fue liberado.
Al igual que miles de personas en su situación, Hamed se registró ante funcionarios de Acnur en Tel Aviv.
El joven recibe apoyo de una organización no gubernamental que le brinda alimentos y lo alberga en un refugio cerca de la estación central de autobuses de Tel Aviv. Ni la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni el Estado ofrecen alimento, agua o refugio.
Sin visa de trabajo, Hamed no puede conseguir un empleo legal que le permita mantenerse.
"Hay que recordar que Israel es un país desarrollado", dijo Wolfson a IPS al explicar por qué Acnur no brinda asistencia.
"La ayuda humanitaria básica requiere de una respuesta integral de varias autoridades y al menos, una cooperación entre los diversos actores", añadió.
Hay "excelentes" organizaciones no gubernamentales haciendo "un muy buen trabajo", pero "a veces trabajan solas, y cierta coordinación del gobierno, o un apoyo concreto, contribuiría mucho a facilitar el trabajo de todos", remarcó Wolfson.
En tanto no haya una política definitiva, Hamed seguirá en el limbo.
El joven se propone seguir esperando todas las mañanas en el parque Levinsky, al igual que el mes pasado, sentado y conversando con otros 40 refugiados africanos que, como él, desconocen su estatus en Israel o ignoran su futuro.
"¿Qué más puedo hacer?", preguntó Hamed. "Tener paciencia y esperar. No puedo hacer otra cosa."
