Poco antes de dejar su cargo en enero, el ministro de Salud Pública de Tailandia, Mongkol Na Songkhla, regaló una esperanza a sus compatriotas pobres. Pero la promesa, distribuir medicinas baratas contra el cáncer, ahora pende de un hilo.
Su sucesor, Chiya Sasomsab, decidió cancelar el plan.
La campaña de Mongkol proponía emitir licencias obligatorias para hacer accesibles los medicamentos para tratar cánceres de mama, pulmón, páncreas y ovario.
El anuncio de cambio de planes de Chiya suscitó protestas de los promotores de la salud pública. Algunos evalúan presentar una acción legal contra el nuevo ministro.
"Ya comenzamos a discutir con abogados sobre (la posibilidad de) llevar al ministro a la justicia por intentar revocar la decisión legítima" de su predecesor, dijo a IPS Kannikar Kijitwatchakul, activista del Observatorio de Libre Comercio (FTA Watch).
[related_articles]
"Es irónico que un ministro de Salud designado durante un régimen militar (Mongkol) sea mejor que uno investido por un gobierno elegido (Chiya). A nuestro actual ministro no le importan los temas de salud pública. Se está comportando como el ministro de Comercio", dijo a IPS el ex senador Jon Ungpakorn.
Una inyección de 80 miligramos del fármaco Docetexel, indicado para el cáncer de pulmón y de mama, cuesta 781 dólares, mientras que su equivalente genérico, con el mismo principio activo, pero no sujeto a patente, cuesta 125 dólares. Y el precio de una pastilla de 2,5 miligramos de otro medicamento, Letrozole, usado en el tratamiento de cáncer mamario, es de 7,18 dólares, mientras que su versión genérica vale 20 centavos de dólar.
Según un estudio del Ministerio de Salud, en 2003 se registraron 5.215 nuevos casos de cáncer de mama y 9.830 de pulmón.
Los pobres de las áreas rurales y urbanas que padecen esas enfermedades no tienen acceso a las medicinas originales disponibles en el mercado, según los médicos.
Lo que está en juego es mucho más que la cuestión de si la democracia es mala para la salud pública en Tailandia. Esta nación de Asia sudoriental se ha convertido en campo de batalla por el suministro de medicinas de bajo costo, lo que podría tener implicaciones en todo el Sur en desarrollo.
Tailandia fue elogiada por gobiernos, agencias de la Organización de las Naciones Unidas y activistas como modelo para otros países pobres y de medianos ingresos.
A fines de 2006, Mongkol emitió licencias obligatorias para dos fármacos contra el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y un anticoagulante utilizado por pacientes cardiacos. Una decisión similar para cuatro medicamentos anticancerígenos fue tomada el 4 de enero de este año.
En el marco de las normas internacionales de comercio, los países en desarrollo pueden romper una patente para afrontar emergencias de salud pública.
Esta opción es reconocida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trips, por sus siglas en inglés).
Pero aunque las "flexibilidades" del Trips fueron aprobadas en una reunión ministerial de la OMC, los países pobres evitaron poner a prueba la disposición por temor a una contraofensiva de las economías poderosas, como Estados Unidos, donde se encuentran la mayoría de los grandes actores de la industria farmacéutica.
Tal preocupación pareció justificada cuando Washington ubicó a Tailandia en una "lista de vigilancia" de países que habían violado los derechos de propiedad intelectual en mayo de 2007. Esto preocupó al sector privado, que temió daños a las exportaciones nacionales, que aportan 60 por ciento del producto interno bruto.
Pero Tailandia se negó a ceder.
Fue así como pasó de suministrar medicamentos genéricos para enfermedades transmisibles, como el VIH/sida —que es una emergencia sanitaria en el país— a hacer lo propio con enfermedades no transmisibles, como las cardiacas y el cáncer.
"Tailandia lideró el camino para que los países en desarrollo usen su derecho tal como está establecido en las normas comerciales. Dio un paso osado y resistió mucha presión de ciertas empresas", dijo esta semana en una conferencia de prensa Sarah Ireland, directora de la filial de Asia oriental de la organización humanitaria Oxfam.
Algunas organizaciones comerciales locales se suman a la presión para que el ministro de Salud mantenga las disposiciones existentes. "Cuando uno habla sobre medicina, habla sobre la vida y la muerte. Éste no es el caso de los bienes de lujo. Es como el chantaje: o uno paga, o bien muere", dijo el vicepresidente de la Cámara Tailandesa de Comercio, Buntoon Wongseelashote.
Los esfuerzos del país por atender a sus habitantes con VIH y sida han sido fundamentales. La decisión de Mongkol de emitir una licencia obligatoria para un fármaco antisida de segunda generación significó que 10.000 tailandeses que necesitan la medicación más barata tengan acceso a ella.
Actualmente, de los 600.000 tailandeses infectados con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, transmisor del sida), apenas unos 140.000 reciben tratamientos antirretrovirales de primera generación. Como la pandemia fue detectada en el país a comienzos de los años 80, ya fallecieron de sida unas 300.000 personas.
A principios de febrero, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó al ministro Chiya que no estaba acompasando las tendencias internacionales.
Tras una visita de un equipo de siete miembros, la organización con sede en Ginebra presentó un informe de 31 páginas sobre las "flexibilidades" de los Trips en Tailandia, diciendo que las reglas de la OMC ofrecen una gama de opciones para que los países en desarrollo "mejoren su acceso a las medicinas".
"El uso de licencias obligatorias y disposiciones de uso gubernamental para mejorar el acceso a las medicinas es uno de varios mecanismos de contención de costos que pueden ser útiles para medicinas esenciales patentadas y no accesibles para todas las personas o para los programas de seguros de salud pública", agregó.
