Antiguos residentes de la ciudad de Nueva Orleans, muchos de ellos pobres, luchan por regresar a sus hogares antes que el Departamento (ministerio) de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos comience a demoler miles de casas esta semana.
Los planes oficiales de reconstrucción implican reemplazar 4.000 viviendas en cinco grandes complejos públicos con otras construidas con fondos públicos y privados, y reservar parte de las nuevas a los damnificados y a precios asequibles.
Esta puesta a punto eliminará 82 por ciento de las viviendas públicas de la ciudad, por lo que quedarán excluidas 3.800 familias, según el Fondo de los Pueblos para los Huracanes y la Coalición de Supervisión.
Esta organización coordina los esfuerzos de investigación y de la sociedad civil para ayudar a los sobrevivientes del huracán Katrina.
La gubernamental Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada que comenzaría a desmantelar los estacionamientos de remolques instalados para quienes perdieron sus hogares en la tormenta de agosto de 2005.
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Muchos de esos damnificados residían en viviendas públicas antes del siniestro.
Estos desplazados y quienes los apoyan han realizado protestas por la demolición de las viviendas, lo que, para muchos, derivará en una amplia reconfiguración demográfica de la ciudad.
"Esto es un aburguesamiento a escala masiva", dijo Jeff Connor, clérigo de la Iglesia Metodista Unida cuya parroquia cooperativa del este de Nueva Orleans ayuda a muchos de los vecindarios más golpeados por el huracán.
"Lo que está en juego es la esencia misma de Nueva Orleans. El jazz surgió de nuestra comunidad negra, de su modo de vida, su modo de celebrar la vida. Louis Armstrong fue parte de la comunidad que ahora es dejada sin techo", enfatizó Connor, de la organización Iglesias que Apoyan a Iglesias (CHC, por sus siglas en inglés).
La población sin techo de Nueva Orleans se disparó ahora a 12.000, más del doble que antes de la tormenta, según organizaciones de servicio social.
Sam Jackson vive en el edificio público B.W. Cooper de Nueva Orleans. Él pudo regresar a su hogar, pero recordó que amigos suyos encontraron, luego de la tormenta, los suyos rodeados por vallas perimetrales con carteles de "no pasar", y que les impidieron ingresar para juntar sus pertenencias.
"Cuando uno vuelve a su hogar, se queda afuera. ¿A dónde va a ir? Mucha de esta gente es discapacitada, vieja", sostuvoJackson.
Entre las razones ofrecidas por el Departamento de Vivienda y por la Autoridad de Vivienda de Nueva Orleans, para la demolición de las viviendas públicas, figura una según la cual estos complejos alientan una problemática "concentración de pobreza".
Pero expertos cuestionan este razonamiento y señalan que la mayoría de las unidades no fueron afectadas por la tormenta.
"¿El problema es que tengamos concentraciones de pobreza? ¿O que estos vecindarios carezcan de los servicios que necesitan para florecer y crecer?", preguntó Avis Jones-DeWeever, directora del centro de investigaciones, políticas públicas e información del Consejo Nacional de Mujeres Negras.
Organizaciones comunitarias se han levantado para apelar a todos los niveles del gobierno, con el objetivo de frenar las demoliciones.
Una organización multirracial de residentes de viviendas públicas, ex habitantes de esos complejos y otros activistas se reunieron el jueves frente a la alcaldía de Nueva Orleans para oponerse a las demoliciones y exigir el reconocimiento del "derecho al retorno" de toda la población de Nueva Orleans.
Pero los miembros del Concejo municipal apenas ofrecieron un tibio apoy. Dos de los cinco concejales aseguraron que trabajarían por los reclamos. Los otros tres guardaron silencio.
CSC, la organización de Connor, representa a 36 iglesias de Nueva Orleans que trabajando junto con otros grupos religiosos del país para abogar por viviendas asequibles y por la reconstrucción de edificios.
Otro miembro de CSC, el reverendo Charles Duplessis, de la Iglesia Bautista del Monte Nebo, obtuvo 130.000 firmas para exigir al senador republicano David Vitter que revirtiera su oposición al proyecto de ley de Recuperación de Viviendas de la Costa del Golfo de México.
Esa iniciativa prevé reemplazar cada unidad habitacional demolida por una nueva, de modo que los residentes pobres de Nueva Orleans puedan retornar. El proyecto cuenta con el apoyo de todos los legisladores del sudoriental estado de Louisiana, excepto Vitter.
El profesor de derecho Bill Quigley, de la Universidad de Loyola de Nueva Orleans, evaluó que Vitter no manifiesta su apoyo al proyecto por razones políticas.
Su intención, según Quigley y otros observadores, es impedir que la patrocinante de la iniciativa, la senadora Mary Landrieu, del opositor Partido Demócrata, obtenga antes de las elecciones de 2008 una victoria legislativa que repercuta en la votación de Nueva Orleans, cuya gran comunidad negra es de tradición demócrata.
Pero activistas y residentes de viviendas públicas no son los únicos que vienen trabajando para detener las demoliciones. También está involucrada la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, principal central sindical estadounidense).
Tom O'Malley, director del Programa de Recuperación de la Costa del Golfo de la AFL-CIO, vinculó a la Fundación para la Inversión en Vivienda de la central sindical con los residentes del complejo público St. Bernard, hogar de 866 personas víctimas de la tormenta cuya demolición se prevé ahora.
A través de esta asociación, los residentes pudieron formar su propia Corporación St. Bernard de Recuperación y Desarrollo de Viviendas, dijo O'Malley a IPS.
La AFL-CIO también prevé reconstruir 1.045 viviendas asequibles en el lugar. Pero O'Malley no es optimista en que organizarse a nivel del gobierno local o nacional salve a St. Bernard o a cualquier otro complejo de viviendas públicas.
"Cualquier cosa que suceda, por cierto, no beneficiará a los trabajadores pobres", dijo.
Si los trabajadores pobres no pueden afrontar económicamente el regreso a Nueva Orleans, no sólo se verá alterada la demografía de la ciudad, sino también su tejido económico y social, aseguran algunos expertos.
Según Jones-DeWeever, las vitales redes sociales que sostuvieron a los residentes más pobres de la ciudad nunca serán reconstruidas a menos que se permita a las comunidades volver a sus vecindarios y complejos habitacionales.
"No hay población más profundamente afectada que las madres solteras pobres. Estas mujeres no tenían mucho antes de Katrina. Estas comunidades sobrevivían a través de la red de la familia extendida", explicó Jones-DeWeever.
Económicamente hablando, aunque puede haber nuevos puestos de trabajo en Nueva Orleans, la escasez de viviendas públicas podría impedir que estos trabajadores hallen un lugar barato para vivir en la ciudad.
Tanto O'Malley como Vincent Sylvain, un pequeño empresario de Nueva Orleans, coincidieron en que demoler viviendas públicas podría perjudicar a la fuerza laboral de la ciudad.
Sylvain habló con IPS mientras ayudaba a una familia a mudarse a una de las residencias que él administra, luego que fuera desalojada de su estacionamiento de remolques patrocinado por la FEMA. Antes del remolque, la familia residía en una vivienda pública de Nueva Orleans.
Pero aunque los planes de demolición avancen como está previsto, no todas las familias de Nueva Orleans serán tan afortunadas.
Quienes vuelvan a sus hogares no los encontrarán. "Y nosotros tendremos un problema: más gente sin techo. Nosotros lo habremos creado, porque no detuvimos esta demolición", dijo Connor.
