El 10 de este mes, la comunidad internacional celebrará los 59 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, su aplicación es algo todavía lejano para millones de homosexuales en todo el mundo.
El 9 de agosto, cuando en Sudáfrica se celebraba el Día Nacional de la Mujer, tres lesbianas fueron brutalmente asesinadas en dos incidentes separados.
Aunque las autoridades se negaron a especular sobre si la orientación sexual de las víctimas era un factor, una de ellas, Sizakele Sigasa, era abierta homosexual y activista a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, y personas con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
Los crímenes, condenados por grupos de homosexuales y defensores de los derechos humanos de todo el mundo, son emblemáticos de una cultura global de intolerancia y con frecuencia de abierta violencia hacia las minorías sexuales, señalan activistas.
Setenta y siete países tienen leyes que castigan la homosexualidad, y en siete de esas naciones (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Mauritania, Nigeria, Sudán y Yemen) se puede llegar a castigar con la pena de muerte.
[related_articles]
El mes pasado, el gabinete de Corea del Sur eliminó ciertos puntos de un proyecto de ley contra la discriminación que extendía la protección a todo tipo de orientación sexual, cediendo a la presión de una coalición de cristianos de derecha en la Asamblea Nacional.
En Uganda, miembros del gobierno del presidente Yoweri Museveni llamaron a la aplicación de una draconiana ley contra la "sodomía", que castiga los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo con cadena perpetua, y amenazaron con aprobar nuevas leyes que extiendan el alcance de la pena.
Y la lista sigue. El director del Programa para los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros de la organización Human Rights Watch (HRW), Boris Dittrich, dijo a IPS: "Esos países que han penalizado la homosexualidad son en verdad un objetivo para nosotros, porque eso lleva a la discriminación".
En noviembre de 2006, un distinguido grupo de 29 expertos en derechos humanos de 25 países se reunieron en Yogyakarta, Indonesia, para desarrollar una amplia gama de criterios de derechos humanos y discutir su aplicación en temas de orientación sexual e identidad de género.
Los llamados Principios de Yogyakarta sugieren pasos concretos para que los gobiernos terminen con la violencia, los abusos y la discriminación contra las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.
En un intento de divulgar estos principios y estimular su adopción por parte de los países miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), activistas y representantes de gobierno de Argentina, Brasil y Uruguay auspiciaron una reciente discusión que reunió a grupos de la sociedad civil, expertos del foro mundial y diplomáticos de 20 países, la Comisión Europea y el Vaticano.
"Nuestra esperanza era que muchas misiones, representantes y gobiernos aprueben la introducción de los Principios de Yogyakarta en el sistema de la ONU en Nueva York", dijo Dittrich.
HRW y otros grupos denuncian continuas violaciones a los derechos humanos, incluyendo violaciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, represión a la libertad de expresión y de reunión, y discriminación en el trabajo, en la salud, en la educación, en la vivienda y en la justicia.
La directora del departamento de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ana Lucy Cabral, dijo en la reunión de la ONU que su gobierno estaba comprometido en la lucha contra la discriminación en todos los niveles.
Cabral dijo que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabaja con grupos de la sociedad civil para crear el programa "Brasil sin homofobia", y celebrará una conferencia pública en 2008 para promover estos objetivos de igualdad.
En Estados Unidos, un paso importante fue dado semanas atrás por la gobernadora del nororiental estado de Michigan, Jennifer Granholm, quien prohibió la discriminación a los trabajadores en base a su "identidad de género o expresión", y a aquellos que se comporten, vistan o identifiquen como miembros de su sexo opuesto.
Sean Kosofsky, director de políticas de la Triangle Foundation, organización con sede en Michigan que defiende los derechos de los homosexuales, elogió la decisión de la gobernadora.
"Creó un ambiente en el estado en el que los transgéneros son bien recibidos y valorados entre la fuerza laboral y en la comunidad", dijo a IPS.
