Defensores de los derechos humanos llevan adelante una campaña para abolir la pena capital en Zimbabwe, pese a la represión policial y a los problemas que afronta la sociedad por la profunda crisis económica que sufre el país. Por ahora, la población sólo trata de sobrevivir.
"Se nos hace muy difícil conseguir autorización de la policía para realizar las reuniones", se quejó John Chinamurungu, presidente del capítulo local de la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
"La policía considera a todos nuestros intentos de reunir gente como hechos políticos. Es muy difícil sacar a flote la campaña", añadió.
Amnistía y la Asociación para la Prevención del Delito y la Rehabilitación de Delincuentes de Zimbabwe (Zacro) trabajan juntas para conseguir apoyo para abolir la pena de muerte y colocar el asunto en la agenda política.
La nueva incorporación de Zacro siguió a una columna de uno de sus miembros publicada en enero en el diario estatal The Herald. Allí anunció el inicio de la campaña, cuyos detalles fueron luego explicados a IPS por Edson Chiota, coordinador nacional de la asociación.
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El plan incluyó difundir el mensaje a favor de la abolición entre los más de 13 millones de ciudadanos con una gran cantidad de afiches y folletos.
Pero la campaña tropezó con la agudización de la crisis económica.
En enero, la inflación anual se situó en 1.600 por ciento. En septiembre alcanzó 7.982,1 por ciento, según cifras de la Oficina Central de Estadística. Y ahora se especula que ronde 25.000 por ciento.
El papel y el combustible, fundamentales para una campaña nacional de este tipo, son casi imposibles de conseguir.
Ahora a la población sólo le interesa sobrevivir. En Harare, las largas horas de cola para conseguir pan son normales.
A principios de este mes, el ministro de Agricultura anunció que el trigo cosechado era dos tercios inferior a la cantidad necesaria para cubrir la demanda. Poco después, el precio del pan aumentó 300 por ciento.
"Hay millones de personas que necesitan donaciones de alimentos", señaló en agosto Richard Lee, del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se estimó entonces que unas 3,3 millones de personas iban a necesitar asistencia de la agencia para poder sobrevivir en los próximos meses.
Las autoridades respondieron a toda manifestación o protesta disidente con la policía antidisturbios, lo que contribuyó a crear un clima de miedo e intimidación.
A pesar de la catástrofe económica, Amnistía y Zacro no se dejaron intimidar ni pospusieron sus talleres de sensibilización respecto de la pena capital.
El vicepresidente de Amnistía Zimbabwe, Francis Mweene, fue un participante destacado al haber sido él mismo un sobreviviente del pabellón de la muerte.
Mweene fue sentenciado a la máxima pena en Rhodesia, como se denominaba el actual Zimbabwe antes de su independencia en 1980, que era gobernada por blancos.
"Fue una gran sorpresa para mí haber tenido la posibilidad de seguir viviendo. Fue gracias a Amnistía Zimbabwe que defendió mi derecho a la vida", explicó a IPS, al recordar cómo los contactos de esa organización lograron extirparlo de las fauces de la muerte.
"Me parece que a través de testimonios se puede sensibilizar a la gente y hacer que comprendan por qué estamos contra la pena de muerte", sostuvo.
El hecho de que Mweene encabece los testimonios plantea una clara dificultad a las autoridades a la hora de intervenir y prohibir sus reuniones.
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, encabezó la guerra de independencia contra el régimen de Ian Smith y habría terminado en el pabellón de los condenados a muerte como Mweene si lo hubieran capturado.
Ian Smith fue el primer ministro que declaró en 1965 la independencia de Rhodesia del Sur en forma unilateral y lo llamó Rhodesia.
Además de las reuniones, Amnistía distribuye camisetas con lemas contra la pena de muerte.
Zacro trató de conseguir apoyo para la campaña del Consejo de Jefes, aprovechando la reunión anual de los líderes tradicionales en Harare y en las Cataratas Victoria.
Los jefes pueden llevar el asunto al parlamento, al que designan a 10 representantes.
Pero lo políticos, que no estaban interesados de que eso sucediera, se interpusieron para evitar que el Consejo tratara el asunto, según varias fuentes.
"Teníamos esperanzas de comenzar con los jefes para poder llevar el tema a la Asamblea y tratar de conseguir una entrevista con el jefe de Estado", dijo a IPS Chakanyuka.
El interés de Zacro en los jefes formaba parte de la ofensiva inicial de la campaña, que sostenía que la pena de muerte era "extranjera y contraria a los conceptos y creencias tradicionales de justicia".
Pero resultó que la opinión de los jefes sobre el máximo castigo estaba dividida, según diversas fuentes.
"Debes recibir una sentencia acorde con el delito que cometiste. Si mataste en forma deliberada a una persona, entonces debes morir", dijo el jefe Makoni, según informó el periódico Financial Gazette.
Los jefes no tienen intenciones de quedar vinculados a un asunto tan polémico ni de plantear el tema al presidente por temor a perder sus privilegios. Básicamente integran la nómina del gobierno.
"Ante la proximidad de las elecciones no hay posibilidad de volver hablar con los jefes hasta después de que se celebren", señaló Chakanyuka, visiblemente decepcionado.
Los comicios presidenciales, legislativos y de autoridades locales se realizarán dentro de seis meses.
Zacro tiene previsto difundir por todo el país un llamado a abolir la pena de muerte.
"Queremos presentar la petición a Mugabe, pues es quien fue investido con el poder para decidir si uno debe, o no, ir a la horca", señaló Chakanyuka.
Mugabe ha resistido todos los pedidos de derogar el máximo castigo, desde el periodo colonial y durante sus 27 años de gobierno, y es poco probable que en el ocaso de su atribulado régimen cambie su forma de pensar.
Al vincular a Mugabe con la conservación de la pena de muerte y llevar a cabo la campaña en este contexto, los organizadores esperan que una de las primeras medidas de su sucesor sea abolir el máximo castigo.
Zacro también tiene esperanzas de motivar a la población con vistas a impulsar mayores reformas en materia penal en el futuro.
La última ejecución en Zimbabwe se realizó en 2004. Siete personas fueron muertas en la horca desde 1999, según Zacro.
