A los condenados a muerte de Estados Unidos con retardo mental se les resbala un salvavidas. Un juez envió a uno de ellos al patíbulo, a pesar de la prohibición emitida hace cinco años por la Corte Suprema de Justicia.
El 24 de agosto, el juez del meridional estado de Florida Ric Howard condenó a John Couey, de 49 años, por el secuestro, violación y asesinato, en febrero de 2005, de una niña de nueve.
Los abogados de Couey habían alegado que el acusado era retardado mental, pues, según un examen de coeficiente intelectual, había obtenido 64 puntos. Las leyes de Florida ubican el retardo en un puntaje menor a 70. El promedio en todo Estados Unidos se estima en 100.
Según la defensa, esa prueba debió haber bastado para liberar al hombre de la pena de muerte por inyección letal y conmutarla por una de cadena perpetua.
La Corte Suprema consideró inconstitucional la condena a muerte de personas con retardo mental, al emitir en 2002 su fallo sobre el caso Atkins versus el Estado de Virginia.
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Este dictamen, adoptado por seis votos contra tres, establece que la ejecución de retardados prevista por las leyes del oriental estado de Virginia viola la octava enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
El juez Howard no cuestionó el fallo de la Corte Suprema, pero rechazó la prueba de coeficiente intelectual presentada por la defensa del acusado y aceptó la proporcionada por la fiscalía. Ese examen asignaba a Couey un coeficiente intelectual de 89. Dos semanas después, el magistrado lo condenó a muerte.
Couey, quien quedó en lista de espera para ser ejecutado en la prisión de la ciudad floridense de Starke, tiene derecho a la apelación automática prevista para los condenados a muerte.
El prolongado proceso de apelaciones de este tipo de casos y el lento ritmo de las ejecuciones elevan en Florida el periodo promedio de espera para la camilla de la inyección letal a entre 10 y 12 años.
Otro condenado que, según organizaciones contrarias a la pena de muerte, tenía un coeficiente intelectual inferior a 70, James Lee Clark, fue ejecutado el 11 de abril en el meridional estado de Texas. Había sido condenado por asesinar a una adolescente en 1993.
Pero otro condenado, José De Jesús, acusado de dos asesinatos, se salvó del cadalso en el nororiental estado de Pennsylvania porque varios psicólogos lo calificaron de "levemente retardado", lo cual fue aceptado por un tribunal de apelaciones en agosto.
"Probablemente Estados Unidos ejecuta ahora a retardados mentales porque ellos se escurren por las grietas de la justicia penal", dijo a IPS el abogado Jonathan Broun, experto en ese tipo de casos.
Cassandra Stubbs, portavoz de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos, atribuyó los actuales diferendos judiciales a la "enorme caja de preguntas" que quedaron sin contestar desde el fallo de la Suprema Corte de 2002.
La Corte no estableció un puntaje máximo en las pruebas de coeficiente intelectual para configurar el retardo mental, ni la necesidad de practicar esas evaluaciones para dirimir los conflictos al respecto.
"En Florida se necesita un puntaje de 70 o menos para ser declarado mentalmente retardado", dijo Stubbs.
De ese modo, en Estados Unidos rigen diversos criterios sobre la definición del retardo mental. Hay una amplia gama de normas en la materia en los 38 estados donde aún se prevé la pena de muerte.
Stubbs pronosticó que, a instancia de los abogados defensores, la Corte Suprema deberá emitir una aclaración.
Por otra parte, el caso Couey dejó en evidencia la existencia de gran variedad de pruebas de coeficiente intelectual en Estados Unidos. Las evaluaciones predominantes son la Standford-Binet y la WAIS III (siglas en inglés de Escala Wechsler de Inteligencia Adulta).
Tampoco es uniforme el criterio sobre la etapa del proceso penal en que debe tomarse una decisión sobre el eventual retardo mental del acusado, dijo Richard Dieter, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington.
"Entre los estados hay muchas variables sobre este asunto. Según la legislación de algunos estados, el abogado debería plantear esto antes del juicio. Otras indican que se puede plantear después del juicio. Y Texas no tiene leyes en esta materia", destacó.
Ronald J. Tabak, abogado experto en derechos civiles y pena de muerte radicado en Nueva York, dijo a IPS que la determinación del retardo mental solía ser resuelto antes de que un caso llegara a tribunales. Pero la Corte Suprema no se pronunció sobre un punto clave: si es el juez o el jurado el debe decidir el punto.
Es probable que estas controversias influyan en el curso del debate, cada vez más intenso, sobre la pena de muere en Estados Unidos.
La mayoría de los estados resuelven ahora no ejecutar a los condenados, o los jurados prefieren la cadena perpetua. Pero Texas continúa su "incesante ritmo de matanzas patrocinadas por el Estado", según un editorial publicado este mes por el diario The Dallas Morning News.
La Asociación de Médicos de Estados Unidos prohíbe a sus afiliados participar en ejecuciones.
Los análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico) y otros avances científicos comprobaron la inocencia de más de 100 condenados.
Estados Unidos parece cada vez más aislado en el mundo en materia de pena capital. Países pobres, el pequeño Kirguizstán, en Asia central, abolieron la pena de muerte y se esfuerzan por introducir un sistema penal que prevea la reinserción de los presos rehabilitados en la comunidad.
Este año, el Colegio de Abogados de Estados Unidos emitirá un informe sobre la pena de muerte con un capítulo sobre los condenados con retardo mental, dijo a IPS Nancy Slonim, portavoz de la organización.
