México se ha convertido en el segundo sitio más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, después de Iraq. Los trabajadores de los medios de comunicación se encuentran entre la espada del crimen organizado y la pared del poder político.
En lo que va del año, dos periodistas fueron asesinados, tres desaparecieron, un periódico fue cerrado, al igual que una emisora de radio, y se registraron varios casos de acoso en contra de medios informativos.
Cuatro organizaciones dedicadas a promover la libertad de expresión expusieron el caso mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Wasahington.
Representantes del Centro Nacional de Comunicación Social de México (Cencos), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y las organizaciones internacionales Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) pasaron revista en la audiencia de la Comisión a la lista de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento a periodistas desde 2000.
"Queda claro que la libertad de expresión en México pasa por un momento de debilidad y el Estado tiene responsabilidad en ello, ya que se vulnera el fortalecimiento del sistema democrático", dijo a IPS un portavoz de la no gubernamental Cencos, que trabaja desde 1964 en temas de comunicación.
Las cuatro entidades acusaron al Estado mexicano de violar al menos seis tratados internacionales por no garantizar los derechos básicos de los profesionales de la prensa.
La violencia contra los reporteros se ha agudizado desde 2000, luego de la llegada al gobierno de Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PÄN), que en diciembre pasado fue reemplazado por su correligionario Felipe Calderón.
En esos seis años, 31 periodistas fueron asesinados. Los crímenes, que permanecen impunes, son atribuidos a bandas de narcotraficantes. El año pasado, 19 trabajadores de la prensa denunciaron amenazas ante la Organización de las Naciones Unidas, mientras que Cencos aseguró que se produjeron 131 ataques.
En respuesta a las quejas, el gobierno mexicano reconoció ante la comisión humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) el aumento de actos violentos contra periodistas y aceptó que es responsabilidad del Estado la investigación de esos hechos y la persecución penal de sus autores, a los que identificó mayoritariamente como miembros de organizaciones criminales.
La Procuraduría (fiscalía) creó en febrero de 2006 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp), cuyos resultados han sido colocados en tela de juicio por las entidades profesionales.
"La actuación de la Feadp es muy limitada, queda reducida a un papel de observador privilegiado sin incidencia directa en la conformación de expedientes", según Cencos.
Este año esa dependencia ha iniciado 30 expedientes, de los que sólo ha atendido directamente uno.
"La fiscalía sigue siendo muy tímida, no es un mecanismo eficiente", declaró a IPS Juan Humberto Vital, profesor de la Universidad Iberoamericana.
Asimismo, el Congreso legislativo formó en diciembre una comisión especial para atender los casos de ataques contra la prensa, integrada por siete parlamentarios pertenecientes a los diferentes grupos políticos representados en ese cuerpo.
Su tarea también ha sido blanco de críticas. Por ejemplo, el plan de trabajo incluía la creación de una página en Internet para informar de las agresiones a periodistas, lo cual no se ha concretado.
"El incumplimiento del programa de trabajo resulta inadmisible ante el potencial que tiene la comisión legislativa en la atención de los ataques a periodistas y medios de comunicación", destacó el Cencos.
Los periodistas del interior de México son los más expuestos a la violencia. La mayor cantidad de agresiones se registraron en los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, varios de los cuales son también un bastión de los narcotraficantes.
El 6 de abril fue asesinado Amado Ramírez, corresponsal de la cadena privada Televisa en el balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, al igual que Saúl Martínez, editor del Diario de Agua Prieta, en el norteño estado de Sonora, quien fue atacado 10 días después.
A ellos se agregan los casos de Rodolfo Rincón, reportero del diario Tabasco Hoy, quien permanece desaparecido desde el 20 de enero, y del periodista Gamaliel López y el camarógrafo Gerardo Paredes, de la cadena privada TV Azteca en la septentrional ciudad de Monterrey, cuyos paraderos se desconocen desde el 10 de mayo.
Reporteros Sin Fronteras instó al gobierno mexicano a proseguir su búsqueda luego de que el director de noticias de TV Azteca, Alfonso Teja, reconociera hace dos semanas "haber perdido la esperanza" de que ambos aparecieran con vida.
En la norteña ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, el diario Cambio suspendió el 25 de mayo su publicación, argumentando que no contaba con condiciones de seguridad adecuadas. Fue el primer hecho de este tipo en México. El matutino había sufrido previamente dos ataques con granadas, cuya autoría se adjudicó a grupos de narcotraficantes.
Hasta ahora, casi 1.050 personas han muerto en hechos violentos relacionados con el narcotráfico, según informaciones periodísticas, por lo que RSF sumó a los carteles mexicanos de la droga a su lista de 34 "depredadores de la prensa".
"La situación actual refleja una coincidencia entre las zonas donde opera el narcotráfico y las agresiones a periodistas", indicó Vital.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a propietarios de medios escritos de todo el continente, el norte mexicano es la zona más riesgosa para los periodistas, a causa de los constantes enfrentamientos entre mafias.
La impunidad parece ser una constante en los casos de atentados contra la prensa. Al menos 67 asesinatos, de un total de 136 cometidos desde la década del 80, han quedado sin ser aclarados y sin culpables reconocidos, según información de la fiscalía.
Pero el poder político también ha dirigido sus baterías contra los periodistas. A fines de junio, el programa radial Monitor suspendió sus transmisiones a causa de insolvencia económica. Su dueño, el periodista José Gutiérrez Vivó, hizo referencia a un boicot económico orquestado por el entonces presidente Fox y empresarios cercanos a él.
En Guanajuato, en la zona central del país, los periódicos A.M. y Al Día acusaron al gobernador Juan Manuel Oliva, del PAN, de negarles la publicidad oficial, en una clara violación al principio 13 de la Declaración Interamericana sobre Libertad de Expresión, de la Comisión de la OEA.
La sociedad mexicana parece valorar la labor periodística. En una encuesta publicada esta semana por el diario Milenio, 83 por ciento de los consultados se mostraron satisfechos con el trabajo de los medios. Pero el acoso contra la prensa no ha ocasionado una reacción social de condena.
"Hay indiferencia, el público es tremendamente pasivo. El problema es que está rota la vinculación de los medios y el público. La sociedad no reaccionó a los cierres de Cambio y Monitor", señaló Vital.
