La liberación en Estados Unidos del médico Jack Kevorkian, de 79 años, quien pasó los últimos ocho en prisión por haber practicado la eutanasia, puso una vez más sobre la mesa las polémicas implicaciones éticas y legales del suicidio asistido a enfermos terminales.
El otrora conocido como "Doctor Muerte", liberado el 1 de este mes, declaró que no ayudará ni aconsejará a ninguna persona a quitarse la vida, porque entre otras cosas, las condiciones de libertad condicional se lo impiden.
Kevorkian ni siquiera puede estar en una casa con un arma cargada.
El patólogo, que asistió la muerte de por lo menos 130 personas, dijo estar harto de un gobierno de "tiranos". Además se sintió consternado por la falta de avances legales en la materia en los más de ocho años que estuvo en prisión.
"No me culpen. Culpen a su gobierno por aprobar leyes en contra del suicidio asistido", dijo Kevorkian en entrevista con el periódico The New York Times.
Kevorkian sigue siendo un gran partidario de reformar las normas federales para habilitar el suicidio asistido por un médico, una de las formas más polémicas de "matar por piedad".
Su abogado declaró que Kevorkian había recibido ofertas de más de 100.000 dólares por una única conferencia sobre el asunto.
La imprevista posibilidad de obtener réditos no parece entusiasmar al ex convicto, quien fuera acusado en 1999 por asesinato en segundo grado y cuyo disgusto con Washington por este asunto es evidente.
"Yo no lo voy a volver a hacer. No vale la pena porque va a ser contraproducente. Le toca a otros. Si no están de acuerdo, entonces no lo hagan", dijo a The New York Times.
"Dejen que el gobierno los pisotee. Si no quieren hacerlo, está bien, pero no pretendan que yo siga hablando del tema y vuelva a esa cosa llamada prisión", subrayó.
Kevorkian incluso la emprendió contra el oriental estado de Oregon, el único en aprobar leyes respecto del suicidio asistido, por no abarcar a aquellos enfermos que no pueden tragar una pastilla ni administrarse una inyección letal.
Geoff Sugerman, del Centro Nacional para una Muerte Digna, con sede en Oregon, señaló que la ley estadual prohíbe claramente que quienes decidan terminar con sus vidas obtengan ayuda.
"Logramos un sistema que funciona muy bien, según el cual los enfermos tiene derechos a quitarse la vida, pero también se asegura que ese paso lo den por sí mismos", dijo Sugerman a IPS.
La ley de Oregon estipula que una persona diagnosticada con una enfermedad terminal, psicológicamente sana y que le queden menos de seis meses de vida puede solicitar, por escrito, una receta para una medicación que le cause la muerte.
La solicitud debe ser confirmada por dos testigos, uno de los cuales no puede tener vínculos familiares con el paciente ni ser su heredero ni ser tratado por el mismo médico ni ser empleado de alguna de las instituciones de salud que lo tratan.
Una vez hecha la solicitud, otro médico debe revisar la historia clínica de la persona enferma y confirmar el diagnóstico.
En caso de aprobarse la petición, el paciente debe esperar otros 15 días y hacer una segunda solicitud, en forma oral, antes de que pueda hacerse la receta.
Sugerman señaló que la mayoría de las personas que quieren terminar con su vida están en la fase final de un cáncer y tienen entre 70 y 80 años.
Sugerman no concuerda con Kevorkian acerca de que la ley de Oregon sea laxa, y cree que su caso sirvió para generar conciencia acerca de la cuestión en todo el país.
"Kevorkian puso el tema sobre la mesa en Estados Unidos, pero el método de Oregon es mejor porque el paciente mantiene control sobre el proceso", dijo a IPS.
Sugerman y otros partidarios del suicidio asistido tienen esperanzas de que el noroccidental estado de Vermont y el oriental de California también legalicen esa práctica.
Los legisladores californianos iban a votar un proyecto de ley que nunca se presentó, aunque algunos de los representantes favorables a la norma creen que no se conseguirán los votos necesarios.
Mientras, en Vermont, fue rechazado un proyecto de esas características, lo que significó una gran victoria para la legión de centros de asistencia médica y residencias de enfermos desahuciados que se oponen a todo tipo de reglamentación en la materia.
Jon Radulovic, representante de la Organización Nacional de Residencias y Asistencia Paliativa, subrayó que los avances en la medicación contra el dolor y otro tipo de controles vuelven innecesario el suicidio asistido.
Además, sostuvo que la visión de Kevorkian se sustenta, en parte, en información desactualizada acerca del tratamiento a enfermos terminales.
"Creo que ahora sabemos más acerca del dolor y cómo controlarlo que cuando Kevorkian fue a prisión, en 1999", dijo a IPS.
No sorprende que esas residencias no quieran que haya ninguna reglamentación respecto del suicidio asistido, pero sí que también las asociaciones de médicos se opongan con firmeza a que otros ayuden a un paciente a terminar con su dolor o al suicidio autoinducido.
"El suicidio asistido por un médico no debe formar parte de la atención estándar. Su práctica de rutina supondría un grave problema ético entre otros, debilitando la relación médico paciente y la confianza necesaria para preservar ese vínculo y el papel de la profesión en la sociedad", remarcó Lois Snyder, directora del Colegio Estadounidense de Centros Médicos de Ética y Profesionalismo.
"Nos cuestionamos acerca de si es competencia de la medicina dar a las personas el control absoluto de cuando y cómo morir", indicó Snyder, quien también es autora de un artículo de opinión sobre este asunto publicado en los Anales de Medicina Interna.
La duda rondará entre los ciudadanos estadounidenses mientras Kevorkian y otros aviven el debate en torno al suicidio asistido.
Algo similar sucede en el resto del mundo, ya que en Europa y en otras partes la práctica no está prohibida específicamente, aunque sólo tres países la legalizaron, Bélgica, Holanda y Suiza.
