Dos nuevos equipos de verdugos capacitados y comprometidos con una «muerte digna y humanitaria» están listos para cumplir su papel en el meridional estado de Florida, de Estados Unidos.
Tan pronto como el nuevo gobernador de Florida, Charlie Crist, firme las órdenes de ejecución de 380 condenados del pabellón de la muerte, el grupo se pondrá en acción, pero todavía no se sabe quién será el primero, tras el levantamiento de una moratoria de cuatro meses.
La noticia fue confirmada por una funcionaria de Relaciones Públicas del Departamento Penitenciario de Florida, Gretl Plessinger.
El 9 de mayo, ese estado dio por terminada la moratoria sobre las ejecuciones declarada a mediados de diciembre. Ese mismo día, Crist aprobó una serie de medidas para mejorar la forma en que Florida lleva a cabo las ejecuciones mediante la inyección letal.
La moratoria se anunció el 15 de diciembre pasado, dos días después de que un verdugo de Florida punzara varias veces el brazo izquierdo de Angel Diaz, acusado de asesinato, porque no le encontraba la vena. La ejecución pudo realizarse, pero llevó más de media hora, por lo menos el doble de lo usual.
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Activistas contra la pena de muerte protestaron en todo el mundo porque existen indicios de que Díaz habría estado consciente y habría experimentado un dolor atroz. Si eso fue así, se trató de una violación a la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe castigos crueles.
La dimensión de la protesta llevó al saliente gobernador John Ellis "Jeb" Bush, quien había firmado la orden de ejecución de Díaz, a declarar una moratoria temporal de la pena capital y encomendó a una comisión de 11 miembros que investigara cómo evitar que esa situación se repitiera.
Otros nueve estados también declararon una moratoria de las ejecuciones mediante inyección letal. Florida es ahora el primero que la levanta.
Cada uno de los dos nuevos equipos responsables de las ejecuciones cuenta con 10 personas, dijo Plessinger a IPS, y recibieron capacitación en "numerosos" sitios, incluyendo Terre Haute, en el central estado de Indiana.
Terre Haute es una prisión de alta seguridad en medio de Estados Unidos. Su pabellón de la muerte, el único de carácter federal de todo el país, fue reabierto cuando la Corte Suprema revirtió en 1967 su decisión contra la pena de muerte.
Allí fue ejecutado mediante inyección letal el antiguo miembro de las Fuerzas Armadas responsable del atentado de la ciudad de Oklahoma, Timothy McVeigh, en junio de 2001.
El gobernador Crist, conocido defensor de la pena capital, aprobó las 37 recomendaciones propuestas por la comisión de investigación.
Las nuevas normas establecen que haya un encargado de prisión para certificar que el condenado esté inconsciente antes de inyectarle las drogas que le provocan la muerte, explicó Plessinger a IPS por correo electrónico.
Esa pauta habría sido motivada porque Díaz podría haber sido consciente de que su verdugo no podía ponerle la aguja en la última etapa de la ejecución.
A partir de ahora, la sala de ejecución estará más iluminada, añadió Plessinger.
Pero eludió la pregunta acerca de si el estado de Florida elevaría la dosis de drogas en futuras ejecuciones.
En cambio, sí confirmó que no habría cambios en la composición de los tres químicos de la inyección letal. La comisión debió investigar específicamente si las drogas que utiliza el estado de Florida debían ser reemplazadas por otras.
"El Departamento Penitenciario analizó no sólo las drogas utilizadas en Florida, sino en otros estados y las que se usan en el ámbito federal. Las que se usan aquí son consistentes con las de otras jurisdicciones", indicó Plessinger.
Pero dejó abierta la posibilidad de cambios futuros. "El Departamento Penitenciario seguirá analizando el desarrollo de la farmacología", apuntó.
Las tres drogas que componen las inyecciones letales en Estados Unidos son pentotal sódico, un anestésico general, bromuro de pancuronio, para inducir la parálisis, y una última inyección de cloruro de potasio para detener el corazón.
Plessinger dijo que no podía revelar la identidad del próximo condenado que sería ejecutado.
La oficina del gobernador es la que determina la persona que será ejecutada, indicó, y añadió que "en este momento, el gobernador Crist no ha firmado ninguna orden".
Pero uno de los próximos podría ser Ian Deco Lightbourne.
En un esfuerzo por evitar su muerte, sus abogados pidieron al tribunal que ordenara a los cuatros periodistas testigos en la ejecución de Díaz publicar sus artículos al respecto. Los juristas esperan sustentar con ellos su caso acerca de que la ejecución mediante inyección legal es inconstitucional y salvar así a Lightbourne.
Pero IPS pudo saber que la solicitud había sido denegada.
Susan Bunch, abogada de uno de los periodistas, dijo a IPS, en entrevista telefónica, que no creía que el hecho significara el fin de la batalla de los abogados de Lightbourne.
"No me pareció que fueran a darse por vencidos", apuntó.
Como era de prever, la adopción del informe de la comisión de Florida y el levantamiento de la moratoria fueron medidas ampliamente criticadas por los defensores de la abolición de la pena de muerte de este país.
"Básicamente, lo que hicieron fue tomar testimonios, un paso en la dirección correcta", señaló David Elliott, portavoz de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte.
Pero también cuestionó que cualquier investigación sirviera cuando ningún estado da el ejemplo de buena práctica en la administración de las inyecciones letales. Además, cuestionó la meticulosidad del trabajo de la comisión.
El director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida, Howard Simon, señaló que el levantamiento de la moratoria "contradecía a la opinión pública". La comisión debió estudiar por qué Florida tiene "tantas" ejecuciones mal hechas. También debió analizar las alternativas a ese castigo extremo.
En cambio, el fin de la moratoria fue aplaudido por la organización Justicia para Todos, favorable a la pena capital, con sede en el meridional estado de Texas, que tiene más de 2.000 miembros en diferentes estados.
Su portavoz, Diane Clements, señaló que ése era el método "más humano" para ejecutar a un condenado.
Además de los 37 estados de este país, China, Guatemala y Tailandia usan las inyecciones letales como método de ejecución.
