En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Chile sentenció al Estado a indemnizar a 356 habitantes de la norteña ciudad de Arica contaminados con metales tóxicos. Mientras, el Ministerio Público investiga un derrame de petróleo producido una semana atrás en el sur.
"Desgraciadamente, todo esto está indicando una cosa muy concreta: en Chile se habla mucho de medio ambiente, pero no hay una intención real de solucionar los problemas. Las normas ambientales se cumplen sólo en apariencia y por razones comerciales", dijo a IPS Fernando Dougnac, presidente de la no gubernamental Fiscalía del Medio Ambiente (Fima).
El jueves se supo que el máximo tribunal del país había sentenciado al Servicio de Salud de la ciudad de Arica, más de 2.000 kilómetros al norte de Santiago, a pagar ocho millones de pesos (unos 16.000 dólares) a cada uno de los 356 habitantes de dos poblaciones afectadas por residuos tóxicos, pues el organismo no prestó los servicios sanitarios y ambientales necesarios, explicó Dougnac.
El jurista calcula que el Estado deberá desembolsar cerca de 3.400 millones de pesos, unos siete millones de dólares.
Ocho años atrás, la Fima presentó una demanda de restauración ambiental e indemnización por años contra la Sociedad Procesadora de Metales – Promel y el gobierno chileno, en representación de casi 1.000 habitantes de Cerro Chuño y Los Industriales, en Arica. Sólo un tercio de ellos fueron beneficiados por el fallo, indicó Dougnac.
Las viviendas de estas personas fueron construidas en 1995 junto a un "cerro negro" conformado por 20.091 toneladas de materiales tóxicos, como plomo, arsénico, cadmio, mercurio, zinc y cobre, residuos abandonados por la desaparecida empresa Promel.
"Estos residuos ingresaron a sus organismos por ingestión y respiración provocando a los afectados desmayos, vómitos, diarreas, mareos, dolor de cabeza, erupciones en la piel y problemas mentales, situación que les ha producido un menoscabo moral que debe ser compensado a través de la indemnización", señala la sentencia.
Asimismo, la Corte Suprema estableció que en este caso el Servicio de Salud de Arica no cumplió con las obligaciones establecidas en el Código Sanitario, la Ley Base del Medio Ambiente y el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Tansfronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación, en vigor desde 1992.
En 1984, Promel importó desde Suecia desechos de la compañía Boliden Metall AB, supuestamente para tratarlos. Pero esto nunca ocurrió. Dougnac asegura que se trata de un típico caso de tráfico ilegal de sustancias tóxicas.
Silvia Encina, representante de Los Industriales en la demanda, dijo a IPS que hasta que el no gubernamental Servicio Paz y Justicia se acercó al lugar en 1997 para tomar muestras de los desechos, los pobladores ignoraban el peligro al que estaban expuestos.
"El cerro negro estaba al frente de mi casa, cruzando la calle. Los niños jugaban allí todos los días", recordó Encina, de 57 años.
En 1998, los residuos fueron retirados por las autoridades y botados en otra área muy cercana a sus viviendas, dijo Encina. En el sitio desocupado se construyeron dos pequeñas canchas de fútbol.
En 1999, los residentes decidieron entablar la demanda. El primer fallo determinó que Promel debía hacerse cargo del saneamiento del entorno, pero no consignó indemnizaciones. Más tarde, un tribunal de apelaciones estableció que se debía compensar económicamente a unas 170 personas. Finalmente, la Corte Suprema amplió el número a 356.
"A pesar de todo lo negativo, para nosotros es un triunfo. Al final tuvimos que recurrir a la vía más larga, tediosa y cara. Más que el dinero, el fallo representa un desagravio a la población, un reconocimiento de su dignidad", sostuvo Dougnac.
"El fallo marca un precedente. Es una cosa muy importante para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. No queremos que se siga ocupando el desierto chileno como basural", complementó Encina.
Sin embargo, el monto asignado es insuficiente para reparar lo ocurrido, ya que para controlar la intoxicación por plomo se requieren exámenes muy caros, varios de los cuales no se practican en Chile, dijo Encina. Parte de la población sigue presentando vómitos, náuseas y dolores de cabeza. Algunos niños también tienen problemas de aprendizaje y conducta.
"No sabemos si está relacionado, pero se han registrado muchos abortos espontáneos. Hace poco mi hija de 27 años perdió a su bebé de dos meses y tres semanas", contó Encina.
Hasta ahora, 5.000 personas han sido sometidas a análisis de sangre. De ese total, 150 tenían entre 15 y 20 microgramos de plomo por decilitro (ug/dl) de sangre y cinco presentaban concentraciones superiores a los 30 ug/dl. La Organización Mundial de la Salud establece cómo límite máximo admisible 10 ug/dl.
Dougnac cree que los habitantes deberían ser trasladados de esa zona. Los afectados atribuyen entre 15 y 20 muertes a la contaminación. "Sólo se han tratado cerca de 400 niños intoxicados con plomo, a los cuales se les dio sulfato ferroso y se les duplicó la ración de leche", aseguró Encina.
"Hemos exigido a las autoridades que nos hagan exámenes para saber cómo estamos, pero lo único que nos ofrecen son exámenes de sangre. Pero después de tanto tiempo para medir el plomo necesitamos exámenes más específicos, de pelo, de huesos", indicó Encina.
El Servicio de Salud de Arica aseguró que acatará el fallo.
Mientras, en el otro extremo del país, el Ministerio Público inició una investigación para determinar si hubo delito y responsabilidades en un derrame petrolero ocurrido el 25 de mayo en la bahía de San Vicente, en la sureña región del Bío-Bío.
Ese día se esparcieron en el mar 350 metros cúbicos de petróleo cuando el buque tanque "New Constellation" realizaba faenas de descarga de crudo en una terminal de la estatal Empresa Nacional del Petróleo.
La causa fue una fisura en una cañería submarina. Pese a que de inmediato se activó un plan de contingencia para limpiar la zona y mitigar el daño a la flora y fauna, el derrame ya produjo la muerte de un lobo marino y de varias aves y se había desplazado hacia otros sectores del mar.
La mancha podría llegar a la península de Tumbes y amenazar una colonia de pingüinos que la habitan. Los pescadores artesanales dan por perdidos los mariscos y moluscos que extraen de allí.
