La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó este lunes que la Agencia de Protección Ambiental (EPA), un órgano del gobierno federal, tiene autoridad para regular una limitación de emisiones de gases invernadero.
Organizaciones ambientalistas aplaudieron la decisión judicial sobre el caso "Massachusetts versus EPA", aprobada por cinco votos contra cuatro, a la que consideraron un hito en la lucha por frenar el recalentamiento planetario.
El veredicto rechaza los alegatos del gobierno de George W. Bush, según los cuales la Ley de Aire Limpio no ubica a los gases de efecto invernadero como parte de los "contaminantes del aire" cuya regulación está incluida entre las facultades de esa agencia.
La mayoría de los científicos de todo el mundo atribuyen la actual fase del recalentamiento del planeta a estos gases, el principal de los cuales es el dióxido de carbono, que se libera, entre otros procesos, de la quema de combustibles fósiles como los derivados del petróleo, el gas y el carbón.
El fallo estableció que la negativa de la EPA a considerar los gases invernadero como contaminantes del aire en el marco de esa ley era "arbitrario, caprichoso o, de otro modo, en desacuerdo con la ley".
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Por lo tanto, la Corte Suprema ordenó a la agencia reconsiderar su decisión de no regular la emisión de dióxido de carbono de los automóviles.
La Corte también rechazó la afirmación del gobierno de que los estados y las organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos carecían de la facultad legal de demandar a la EPA ante tribunales federales, porque no podían demostrar que sufrieron daños tangibles por culpa de la falta de regulación de emisiones de gases invernadero por parte de la agencia.
"La rotunda negativa de la EPA a regular las emisiones presenta un riesgo de daño para Massachusetts, que es tanto 'real' como 'inminente'", escribió el juez John Paul Stevens. En el fallo se mencionaban recientes hallazgos científicos relativos a amenazas a la salud y otros riesgos por la emisión de estos gases.
"El fallo de hoy señala un momento decisivo en la lucha contra el recalentamiento", dijo Carl Pope, director ejecutivo del Sierra Club, una de las tres organizaciones ambientalistas que se unieron a Massachusetts, otros 10 estados, Nueva York y otras tres ciudades para demandar a la EPA.
"El veredicto es un rechazo total a la negativa del gobierno de Bush de usar su autoridad para incumplir el desafío planteado por el calentamiento global", observó Pope.
La decisión de la Corte también "envía una señal clara" a las empresas sobre su obligación de acelerar la transición hacia el uso de fuentes de energía más limpia.
"Hoy es un gran día para el ambiente", dijo Howard Fox, abogado de Earthjustice, otra organización que participó en la demanda. "La EPA debe actuar de inmediato y regular limitaciones a la emisión de gases invernadero desde vehículos contribuyen con el recalentamiento."
La decisión de este lunes se registra en medio de crecientes presiones nacionales e internacionales para que Estados Unidos afronte el desafío del cambio climático.
El 2 de febrero, la principal red mundial de científicos expertos en la materia, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó el último de una serie de cuatro informes desde 1990 sobre las causas y el probable impacto del recalentamiento planetario.
El IPCC, que reúne a 2.500 científicos de todo el mundo, advirtió, con una certeza superior a 90 por ciento, que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero constituyeron la principal causa del recalentamiento del siglo XX.
Según el grupo, lo más probable es que la temperatura promedio del planeta se incremente entre 1,8 y cuatro grados centígrados en el siglo XXI, con resultados potencialmente catastróficos como cambios en los patrones climáticos y aumentos del nivel del mar.
Se prevé que el IPCC presente este viernes el segundo informe sobre las consecuencias en regiones específicas del recalentamiento pronosticado.
Los adelantos de este estudio indican que los países menos preparados, en especial los más pobres y los ubicados en áreas tropicales, sufrirán las peores consecuencias.
Ministros de ambiente de Europa reunidos en Bruselas pidieron este lunes a Estados Unidos y a Australia que firmen y ratifiquen el Protocolo de Kyoto de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Este acuerdo obliga a las naciones más ricas a reducir para 2012 sus emisiones siete por ciento respecto de las de 1990. Estados Unidos retiró su firma del protocolo en 2001, apenas Bush asumió la presidencia, por las consecuencias que su cumplimiento tendría en la economía del país.
Estados Unidos es responsable de casi 25 por ciento de las emisiones mundiales de gases invernadero.
También legisladores del opositor Partido Demócrata, hoy mayoritario en ambas cámaras del Congreso estadounidense, consideran varios proyectos de ley dirigidos a reducir las emisiones.
Esta tendencia política es atribuida al éxito del documental sobre el asunto conducido por el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Al Gore, "An Inconvenient Truth" ("Una verdad inconveniente").
Según un informe divulgado el mes pasado por el propio gobierno, la política ambiental de Bush conducirá a un aumento de las emisiones de 11 por ciento entre 2002 y 2012.