Unas 600 personas se encuentran en los pasillos de la muerte de Nigeria, y el número posiblemente crezca por culpa de un sistema judicial que, según sus críticos, se ha resistido a las reformas desde el fin del régimen militar, en 1999.
Esta trágica situación volvió a ser puesta en el tapete cuando el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la tortura, Manfred Nowak, realizó este mes una visita a Nigeria en la que reconoció "pocos resultados tangibles" de los esfuerzos para reformar el sistema.
Novak mencionó indignado el caso de un hombre que fue sentenciado a muerte hace más de 20 años y desde entonces vive con la tortura psicológica de esperar su ejecución.
El funcionario condenó además a la policía nigeriana por romper la ley con impunidad y extraer confesiones e información de los detenidos a la fuerza. La tortura a sospechosos es "sistemática" y una "rutina" en este país, dijo el relator en una conferencia de prensa al término de su visita, el 10 de este mes.
"Los detenidos reciben palizas. Son colgados del techo por períodos prolongados y golpeados en esa posición para que confiesen o revelen información", indicó. A veces, los policías también les disparan en las piernas.
[related_articles]
Asimismo, señaló que el sistema judicial discrimina a los pobres, que no pueden pagar por su defensa.
Fami Falana, abogado y activista por los derechos humanos de la organización Campaña por la Democracia, dijo a IPS que la situación podría ser aun peor a la descrita por Novak. Su viaje fue oficial, y seguramente le hicieron una "visita guiada", señaló.
Activistas afirman que muchos de los sentenciados a la pena capital serían inocentes e inculpados por investigaciones erradas de la policía. Sólo los que tienen dinero pueden sobornar a las autoridades para recuperar su libertad.
Las últimas ejecuciones que se recuerdan en este país fueron realizadas en noviembre de 1995, cuando Ken Saro Wiwa y otros ocho ambientalistas del pueblo ogoni fueron ahorcados por orden de la dictadura militar de Sani Abacha (1993-1998).
Sin embargo, es posible que se hayan realizado otras ejecuciones en secreto tras el regreso a la administración civil.
Un comité designado por el gobierno para reformar los sistemas judicial y penitenciario presentó su primer informe en 2005, en el que recomendó la liberación de aquellos que han esperado su ejecución por más de 10 años, así como la rápida implementación de la pena máxima para el resto, según una copia a la que accedió Campaña por la Democracia.
El informe también criticó a funcionarios de todos los niveles relacionados con la aplicación de la pena capital. Los estudios de las apelaciones eran postergados por los jueces, las autoridades no firmaban las órdenes de ejecución y los gobernadores estaduales no ejercían su poder de gracia.
Pero el gobierno no aceptó las recomendaciones del comité y pidió que ampliara su estudio. Campaña por la Democracia también criticó la sugerencia del informe de que se aceleraran las ejecuciones
John Uziegbe, funcionario del Consorcio de Recursos Legales, en la sudoccidental ciudad de Lagos, cree que la forma en que opera el sistema judicial nigeriano demuestra que los gobernadores tácitamente aplican una moratoria de la pena de muerte.
"La mayoría de los gobernadores no están dispuestos a firmar órdenes de ejecución, no por falta de voluntad política, sino por falta de voluntad de matar. No quieren involucrarse", dijo a IPS.
Uziegbe añadió que los políticos nigerianos saben por experiencia que la pena capital no disuade el delito.
"Incluso bajo el gobierno militar, cuando se realizaban ejecuciones públicas de los delincuentes en distintas localidades, los delitos se seguían cometiendo en lugares cercanos al mismo tiempo", añadió.
Activistas y muchos abogados coinciden en que la pena capital no sirve para combatir la criminalidad.
"Tenemos una creciente tasa de delitos porque nuestro gobierno no ha sido capaz de proveer de lo necesario a sus ciudadanos. Muchos jóvenes sin empleo se ven empujados a la delincuencia para sobrevivir", sostuvo el abogado Lawrence Quakar, del Servicio Legal de Derechos Humanos.
"Si el gobierno hubiera cumplido su deber de satisfacer las necesidades básicas del pueblo para subsistir, no estaríamos discutiendo si la pena de muerte debe ser sacada de la Constitución", añadió, y sostuvo que el regreso a las ejecuciones sólo aumentaría la delincuencia y la violencia en el país, donde el desempleo afecta a 60 por ciento de la población económicamente activa.
Además de hacer campaña contra la pena de muerte, los activistas presionan por mejorar las condiciones de la población carcelaria, estimada en 40.000 reclusos.
Las celdas están superpobladas y varias enfermedades, en especial la tuberculosis, causan la muerte de muchos presos debido a los inadecuados tratamientos médicos, dijo Uziegbe.
"Las condiciones en las cárceles son terribles. Por lo que he visto, las personas que esperan juicio sufren más que las que ya han sido sentenciadas. Son abandonadas en celdas y no reciben ninguna atención, pues no hay dinero para ellas", añadió.
