La amnistía a más de una docena de condenados a muerte en Marruecos, entre otros presos, fue interpretada como una señal de que este país puede llegar a ser el primero del mundo árabe en abolir la pena capital.
El 28 de febrero, la esposa del rey Mohammed VI, la princesa Lalla Salma, dio a luz a la primera hija de la pareja, la princesa Lalla Khadija. Poco después, el ministro de Justicia de Marruecos, Mohamed Bouzouba, apareció en cadena nacional anunciando el mayor perdón real otorgado a casi 9.000 presos, incluidos 14 sentenciados a muerte.
El secretario de Estado leyó un comunicado oficial subrayando que la amnistía incluía a varios condenados a la pena máxima.
La iniciativa fue interpretada en este país como un claro signo de que el monarca es propicio a la abolición. El mensaje real cobró más fuerza por la inusual aparición televisiva del ministro luciendo atuendos tradicionales.
Pero la decisión final sobre el asunto está en manos del parlamento, aunque el rey, quien nombra a su primer ministro y a otros secretarios clave, tendría que dar su aprobación a un cambio de esta trascendencia en el sistema legal y constitucional vigente.
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El presidente del estatal Comité Consultivo sobre Derechos Humanos, Driss Benzekri, confirmó en el Tercer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, realizado a principios de febrero en París, que existía un consenso general entre los parlamentarios marroquíes para abolir la máxima pena.
La prensa marroquí especuló sobre la posibilidad de que la actual sesión parlamentaria, que termina en junio, se expida sobre el asunto.
Ya fue presentado un proyecto, y el rey creó una comisión especial para analizar los aspectos legales de la abolición..
Marruecos dispuso una moratoria sobre las ejecuciones en 1993, y es una de las 20 naciones africanas que hace 10 años no hacen efectiva esa pena.
Desde que este país se independizó de Francia en 1956, unas 500 personas habrían sido ejecutadas por sentencia judicial o en forma ilegal por la fuerza pública. Antes de esta amnistía, activistas por los derechos humanos calculaban que había unas 131 personas esperando su ejecución.
Los detractores de ese castigo extremo en todo el mundo esperan que la derogación en Marruecos constituya un ejemplo para los demás países de África del norte y Medio Oriente.
Ninguna de las 22 naciones de esas regiones la abolieron. De hecho, Arabia Saudita e Irán ejecutan a más de 100 personas al año.
El continuo avance de Marruecos por el camino de la abolición recibió un importante empujón con el informe final del Comité de Equidad y Reconciliación en 2005.
Ese documento recomendó la abolición para fortalecer las reformas políticas y judiciales realizadas desde que Mohammed VI accedió al trono en 1999.
El Comité, presidido entonces por Driss Benzekri, cercano colaborador del monarca, investigó graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde la independencia hasta 1999. Algunas sesiones fueron transmitidas por la televisión nacional, un hecho inusual para este país.
La televisión marroquí desempeñó un papel muy importante en la discusión pública sobre este asunto. La Coalición Nacional contra la Pena de Muerte organizó un debate al respecto en Rabat, que también fue televisado para todo el territorio. Luego difundió un documental acerca del tema.
Nunca se produjo nada similar en un país árabe, destacó un delegado participante en el congreso de París.
"Después de ver el programa cambié de opinión", dijo a IPS Keltoume Arrouf, asistente de un abogado. Las imágenes de la ejecución del ex presidente iraquí Saddam Hussein (1979-2003) la transformaron en una abolicionista incondicional.
"Saddam Hussein fue ejecutado el (30 de diciembre,) día de (la festividad musulmana de) Eid Al-Adha. Fue una escena terrible que sigo viendo en mis pesadillas", señaló.
Pero no todos cambiaron de opinión. Algunos aún encuentran en el Corán y en otros libros sagrados del Islam argumentos a favor de la pena capital. Y, en el ámbito legal, también muchos profesionales rechazan la abolición.
"Los abolicionistas tienen un enfoque errado del derecho a la vida", dijo a IPS el abogado Mohamed Chemssy. "No puede aplicarse a una persona que precisamente privó a otra de ese derecho. Los que están a favor de la derogación no pueden considerar sólo al delincuente, también tienen que tener en cuenta a las familias de las víctimas".
"La pena de muerte no puede estar atada a democracia, dictadura, Islam o cualquier otra religión. Está vinculada a la justicia. No necesitamos abolirla, debemos garantizar juicios justos para todos y un sistema judicial que dicte sentencias justas independientemente del castigo", añadió.
Pero para Ahmed Kouza, doctor y activista de la organización Amnistía Internacional, "la abolición mejorará la imagen del país y ayudará a reforzar el respeto por los derechos humanos, donde la vida está primero. Las condenas a muerte y las ejecuciones nunca evitaron ningún delito", dijo a IPS.
Los errores judiciales no pueden ser descartados. El énfasis debe ponerse en rehabilitar a los delincuentes para reinsertarlos en la sociedad. "Como musulmanes creemos que sólo Dios otorga vida y muerte", añadió.
Mientras el debate prosigue y restan unos pocos meses para la abolición, los jueces siguen dictando condenas a muerte. Un tribunal de Rabat dictó esa sentencia en febrero contra el marroquí Karim Zimach por asesinar a un diplomático italiano y su esposa belga.
Eso no quiere decir que Marruecos reconsidere el asunto, indicó Chemssy, y aseguró que "la pena de muerte será derogada porque es una necesidad política del país".
