Una accidentada ejecución por inyección letal en el sudoriental estado estadounidense de Florida desató una polémica sobre esta forma de implementar la pena capital.
Al recluso Ángel Nieves Díaz, de 55 años, le llevó 34 minutos morir, el doble de lo habitual en una ejecución de esta clase. La mezcla mortal de sustancias inyectadas en su brazo izquierdo no ingresó correctamente en la vena y se expandió por su carne.
El error hizo que el entonces gobernador de Florida, John Ellis "Jeb" Bush —hermano del presidente George W. Bush—, anunciara una moratoria en las ejecuciones, mientras una comisión especial investigaba el caso Díaz, ocurrido el 13 de diciembre.
La comisión, de 11 miembros, tres de ellos médicos, presentó su informe el 1 de este mes al nuevo gobernador, Charlie Crist, en el que concluyó que no podía determinar si Díaz experimentó dolor durante su ejecución. No obstante, recomendó investigar si el cóctel letal de tres productos químicos usado en Florida debería ser reemplazado.
Al día siguiente de divulgado del informe, Crist anunció que encomendaría al secretario del Departamento de Correccionales de Florida, James McDonough, estudiar las formas en que se aplica la inyección letal en los 37 estados del país, y recomendar una de ellas.
[related_articles]
Pero es probable que ni el informe ni la rápida respuesta del gobernador frenen al movimiento abolicionista que lentamente se está formando en Estados Unidos y que creció desde la ejecución de Díaz.
Un relevamiento de tres estados realizado por IPS mostró que, tras el caso Díaz, hubo un aumento del interés público en las organizaciones contrarias a la pena capital.
"Durante demasiado tiempo, las ejecuciones estuvieron fuera de la vista del público", sostuvo Mark Elliott, de Floridenses por Alternativas a la Pena de Muerte. Elliott confirmó que su organización recibe ahora más llamados y correos electrónicos.
En Virginia (noreste), estado tradicionalmente simpatizante con el gobernante y conservador Partido Republicano, se produjo un "incremento gradual" de las consultas públicas a la organización Virginianos por Alternativas a la Pena de Muerte.
El presidente de ese grupo civil, Jack Dryden-Travers, dijo que la ejecución de Díaz estaba haciendo que los habitantes del estado sintieran cada vez más repulsión por la pena capital.
Mientras, en California (oeste), tradicionalmente liberal y simpatizante con el opositor Partido Demócrata, también aumentó el rechazo a la pena máxima.
El director ejecutivo Enfoque en la Pena de Muerte, Lance Lindsey, dijo que su organización estaba recibiendo muchas consultas a causa de la ejecución de Díaz y que, entre los californianos, "el apoyo general a la pena de muerte continúa decayendo".
Lindsey agregó que actualmente su estado examina los procedimientos de la "inyección letal" y también la formación médica de los verdugos.
El asunto de la competencia y capacitación de quienes ejecutan a los reos quedó expuesto de modo dramático durante el interrogatorio de la comisión de Florida al verdugo de Díaz. Sin ser visto y hablando por teléfono con voz camuflada, admitió que no tenía "ni formación médica ni títulos".
La presidenta de la organización Anesthesia Awareness, Carol Weihrer, también estuvo presente cuando el verdugo dio su testimonio. "Yo lo oí. Testificó que no sabía quién mezcló las sustancias químicas, o si la persona que lo hizo tenía alguna formación médica", dijo a IPS.
En 1998, Weihrer fue sometida a una operación para la extirpación de un ojo. Ella contó a la comisión que en esa intervención quirúrgica le fue administrado un anestésico que contenía un derivado de uno de los tres productos químicos usados en el cóctel mortal recibido por Díaz.
El anestésico no surtió pleno efecto, y ella sintió dolor cuando le realizaban la extirpación, relató a la comisión.
El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, confirmó a IPS que en otros estados era común que las inyecciones letales fueran administradas por funcionarios de las prisiones y no por médicos.
"Los médicos no quieren participar porque eso va en contra de su juramento hipocrático", explicó, agregando que ahora hay "11 estados que tienen controles sobre las inyecciones letales".
La Asociación Médica Estadounidense tiene una norma clara que "prohíbe estrictamente" a los profesionales participar en ejecuciones.
El julio, esa organización hizo circular ampliamente sus pautas. A ningún practicante de la medicina se le permite recetar fármacos para una ejecución, administrarlos o participar de ninguna manera en la implementación de la pena capital. También se les prohíbe certificar la muerte de una persona ejecutada.
Los médicos están bajo juramento para proteger vidas, y cualquier forma de participación en ejecuciones "erosiona la confianza pública en la profesión", explicó el presidente de la Asociación, William G. Plested III.
La comisión de Florida exigió una mejor capacitación para los verdugos, así como instrucciones más claras sobre procedimientos de ejecución.
También formuló otras recomendaciones, una de ellas propuesta por el senador estadual Victor Crist, ferviente defensor de la pena de muerte.
Crist dijo a periodistas que estaba considerando pedir a los legisladores del estado que permitan registrar en audio todas las ejecuciones.
